Caja de Profesionales aprobó una partida de $ 131.000 para sus directores pese a que la ley lo prohíbe

Redacción El País
El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) aprobó por mayoría una partida de $ 131.520 (equivalente a 20 Base de Prestaciones y Contribuciones) para sus miembros, lo que está prohibido por ley.

La resolución se aprobó con votación dividida, informó en primera instancia el periodista Marcelo Umpierrez. No la acompañaron el actual presidente de la CJPPU, Daniel Alza, ni la vicepresidenta, Virginia Romero. En cambio, votaron a favor los directores Fernando Rodríguez Sanguinetti (será el próximo presidente) y Odel Abisab —electo por los afiliados jubilados—, así como los dos representantes designados por el Poder Ejecutivo: María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez.

Blauco Rodríguez, también director de la institución, no fue parte de la instancia y va a pedir el próximo jueves cuando haya nueva sesión que se reconsidere la votación y al igual que lo hicieron Alza y Romero que se invoque el artículo 8 de la ley 17.738.

La norma establece que “la Caja será civilmente responsable del daño causado a terceros en el cumplimiento de sus cometidos”. “La Caja podrá repetir lo que hubiere pagado en reparación, contra los integrantes de los órganos de la misma, o sus empleados, que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, y obrando con culpa grave o dolo, causaren daño”, agrega.

En caso de votar negativo, los directores que así lo hacen solicitan a partir de este artículo que la decisión tomada se eleve al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dejando además de esta forma en suspenso la decisión impugnada a la espera de la definición del Ejecutivo que tendrá un plazo de 60 días para expedirse.

Tanto para los directores de la Caja que votaron en contra, como para legisladores consultados por El País, la medida adoptada viola la ley vigente.

Para el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez la disposición votada por los directores es “totalmente ilegal” y reviste mayor gravedad que lo hayan apoyado representantes del Poder Ejecutivo.

En esta línea, el colorado (que ya había planteado en un proyecto de ley en 2021 para establecer el carácter de honorario para los integrantes del directorio) dijo a El País que va a exigir la renuncia de Sanguinetti y de Rodríguez. Recordó que el artículo 289 de la ley 20.130, de la reforma de la seguridad social votada en el pasado gobierno, establece de forma explícita que el desempeño de los cargos de los integrantes del directorio debe ser honorario.

El senador Pedro Bordaberry también se expresó en estos términos. “El artículo 289 de la ley 20.130 establece que los integrantes del directorio de la Caja de Profesionales serán honorarios; el Ministerio de Economía propuso cuando se votó la nueva ley pagar una dieta a lo que nos opusimos y no se aprobó; no pueden cobrar; si es cierto que se votaron una partida y los dos delegados del Ejecutivo no se opusieron deben ser removidos; si no lo hacen el Poder Ejecutivo debe observarlo; de lo contrario haremos valer las responsabilidades”, escribió en X.

A su vez, según supo El País, un informe jurídico de la propia Caja de Profesionales adviertió que no sería ajustado a Derecho fijar ninguna remuneración que contravenga lo dispuesto por la ley. Sugiere, en esta dirección, que solo sería admisible resarcir gastos justificados, siempre y cuando haya una rendición de cuentas previa.

A partir de la consulta formulada una semana atrás, Jurídica de la institución consignó que la asignación periódica de un monto sin rendición de gastos constituye un “indicio claro de ilegalidad”.

La disposición de ser honorarios comenzará a regir a partir de que asuman las nuevas autoridades, luego de que la Corte Electoral haga la proclamación oficial. Se presume que el nuevo directorio asumirá a mediados de febrero.

En julio de 2025, el Parlamento votó un salvataje económico para la caja paraestatal que estableció una suba de aportes para los pasivos (con una contribución pecunaria por franjas que van del 0% al 5%) y una suba de la tasa para los activos de dos puntos porcentuales a partir de este año, un punto más en 2027 y otro en 2028 hasta llegar de forma progresiva al 22,5% del sueldo ficto establecido en las 15 categorías.

Tras el acuerdo parlamentario al que llegaron el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, hubo un importante aumento en las transferencias que desde Rentas Generales se harían en comparación al proyecto original que había presentado el Poder Ejecutivo. Es decir, mayor aporte de la sociedad en su conjunto.

Según se estableció por ley, para sostener el financiamiento de la Caja el Estado iba a aportar $ 1.308 millones en 2025, $ 2.700 millones en 2026 y de manera extraordinaria $ 1.662 millones durante los próximos dos años, hasta 2027.