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Operación Océano: abogados piden nulidad de 14 fallos de la Justicia

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La investigación periodística aporta declaraciones de víctimas ante la fiscal Giuliana Realini, adscripta de Darviña Viera. Foto: Leonardo Mainé

JUSTICIA

Los abogados afirman que las pruebas que generaron esas sentencias no se encuentran en la carpeta de la Fiscalía o no fueron entregadas a las defensas.

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Los abogados de 25 de los 33 imputados por la Operación Océano presentaron ayer ante la Justicia un recurso de nulidad contra 14 fallos por entender que las pruebas que generaron esas sentencias no se encuentran en la carpeta de la Fiscalía o no fueron entregadas a las defensas.

Al igual que otros dos recursos de nulidad del caso presentados el viernes 12, los abogados reclamantes consideran que hubo vicios de forma y de fondo e irregularidades en la investigación sobre la Operación Océano. “Existió ocultamiento de evidencias (utilizadas contra los imputados) y la vulneración de la integridad del legajo de la Fiscalía”, agrega el documento.

Si bien comparecen varios de los defensores, fuentes de El País informaron que este tercer escrito fue confeccionado por los abogados Pablo Donnangelo, Jorge Pereira Schurmann, Andrés Añasco, Eduardo Sasson, Gastón Chaves y Gustavo Bordes, todos ellos vinculados con la academia.

Reclamo.

El 23 de febrero pasado se realizó en el Palacio de los Tribunales una audiencia donde se trataron los cuestionamientos de las defensas a la Fiscalía por las dificultades que tenían para acceder al expediente del caso.

En la audiencia, un experto en informática de la Policía dijo que en los discos duros de los defensores solo había información de uno de los dos celulares de la víctima. La jueza Beatriz Larrieu decidió suspender la audiencia.

Los abogados defensores, en su escrito, señalaron que en la audiencia se constataron “graves irregularidades” respecto del manejo de la carpeta investigativa y en especial del contenido de los celulares que fueron incautados a las presuntas víctimas.

Consultado sobre cuáles eran esas anomalías, el abogado y vicepresidente de la Asociación de Penalistas del Uruguay, Sasson, explicó a El País que el fundamento del recurso de nulidad radica en que, hasta el momento, ni las defensas ni tampoco la jueza Larrieu tienen certeza alguna sobre si las pruebas invocadas por la Fiscalía para solicitar los procesamientos de los 25 imputados hoy están en el expediente, no existieron nunca, o fueron borradas en función de la ruptura de la cadena de custodia de la evidencia digital.

En ese sentido, la propia jueza Larrieu reconoció en la audiencia que un audio y una foto utilizados para fundamentar los procesamientos de dos imputados por la Operación Océano ahora no están en el disco entregado a su defensa.

Siguiendo esa línea, Sasson advirtió que un experto en informática le trasmitió que esos archivos estuvieron casi un año guardados y que, en ese lapso de tiempo, no hay garantías de que hayan sido alterados o eliminados.

Faltan chats.

En la misma línea, el penalista, Pablo Donnangelo, dijo a El País que, del análisis de las pruebas que pudieron acceder los defensores, se advierte que al menos uno de los celulares de la principal víctima fue incautado a fines de noviembre 2019 por la Unidad de Violencia Doméstica y Género y recién se realizó la extracción de su contenido con copia de seguridad 10 meses después.

Hombre usando el celular. Foto: Shutterstock
Hombre usando el celular. Foto: Shutterstock

Donnangelo insistió en que, durante esa ventana de tiempo, los audios, chats e imágenes que contenía ese celular pudieron haber sido alterados sin dejar rastro alguno. “Lo mismo cabe decir con los celulares de nuestros clientes que fueron incautados y respecto de ellos no se realizó ninguna operación informática que proteja la información que de ellos podría extraerse, no siendo posible que al día de hoy esos celulares continúen conteniendo la misma información que al momento de su incautación”, expresó el penalista.

Además, recordó que la Fiscalía también afirmó en las audiencias de formalización de la investigación que tenía información proveniente del análisis de las redes sociales utilizadas por las presuntas víctimas. Sin embargo, expresó Donnangelo, al parecer dicho análisis no existe o no surge de la carpeta de investigación de la Fiscalía, lo cual constituye un “grave apartamiento” de la fiscal de sus obligaciones legales en cuanto a dirigir la investigación con objetividad.

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