Argentina procesa a uruguayo por trata sexual de menor llevada desde Paysandú; investigan si hay más víctimas

La Justicia argentina procesó con prisión preventiva al uruguayo Claudio Andrés Barrere Molinari, de 37 años, por trasladar de forma clandestina a la adolescente de 15 años Camila Rodríguez desde Paysandú hasta la provincia de Buenos Aires a mediados de octubre.

El Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Hernán Viri, lo procesó por trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por el engaño, el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima y su minoría de edad.

También fue procesado por abuso sexual simple, tráfico de una migrante menor de 18 años y facilitación de su permanencia irregular en Argentina. Además, el juez dispuso un embargo de cinco millones de pesos argentinos sobre sus bienes.

En tanto, la Fiscalía uruguaya aguarda por la extradición de Barrere Molinari que ya fue solicitada. Además, fuentes de la investigación dijeron a El País, que indagan la posible existencia de más delitos, víctimas y terceros posibles implicados.

Además se investigan las circunstancias en las que se produjo el cruce del puente internacional San Martín, sin ningún tipo de registro de migraciones, y la eventual participación o responsabilidad penal por omisión de terceras personas que pudieran haber facilitado ese traslado.

La investigación comenzó el 16 de octubre, cuando la adolescente desapareció de su casa en Paysandú. Las autoridades uruguayas determinaron que la menor había salido de su domicilio durante la mañana y que Barrere Molinari, uruguayo residente en Argentina, había cruzado la frontera ese mismo día.

Las cámaras de seguridad permitieron establecer que la adolescente había ingresado a territorio argentino a pie por el paso fronterizo Paysandú-Colón y posteriormente había subido al vehículo del hombre.

De acuerdo la investigación, Barrere Molinari había mantenido una relación con la hermana mayor de la adolescente y frecuentaba la vivienda familiar.

Según supo El País, el fallo de la Justicia argentina determinó que el hombre procesado conocía los problemas personales que atravesaba la menor, quien había sufrido abusos sexuales durante su infancia, situaciones de acoso escolar y conflictos familiares que la llevaron a abandonar sus estudios.

El hombre aprovechó esa situación para establecer un vínculo de confianza mediante conversaciones telefónicas y mensajes, en los que le ofreció trasladarla a Argentina para alejarla de sus problemas y comenzar una nueva vida.

Una semana antes de la desaparición, Barrere Molinari había visitado la vivienda familiar y mantenido un acercamiento físico con la adolescente. Su padre los descubrió abrazados y expulsó al hombre de la casa. A partir de entonces, ambos continuaron comunicándose por teléfono. Entre el 12 y el 15 de octubre, el imputado le propuso trasladarse a Buenos Aires, le aseguró que podía proporcionarle alojamiento y le explicó cómo abandonar su hogar sin ser localizada.

El 16 de octubre, alrededor de las 8:00, Barrere Molinari esperó a la adolescente en una camioneta Peugeot Partner estacionada a unas tres cuadras de su domicilio. Ambos se dirigieron hacia el puente internacional General Artigas, donde el hombre le indicó que descendiera del vehículo y cruzara caminando hacia la zona del free shop, sin realizar los trámites migratorios.

También le explicó qué debía responder si las autoridades le preguntaban hacia dónde se dirigía. Una vez en territorio argentino, la menor volvió a subir a la camioneta.

Durante el trayecto, Barrere Molinari arrojó el teléfono celular de la adolescente al río Uruguay para impedir que su familia pudiera localizarla mediante la geolocalización del dispositivo. Posteriormente la trasladó hasta una quinta ubicada en el barrio Los Pioneros, en la localidad bonaerense de Campana, donde permanecieron durante los dos días siguientes.

De acuerdo a la reconstrucción de hechos que hizo la Justicia argentina, durante el traslado el hombre le realizó tocamientos de carácter sexual a la menor de edad, pese a su negativa. Una vez en la vivienda, intentó mantener relaciones sexuales con ella, a lo que la menor también se negó. Como consecuencia de ello, sufrió lesiones en el cuello. La adolescente manifestó que no quería permanecer en ese lugar y explicó que no tenía llaves de la vivienda. Durante su estadía, solamente salieron una vez para realizar una compra.

El 18 de octubre, efectivos de la Policía Federal Argentina allanaron la quinta y encontraron a Barrere Molinari junto a la adolescente.

El hombre fue detenido y los investigadores incautaron dispositivos electrónicos, documentación y la camioneta utilizada para el traslado. La menor fue asistida por profesionales, quienes constataron su estado de angustia y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba. Posteriormente fue trasladada a un centro de protección y el 22 de octubre se autorizó su regreso a Uruguay, bajo el cuidado del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay.

La investigación también permitió establecer que Barrere Molinari había intentado anteriormente trasladar a la hermana mayor de la víctima a Argentina para que ejerciera actividades sexuales remuneradas. Para ello, le ofreció alojamiento en la quinta de la localidad de Campana, y encargarse de la gestión de los servicios sexuales.

Ella misma declaró ante la Justicia que ejercía la prostitución en Mercedes y Trinidad para Barrere Molinari. Según su relato, el procesado participaba en la organización de esa actividad y obtenía beneficios económicos. Concretamente, administraba los contactos con clientes, coordinaba encuentros en moteles, gestionaba la venta de contenido sexual y se quedaba con una parte del dinero que ella cobraba.

Según supo El País, las pericias realizadas sobre los dispositivos electrónicos incautados revelaron búsquedas en páginas de servicios sexuales, conversaciones sobre tarifas, clientes y encuentros, así como intercambios vinculados con el traslado de mujeres a Argentina.

Esas pruebas, sumadas al relato de la hermana mayor, fueron indicios suficientes para que el juez Hernán Viri, considerara que el hombre trasladó a la menor con fines de explotación sexual, aunque no se comprobó que ese delito llegara a consumarse.

La desaparición de Camila Rodríguez, motivo que por primera vez en Uruguay se emitiera una Alerta Amber.

Este mecansimo, es un sistema de búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos, que se activa cuando existen indicios de que su ausencia está vinculada a un delito o hecho violento que pone en riesgo su integridad.

Para su aplicación se requiere una evaluación de riesgo, el consentimiento de un familiar habilitado y autorización judicial. Una vez activada, el Ministerio del Interior difunde la fotografía y los datos del menor a través de medios de comunicación, redes sociales, cartelería pública y pasos fronterizos, entre otros canales.