Partida de $ 131.000 divide al directorio de la Caja de Profesionales y el gobierno tiene la última palabra

La decisión adoptada por el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) de aprobar una partida de $ 131.520 sorprendió al gobierno y a propias autoridades del organismo, generando una división a la interna.

A partir de un planteo realizado por Robert Long, director suplente electo por los afiliados jubilados, la votación dividida de la mesa directiva generó revuelo político, en el marco de la delicada situación económico-financiera de la institución, que debió ser asistida —y lo será por dos años más— con fondos de Rentas Generales para cumplir con sus obligaciones con los pasivos.

Frente a la decisión, que no fue apoyada por el actual presidente de la CJPPU, Daniel Alza, ni la vicepresidenta, Virginia Romero, tanto legisladores del oficialismo como de la oposición criticaron la medida por incumplir con la ley de la reforma de la seguridad social: el artículo 289 establece de forma explícita que el desempeño de los cargos de los integrantes del directorio debe ser honorario.

“Es impresentable e indefendible. No hay justificación. Trabajamos gran parte del año pasado en una reforma de la Caja de Profesionales por la situación crítica en la que estaba, con una situación deficitaria como la que se encontraba que voten estas cosas es impresentable”, opinó la diputada del Movimiento de Participación Popular Julieta Sierra al ser consultada en Canal 4.

En la misma línea, se expresó su par Sebastián Valdomir. El legislador reclamó coherencia con lo resuelto hace unos meses atrás para restaurar la viabilidad de la paraestatal. “La situación de la Caja no habilita ningún tipo de pago a quienes vayan a integrar el directorio”, agregó.

En el caso de la oposición, apuntaron contra los dos delegados del organismo en representación del Poder Ejecutivo que votaron a favor de implementar la partida una vez que asuma el nuevo directorio, que será presidido por Fernando Rodríguez Sanguinetti, uno de los principales defensores de la iniciativa.

El diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez, el blanco Pablo Abdala y el senador Pedro Bordaberry fueron los más duros al cuestionar la decisión y reclamaron que los dos directores que representan al gobierno, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez, sean removidos. También lo hizo el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, entre otros dirigentes políticos.

Según supo El País, en el Poder Ejecutivo se analizó este lunes no solo anular la decisión, sino también la probable destitución de Sanguinetti y Rodríguez, pese a que en pocos días al cambiar la directiva se podría nombrar nuevos delegados en representación del gobierno en la institución.

De parte de los directores que votaron en contra y que rechazan que se cobre una partida, se invocó el artículo 8 de la ley 17.738 para que la resolución sea elevada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dejando de esta forma en suspenso la decisión impugnada y teniendo la última palabra el Poder Ejecutivo.

Blauco Rodríguez, también director de la institución, planteará el próximo jueves cuando haya una nueva sesión (no estuvo presente durante la instancia del pasado 15 de enero) que se reconsidere la votación en línea con lo actuado por Romero y Alza.

Por lo pronto, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, declaró a El Observador que “no estaba al tanto” de la votación del directorio, que lo sorprendió y que su posición era contraria a la resolución. Adelantó, en esta línea, que se estaba revisando la forma de dar marcha atrás la disposición. La posición de Juan Castillo, en tanto, no era tan tajante. Sin embargo, desde el gobierno no ha habido más declaraciones sobre el tema.

En este escenario, las posturas a la interna de la directiva, que quedaron divididas cuatro contra tres, provocaron una división entre los que consideran la medida ilegal (Jurídica de la institución advirtió sobre "indicio claro de ilegalidad") y los que defienden que los que asuman cobren la partida.

Algunas de los directores en contra reafirman lo planteado por la oposición que los dos delegados del Poder Ejecutivo deberían ser removidos inmediatamente tras haber votado afirmativamente.

Por su parte, según supo El País, la decisión del Poder Ejecutivo —que va en la misma línea— será comunicada este martes luego de que se informe al presidente de la República, Yamandú Orsi. La resolución final, que fue analizada por Economía y Trabajo este lunes, será presentada al primer mandatario y confirmada hoy.

Tras la polémica, Fernando Rodríguez Sanguinetti difundió una carta dirigida a los profesionales universitarios para defender su apoyo a la propuesta.

En el documento, al que accedió El País, el arquitecto indicó que lo votado se trata de una “partida indemnizatoria para los directores de la próxima gestión” (actualmente perciben salario) y lo comparó con las que reciben los ediles departamentales.

“La partida votada por el Directorio no es un salario por el trabajo realizado, sino una compensación por lo que dejan de percibir en su actividad privada, similar a las compensaciones que reciben los ediles para el cumplimiento de su función”, argumentó.

Sobre la legalidad, ampliamente cuestionada por otros integrantes del directorio y por legisladores, Rodríguez Sanguinetti justificó que no se trata de un salario, “sino de una partida destinada a compensar los gastos y el lucro cesante derivados de la función”.

“Representa menos del 50% de lo que destina actualmente en promedio la Caja para cada director. La misma se financia con los ahorros que se propone implementar en el Presupuesto anual 2026 en el próximo directorio, luego del rediseño institucional, por lo que la partida indemnizatoria propuesta no lo incrementa. Es absolutamente legal y no viola la ley. Es además optativa, de percepción voluntaria. Los cargos siguen siendo honorarios, por lo tanto no hay ninguna ilegalidad”, añadió.

El directivo también hizo referencia a sus compañeros de directiva que no acompañaron la medida y adelantó que impulsará una auditoría.

“Rechazamos la campaña negativa y acusatoria de prensa orquestada desde quienes estuvieron en contra de la propuesta, tergiversando la realidad en función de declararse ellos como salvadores cuando han sido históricamente los que fundieron la Caja, los que apoyaron y promovieron ambas leyes exprés y el proyecto original que presentó el Poder Ejecutivo actual para incluir nuevas cargas a los activos, cincuentones y jubilados. Vamos a proponer auditar la gestión de los directores salientes, de quienes manejaron al Caja a su antojo, con muy poca transparencia en información para los otros directores”, apuntó Rodríguez Sanguinetti contra los tres directores que se manifestaron en contra.

En julio de 2025, el Parlamento votó un salvataje económico para la caja paraestatal que estableció una suba de aportes para los pasivos (con una contribución pecunaria por franjas que van del 0% al 5%) y una suba de la tasa para los activos de dos puntos porcentuales a partir de este año, un punto más en 2027 y otro en 2028 hasta llegar de forma progresiva al 22,5% del sueldo ficto establecido en las 15 categorías. Actualmente, la Caja de Profesionales cuenta con 63.000 profesionales activos aportantes, mientras que paga jubilaciones a unos 15.000 y pensiones a 5.000. En total, 20.000 pasivos.