INVESTIGACIÓN POR ABUSO SEXUAL

La única mujer imputada por “Operación Océano”, la mayor investigación de la historia judicial sobre explotación sexual de adolescentes, solicitó ayer a la Justicia ser sobreseída.

El abogado defensor de la mujer, Juan Manuel González Rossi, pidió una audiencia en la que argumentó que, a su criterio, no existen elementos en la investigación para que la mujer continúe formalizada. Por eso pidió que la mujer sea sobreseída. Sobre la imputada pesa la medida cautelar de suspensión de la patria potestad, ya que fue imputada por el delito de contribución a explotación de menores y proxenetismo.

La fiscal Darviña Viera, a cargo de la investigación, se opuso al pedido de la defensa y la Justicia culminó desestimando la misma ayer. Esta decisión, en tanto, fue apelada por el abogado González Rossi.

La mujer había sido detenida a principios de junio y luego formalizada. Tanto a ella como a su pareja, la Fiscalía los imputó por entender que le ofrecieron a una de las víctimas un apartamento para prostituirse.

Según explicó el abogado de la imputada a El País, la víctima declaró en Fiscalía que no conocía a la mujer y que el que se había contactado con ella para ofrecer el inmueble había sido el hombre. La mujer y su pareja compartían un grupo de WhatsApp con mujeres. En ese grupo las mujeres y los propietarios agendaban un horario para que fueran al departamento. González Rossi sostuvo que lo que hubo por parte del hombre fue un “ofrecimiento” a una de las víctimas de Operación Océano para que utilizaran ese departamento, pero que nunca llegó a concretarse. La mujer, agregó, fue formalizada por ser parte de ese grupo. Por eso la Fiscalía le imputó el delito de contribución y de proxenetismo.

“El juez dice que todavía no tiene pruebas para disponer el sobresemiento porque la declaración de la víctima se dio en Fiscalía”, sostuvo el abogado. Fuentes cercanas a la investigación indicaron a El País que la fiscal Viera se opuso al sobreseimiento ya que entiende que se está en una etapa de investigación.

El pasado 23 de noviembre se llevó a cabo otra instancia judicial en la cual participaron la fiscal y ocho abogados defensores. En esa instancia los defensores solicitaron tener acceso a los celulares, a las redes sociales y a las páginas web usadas por las víctimas.

La jueza Adriana de los Santos hizo lugar al pedido y la Fiscalía apeló. La defensa solicitó, además, tener acceso a la información de las cuentas bancarias de las víctimas. La magistrada no hizo lugar y los abogados apelaron.