INVESTIGACIÓN

En un hecho inusual en casos de violencia de género y explotación sexual de menores, la fiscal Darviña Viera pidió la conducción desde Punta del Este de una víctima de la Operación Océano para que declare contra uno de los imputados conocido como “el Paraguayo”. La Justicia rechazó el pedido de la Fiscalía.

El jueves 6, la fiscal Viera presentó un escrito a la jueza de garantías, Beatriz Larrieu, solicitando la detención de una de las víctimas del caso.

Argumentó que la víctima fue citada a declarar en reiteradas oportunidades y no ha comparecido, por lo que ameritaba solicitar a la Justicia su conducción, la que incluso podría ser compulsiva. Es decir, que la víctima fuera detenida y trasladada por la Policía por la fuerza.

La Fiscalía también pidió a la Justicia que la solicitud de conducción de la víctima fuera reservada para los abogados defensores de los imputados hasta que esta se concretara, el lunes 10. Posteriormente a su detención por efectivos de Delitos Especiales de Interpol, la víctima debía ser trasladada a la sede de la Fiscalía, ubicada en la calle Uruguay 1225.

Viera basó su pedido en el artículo 261 del Código del Proceso Penal, que refiere a personas citadas por el fiscal. Dicho artículo señala: “Si en el desarrollo de la investigación el fiscal requiere la comparecencia de una persona, podrá citarla por cualquier medio idóneo. Si el citado no comparece, el fiscal podrá solicitar al juez que le ordene comparecer y aún que disponga su conducción compulsiva si fuera necesario”.

Tras recibir el escrito de la fiscal, Larrieu lo trasladó a la abogada Soledad Suárez, integrante del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho -a cargo del abogado Juan Raúl Williman-, que defiende a las víctimas en el caso.

Suárez respondió señalando que el consultorio no patrocina a la joven citada a declarar por la Fiscalía. Y agregó que al no ser su patrocinante ni representante, el consultorio no podía opinar sobre el pedido de detención solicitado por Viera.

La jueza Larrieu sostuvo que la investigación sobre la Operación Océano se enmarca dentro de la Ley de Género y recordó que, en caso de que existieran controversias entre los operadores judiciales, prima la interpretación más favorable a las víctimas.

En su fallo negativo señaló que la fiscal Viera se presentó en el juzgado e informó que la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación se había comunicado con la víctima. Esta manifestó que tenía miedo a represalias de personas vinculadas al imputado si declaraba en la Justicia penal.

Ante esa negativa, la Fiscalía solicitó a la jueza la prórroga sin fecha de la declaración de la víctima en el juzgado.

De todas formas, señaló Larrieu, la damnificada ya había realizado una declaración sobre los hechos en la Fiscalía.

En su fallo, Larrieu no ahorra críticas al pedido de detención de la víctima presentada por la Fiscalía.

“Entiende esta jueza que la solicitud (de la fiscal), más allá de ser contraria a las normas y principios básicos sobre el tratamiento de personas damnificadas en el proceso judicial, es contradictoria con lo que ha venido sosteniendo la propia fiscalía actuante desde el inicio de esta causa en relación a las víctimas de delitos de género y delitos sexuales”, afirma.

Según Larrieu, la participación de una víctima en el proceso penal debe ser voluntaria y “no es posible” imponerle la obligación de declarar ni disponer su conducción por la Policía como pretendió la fiscal.

Santiago Alonso, abogado defensor de “el Paraguayo”, dijo a El País que su defendido ha sido constantemente sometido al escarnio público.

Agregó que le sorprendió la solicitud de la Fiscalía, que junto a los abogados de la víctima “se han rasgado las vestiduras” manifestando que su premisa siempre fue la de preservar la salud psíquica y la vulnerabilidad de las víctimas.

Según Alonso, con su pedido de conducción de una víctima a efectos de tomarle declaración, la Fiscalía deja de lado su relato respecto al acceso libre y voluntario al sistema de Justicia por parte de la misma, para recibir su declaración por la fuerza.

“Sinceramente es un hecho sin precedente que desconcierta a las defensas. La Fiscalía pretende desconocer el reconocimiento de la autonomía progresiva de la voluntad de la mujer, priorizando ‘su caso’ por encima de los derechos de esta”, dijo Alonso. Luego criticó al Consultorio de Derecho de la Universidad de la República por no defender a la víctima como es su finalidad.

Al penalista Alberto Rojas también le sorprendió la solicitud de conducción de una víctima por parte de la fiscal.

“Primero, porque no corresponde para ninguna víctima pero mucho menos para una afectada por delitos sexuales, donde uno de los pilares es evitar su revictimización”, afirmó Rojas. Y recordó: “Para la Fiscalía es revictimizar que la defensa pida información sobre las redes sociales de la víctima. Pero, ¿no es revictimización mandar a la Policía a su casa y llevarla detenida a la Fiscalía? Es algo inexplicable”.

En la misma línea que Rojas, el abogado Pablo Casas también remarcó las contradicciones en el accionar de la Fiscalía. “Hay cosas que no se comprenden (en este caso). Fue muy atinada la decisión de la juez”, expresó.

Eduardo Sasson, defensor de uno de los imputados y vicepresidente de la Asociación de Penalistas del Uruguay, sostuvo que “tal es el afán de la Fiscalía por castigar, que no solo quebranta completamente el principio de objetividad, sino que está dispuesta a llevar detenida a una víctima cuando la misma no tiene ningún tipo de interés en acompañar la postura de la fiscal”. Esto, a su juicio, “genera una inmensa preocupación en términos del mantenimiento de la objetividad que necesariamente debe regir en una investigación”, afirmó Sasson.

Williman, titular del consultorio jurídico, dijo que en un juicio la joven tiene un doble rol: es alguien perjudicado y un testigo del delito.

Ante las críticas de defensores de los imputados de que no defendió a la víctima, Williman aclaró que la participación de esta en el juicio es voluntaria y, por ende, también lo es su defensa por parte del consultorio de la facultad. Y explicó: “Cuando ella no quiso que siguiéramos representándola, cesamos el patrocinio”.