EXPLOTACIÓN SEXUAL

La jueza de garantías, Beatriz Larrieu, tiene una larga experiencia como magistrada y es respetada en ámbitos judiciales por su idoneidad técnica e imparcialidad.

Antes de ser nombrada jueza de garantías el 8 de enero de este año, Larrieu ocupó cargos de jueza titular en el interior y en Montevideo. Entre 2016 y 2020, fue la titular del Juzgado Especializado en Crimen Organizado donde analizó delitos complejos.

Como jueza, Larrieu se expidió sobre casos que impactaron a la opinión pública como, entre otros, el accidente del avión de Air Class; el procesamiento del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic; condenó a funcionarios de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) y procesó a un empresario por el envío de un contenedor cargado de cocaína a Alemania.

No obstante su dilatada trayectoria, Larrieu debió apelar el martes 23 a toda su jerarquía y experiencia para llevar adelante una megaaudiencia por la Operación Océano que, por momentos estuvo cargada de tensión y dialogados y acusaciones mutuas entre la Fiscalía y los defensores de los acusados.

En la audiencia, realizada en el Palacio de los Tribunales, se debatió sobre las reiteradas quejas de los defensores de 32 imputados por la Operación Océano sobre que no tenían toda la información que contiene la carpeta fiscal.

Al comenzar la instancia, Larrieu recordó que un grupo de penalistas había presentado una solicitud de acceso a la carpeta fiscal, porque los archivos que recibieron están dañados o desordenados; no se pueden abrir y no cuentan con fechas de realización de los mismos, según indicaron a El País varios participantes del encuentro en el Palacio de los Tribunales.

Tras cinco horas de debate, Larrieu decidió suspender la audiencia y otras previstas a corto plazo, al percibir que las defensas no tenían toda la información de la carpeta fiscal. Es decir, en los discos duros de los abogados solo estaban los audios, fotografías, chats y pericias de un solo celular de la víctima cuando ésta manejaba dos teléfonos móviles. “Queda claro que las defensas no han tenido acceso total a la investigación fiscal. Ahora partimos de la base que la información que recibieron los defensores no está completa”, dijo Larrieu.

En el transcurso de la audiencia, la jueza Larrieu pidió a la fiscal Darviña Viera que citara a dos técnicos de la Policía para que explicaran porque los defensores de los 32 imputados no podían abrir los archivos relacionados con un teléfono de la víctima.

Poco después, la jueza interrogó a uno de los técnicos:

Larrieu: Nadie desconfía (de la Policía). Estamos tratando de buscar una solución, porque los defensores tienen el derecho a conocer todo el contenido de la carpeta. La Fiscalía ha reiterado que no le puede dar su informe parcial. El acceso tiene que ser real.

Policía: Nosotros solo hacemos extracción de archivos y los pasamos al disco duro de los abogados. Para conocer dónde está el archivo sobre un cliente, el defensor debe hablar con el oficial policial del caso. Él sabe dónde está cada información. Nosotros solo hacemos la extracción.

Defensor Andrés Añasco: En el celular de la víctima había audios y fotos. Ahora en nuestro disco duro con la carpeta fiscal no podemos abrir ni fotos ni audios. Ese material fue usado para procesar a mi cliente.

Policía: Hay dos teléfonos celulares de la víctima. Quizás el que estaban abriendo ustedes era el teléfono que está dañado y no el que contenía los audios.

Defensor Eduardo Sasson: Nos estamos enterando en este acto que hay dos teléfonos celulares de la víctima. A nosotros se nos entregó un PDF con un solo teléfono individualizado de la víctima. Yo y los colegas nos estamos enterando que existían dos teléfonos de la joven, con lo cual es relevante tener la información del segundo teléfono.

En ese momento, a pedido de Larrieu, el abogado defensor, Santiago Alonso, prestó su computadora para que uno de los técnicos abriera los links referidos al contenido del celular de la víctima.

Policía: Efectivamente, en este disco hay un solo teléfono de la víctima y no los dos.

La fiscal Viera afirmó que no todos los defensores fueron a buscar las pericias celulares a la Policía e intercambiaron información entre ellos. Es decir, aludió, es posible que se haya perdido información en ese pasaje de datos.

Y dejó entrever, en un dialogado con dos o tres penalistas que estaban en la primera fila, que los propios defensores de los imputados pudieron haber borrado parte de la carpeta fiscal como una estrategia para dilatar el juicio, según los participantes del encuentro.

Larrieu pidió calma.

Juan Fagúndez, presidente de la Asociación de Penalistas del Uruguay y defensor de un imputado, anunció que iba a elaborar un escrito pidiendo la nulidad del caso. “Quiero manifestar mi preocupación y transmitirla a mis colegas, que estábamos yendo a un lugar (la declaración anticipada de la víctima) sin las armas que teníamos que tener”, agregó.

El abogado Pablo Donnángelo opinó que “se había perjudicado” toda la cadena de custodia de las pruebas que iban a ser usadas en un próximo juicio. “Eso genera una indefensión que nos conduce a la nulidad”, agregó.

El abogado, Marcelo Domínguez, afirmó que la carpeta fiscal estaba fragmentada y advirtió que es lo mismo que parte de un expediente, en el viejo Código de Proceso Penal, estuviera en una comisaría y otra parte en el Juzgado. “Esa división no la establece el Código”, dijo.

Larrieu preguntó a los policías: ¿Por qué la Fiscalía tiene las pericias de los dos celulares y los defensores de uno solo?

Policía: Las pericias están en una carpeta. Dice Operación Océano y luego un software lo pasa al disco duro que nos dan los abogados. Ni siquiera sabemos los nombres de los imputados ni otros detalles del caso. 

El abogado, Víctor Della Valle, dijo que las defensas no tienen la misma información que la Fiscalía. Y señaló: “Hay que suspender esta audiencia y hacer que tengamos todos lo mismo. Se nos viene la declaración anticipada de la víctima y de ahí no la vemos más”.

Larrieu coincidió con los defensores de que no estaba toda la carpeta fiscal en sus discos duros, levantó la audiencia y ordenó a la fiscal entregar toda la información a los penalistas.

Como forma de solucionar el faltante de información en los discos duros de los abogados defensores, la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, propuso que los penalistas concurrieran a la sede policial y copiaran, en discos duros, el mismo material que posee la Fiscalía.

Reconoció que los datos de uno de los teléfonos de la víctima “no fue traspasado” a las defensas de los imputados y señaló que no sabía la razón del problema.

La fiscal Viera dijo que la tarea de copiar las pruebas la realiza la Policía, que es auxiliar de la Fiscalía.

“Nos sorprendió saber que las defensas no tenían todas las pruebas. Queremos que los abogados de los imputados tengan todo lo que la Fiscalía maneja como lo establecen las normas”, explicó.

Agregó que se encargará con la Policía de que se les entregue toda la información a las defensas y agregó que la Fiscalía chequeará que ésta se brinde en forma correcta.

Con respecto al acceso al disco conteniendo la carpeta fiscal, el abogado penalista, Jorge Pereyra Schumann, dijo en la audiencia que, a casi un año de la formalización de los imputados por la Operación Océano, la Fiscalía “no ha cumplido” resoluciones de la anterior magistrada del caso, Adriana de los Santos y de un Tribunal de Apelaciones sobre que se debía entregar a las defensas la totalidad de la carpeta fiscal.

Los abogados Ignacio Durán, Pablo Casas, César Castro, Pablo Donnángelo, Alberto Rojas, Nicolás Pereyra, Martín Frustachi y Andrés Añasco, entre otros, se pronunciaron en el mismo sentido. Y manejaron la posibilidad de que la Fiscalía hiciera un inventario de todos los archivos de la carpeta fiscal

La abogada de las víctimas e integrante del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, Soledad Suárez, dijo que las solicitudes de los abogados defensores de que se realice un inventario de los archivos de la carpeta fiscal “carece de asidero” y tiene como “objetivo” dilatar las declaraciones de las damnificadas.

Se generó un debate. La jueza Beatriz Larrieu intervino señalando que debía equilibrar los derechos e intereses de todos: la fiscalía que realice su investigación; los imputados que tienen que tener un efectivo derecho de defensa y de las víctimas que están protegidas por la normativa nacional e internacional. “Pero esa protección no puede ir en desmedro del derecho de defensa”, explicó la magistrada.