La Justicia dictaminó las primeras condenas y medidas cautelares tras el importante operativo policial que incluyó 16 allanamientos simultáneos en los departamentos de Montevideo y Canelones.
La investigación, que puso el foco en redes de tráfico interno de armas y comercialización de estupefacientes, culminó con la detención de al menos diez personas y la incautación de material bélico y sustancias ilícitas en diversos puntos estratégicos de la zona metropolitana.
Los procedimientos, coordinados por las jefaturas locales y fiscalía, arrojaron luz sobre una estructura dedicada al suministro de estupefacientes y la circulación ilegal de armamento.
Según supo El País, uno de los puntos más relevantes del dictamen judicial fue la condena de un individuo a tres años de prisión efectiva por un delito de receptación, tras ser hallado en posesión de un chaleco de uso exclusivo policial, elemento que agrava la peligrosidad de la organización desarticulada. Este individuo es el único de los involucrados que contaba con antecedentes penales.
Detalle de las condenas y penas impuestas
El proceso judicial resultó en sentencias variadas según la gravedad y participación en los hechos. Un hombre fue condenado a dos años y cuatro meses de penitenciaría por el delito continuado de suministro de estupefacientes, en concurso con tráfico interno de armas de fuego y municiones.
Asimismo, se dispuso la prisión preventiva para otro implicado por el delito de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, quien no accedió al proceso abreviado y aguardará el juicio bajo reclusión.
Libertad a prueba y trabajo comunitario
Para el resto de los involucrados, la Justicia determinó penas que combinan la vigilancia con el servicio a la comunidad. Dos individuos recibieron condenas de ocho meses de libertad a prueba por tráfico interno de armas, debiendo cumplir cuatro horas semanales de trabajo comunitario.
En un caso similar, un hombre fue penado con 12 meses de libertad vigilada por tráfico de armas y tenencia de armas con signos de identificación suprimidos, sumando también la obligación de realizar tareas comunitarias por un período de seis meses.
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