CASO DE ABUSO SEXUAL
Los escritos que presentaron los representantes de tres imputados hablan de "ocultamiento de pruebas" e "indefensión" en el marco de la investigación de la fiscal Darviña Viera.
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Los abogados de tres imputados por la Operación Océano pidieron ayer a la Justicia, mediante dos escritos, que declare nula la investigación que lleva adelante la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, y que, por ende, deje sin efecto los procesamientos dictados contra sus clientes.
La jueza del caso, Beatriz Larrieu, derivará ambos recursos a la Fiscalía y luego se expedirá sobre los mismos. En la próxima semana, un grupo importante de penalistas presentarán otros pedidos de nulidad de la causa.
Uno de los escritos fue firmado en la mañana de ayer por el abogado Santiago Alonso, defensor del “Paraguayo”, el único de los 32 imputados que estuvo casi 10 meses en prisión preventiva. Otro documento fue rubricado por los penalistas Nicolás Pereyra y Martín Frustaci, en representación de un exjuez y un catedrático de Derecho Administrativo.
En los escritos, a los que accedió El País, los defensores acusaron a la Fiscalía de ocultar pruebas, obstaculizar el acceso a la carpeta fiscal, generar indefensión hacia sus clientes y violar las garantías del debido proceso para los imputados, entre otros cuestionamientos.
También señalaron los penalistas que se enteraron de la existencia de los dos celulares de la joven por la declaración de uno de los jerarcas policiales que participa en la Operación Océano, realizada durante una audiencia el 23 de febrero de este año.
Dicha audiencia fue suspendida por la jueza Larrieu, luego de que un técnico de Interpol dijera que en los discos duros externos que se le habían proporcionado a las defensas no había información sobre el principal celular de la víctima.
Larrieu entendió que sería imposible debatir sobre el pliego de preguntas que se le formularían a la joven en calidad de prueba anticipada, ya que los defensores de los imputados no contaban con la totalidad de las evidencias.
Defensa dice que la han "obstaculizado".
En su escrito, Alonso advirtió que transcurrieron más de 10 meses desde el inicio de la indagatoria preliminar, y la Fiscalía “no solo se ha demorado de forma injustificada” en el avance de la investigación, sino que “ha obstaculizado” en reiteradas oportunidades el acceso de las defensas a las evidencias que dijo en todo momento contar.
Alonso reclamó la nulidad de la investigación de la Operación Océano por “indefensión” hacia su cliente, ya que no tuvo conocimiento de la existencia de un segundo teléfono móvil de la presunta víctima y por el cual la Fiscalía pidió las formalizaciones de su defendido y de otros imputados. Y expresó que, luego de 10 meses de investigación, “no puede sostenerse” que la Fiscalía desconocía la existencia de dos dispositivos móviles de la víctima como pretendió justificar a la salida de la audiencia en todos los canales de televisión.

"Vulneración" del debido proceso.
En su recurso de nulidad, los abogados Pereyra y Frustaci también criticaron a la Fiscalía por no brindar información a las defensas sobre la existencia y el contenido de otro celular de la víctima. “Se han violentado, pisoteado las garantías de nuestros defendidos, y la primera oportunidad en que pudimos advertir esto fue el día de la audiencia” de febrero, dijeron los defensores.
Y agregaron que existió una “alarmante vulneración” del debido proceso, defensa técnica e igualdad procesal, ya que después de casi 10 meses de investigación, quedó “irrefutablemente acreditado” que la Fiscalía no les brindó a las defensas evidencias que había recogido.
Ello, dijeron Pereyra y Frustaci, genera “una de las peores situaciones” que en un estado republicano de derecho se pudiera dar: la defensa a ciegas de una persona. Y esa situación, agregaron los profesionales, tiene “consecuencias irremediables” para sus defendidos que pasan a ser las víctimas o rehenes de esta situación.
Ambos penalistas advirtieron que nunca pudieron escuchar los audios ni vieron los videos y fotos que fundaron los procesamientos de sus defendidos, ya sea por la supresión o el extravío de los mismos.
Una carpeta con 5 millones de archivos
En su escrito presentado ayer a la jueza Beatriz Larrieu, el penalista Santiago Alonso recordó que, para tener acceso a la carpeta fiscal, los defensores debían concurrir al Departamento de Delitos Informáticos de Interpol llevando un disco duro externo. La necesidad de usar dicho equipo, dijo Alonso, se debió a la imposibilidad de cargar la información en pendrives por la enorme cantidad de información del caso.
Y agregó que, según los propios técnicos de la Policía, el volumen de datos de la Operación Océano rondaba los 5 millones de archivos. “Una vez obtenido ese material en nuestro equipo externo, fue prácticamente imposible acceder a estos por un sinfín de motivos”, dijo el abogado penalista.
También cuestionó a la Fiscalía por plantear, en todo momento, que los archivos se referían a pericias. “Distan mucho de ser estudios. Esos archivos son extracciones de teléfonos celulares los cuales contaban con un cúmulo de información que nada hacía a la causa”, expresó Alonso.
En una audiencia judicial realizada el 23 de febrero de este año, un policía explicó que la Operación Océano ocupaba más de un Tera de memoria en textos, chats, audios y videos.