DENUNCIA PENAL DE ANCAP

El 6 de octubre de 2015 comenzó el camino hacia la decadencia de Gas Sayago. Fue el día en que el consorcio internacional GNLS, integrado por Gaz de France y Marubeni, pagó la garantía de US$ 100 millones y se retiró tras una serie de incumplimientos.

A partir de ahí, la obra quedó trunca y fue el inicio de un declive que generó pérdidas por US$ 213 millones en los siguientes cuatro años, según constató una auditoría realizada por PricewaterhouseCoopers (PwC). En ese tiempo no se concretaron las negociaciones del gobierno de la época para conseguir un inversor -el único interesado fue Shell y en 2017 se cayó esa negociación- y la liquidación de la empresa empezó a ser algo evidente. Esta se concretó a fines de 2019.

Pero volvamos a los años claves. De 2012 a 2019. En ese período, Gas Sayago generó pérdidas millonarias para el Estado. Los US$ 100 millones entregados por GNLS se fueron en gastos de administración de la empresa (US$ 20 millones), pago de préstamos (US$ 36 millones) impuesto a la renta (US$ 23 millones), pago de activos fijos (US$ 21 millones). A esas cifras se deben sumar gastos en salarios (US$ 10 millones), el retiro de los pilotes ubicados en el Río de la Plata (US$ 8 millones) y partidas anuales hasta que se liquide la sociedad (US$ 3 millones por año). Ahora, con la denuncia presentada por Ancap en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado, surgen otros gastos llamativos y erogaciones con tarjetas corporativas.

Entre las compras realizadas por la empresa Gas Sayago se encuentran seis entradas para un partido de Uruguay disputado por las eliminatorias para el Mundial de Rusia. Se trata de un encuentro entre la selección local y Perú que se jugó el 29 de marzo de 2016 en el Estadio Centenario. La orden de compra de las entradas fue firmada por uno de los gerentes de Gas Sayago y dice: “Entradas para el partido de fútbol entre Uruguay y Perú”. Enseguida agrega: “Cuatro invitaciones para de mol (sic) y dos para Gas Sayago”. El precio total de las entradas para la Tribuna América fue de $ 15.540.

Pero ese no fue el único gasto de Gas Sayago que Ancap judicializó ayer. También se brindó información a la Justicia sobre erogaciones en restaurantes y en un supermercado mediante el uso de tarjetas corporativas, según supo El País.

En los documentos entregados ayer por Ancap a la Justicia, se incluyó un estado de cuenta de una tarjeta internacional de Gas Sayago donde se realizó un gasto por US$ 4.946 y $ 18.712. Las erogaciones refieren a compras de publicaciones que brindan informaciones petroleras por US$ 2.200 y el pago de servicios a una empresa de gestión de eventos y formación de funcionarios gerenciales (WTG Events) por US$ 2.389.

En dicha tarjeta, también se efectuaron gastos en moneda nacional en un supermercado por $ 6.570 y a una empresa de alarmas por $ 650. En la denuncia se incluyó, además, una factura de un gasto en un restaurante realizado en 2014 por $ 8.235. Las tarjetas corporativas de Gas Sayago también fueron utilizadas para pagar gastos de hoteles en Seúl (Corea del Sur) y alquileres de autos.

“Ya en 2015 se había bajado Argentina del negocio. No había a quién vender el proyecto de la regasificadora. Y en Gas Sayago persistían gastando arbitrariamente con perjuicio a la administración”, dijo a El País el vicepresidente de Ancap, Diego Durand.

Durand concurrió ayer a la sede del Juzgado Especializado en Crimen Organizado en su calidad de vicepresidente de Ancap. Fue facultado por el directorio del ente a entregar en la sede la ampliación de la denuncia penal sobre eventuales irregularidades en la administración de fondos en Gas Sayago.

“Entregamos a la Justicia algunas facturas que demuestran hechos arbitrarios y perjuicios a la administración pública”, insistió Durand refiriéndose a las facturas de las entradas para ver el partido de Uruguay-Perú.

El jerarca se preguntó: “¿Qué tiene que ver las eliminatorias de un Mundial con el rol de la empresa Gas Sayago? Ese es un gasto innecesario”.

Durand sostuvo que los gerentes de Gas Sayago creyeron que estaban en una empresa privada sin vinculación alguna con el Estado. “Se generó un engaño que creó una ficción jurídica en actos y contratos en perjuicio de la Administración”, dijo Durand.

En la denuncia, Ancap incluyó una referencia histórica de todas las actas públicas del ente vinculadas con Gas Sayago, que comienzan en 2007 con las primeras resoluciones y viajes que inició el entonces presidente del ente energético, Daniel Martínez, acompañado por el vicepresidente, Raúl Sendic.

“Martínez y Sendic instalaron la idea de que se debía construir una regasificadora con inversiones de Ancap y de UTE”, explicó Durand. Y agregó: “La secuencia continúa con Sendic como presidente de Ancap, luego Germán Riet y José Coya. Finalmente, Marta Jara liquida Gas Sayago con el directorio de la época”.

Al quedar trunca la obra con el retiro de GNLS, todo lo que se gastó en la regasificadora “es irreal”, consideró el jerarca. Y añadió: “Acá se usó a las empresas públicas para que Gas Sayago pudiera pagar sus elevados gastos”.

A diferencia de la denuncia de UTE, que solicitó a la Justicia que investigue un eventual abuso de funciones, el escrito de Ancap deja entrever la existencia de fraude al erario público, por seguir adelante pese a que el negocio había caído.

Algunos detalles de la denuncia

En un escrito elevado a la jueza especializada en Crimen Organizado María Helena Maynard, Ancap advirtió que presentaría a la sede “nuevos elementos” que se suman a la denuncia realizada el viernes 9 por UTE, la que fue elaborada por el penalista Jorge Barrera.

En el Juzgado de Maynard hay otras dos denuncias sobre Gas Sayago: una realizada por el abogado Gustavo Salle y otra por la comisión parlamentaria que investigó irregularidades en dicha obra durante el último gobierno del Frente Amplio.

El escrito de Ancap, entregado a la jueza por el vicepresidente del ente, Diego Durand, dice que recibió de UTE una copia del informe elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre los gastos de Gas Sayago. “Como se podrá apreciar del informe aportado, elaborado por PwC, dicha consultora indica eventuales irregularidades en relación al proyecto de Gas Sayago”, expresa la denuncia. Y agrega que la auditoría destacó ciertos problemas en la gestión de la empresa. Uno de ellos, explica, constaría en un documento fechado en 2013, luego de adjudicado el contrato de la construcción de la regasificadora por Gas Sayago a la empresa GNLS, que arroja una rentabilidad negativa para los accionistas de US$ 76 millones.

Ancap también pidió a la magistrada que investigara las premisas de las demandas de gas licuado de UTE, Ancap y Argentina realizada por las autoridades de la época. “En tal sentido la consultora efectúa un análisis en el cual refuta varias de las premisas consideradas por UTE al efectuar la sustentabilidad de las demandas estimadas, en el período 2012-2013”, expresa la denuncia.

Ancap también pide a la magistrada que investigue la contratación de la empresa OAS, acusada en Brasil de pagar coimas a políticos a cambio del otorgamiento de obra pública.

“El otro punto relevante son las observaciones que desde un punto de vista formal y técnico Price realiza respecto al proceso llevado a cabo por Gas Sayago que culminó con la selección de la firma OAS y en el desarrollo del trabajo que fuera contratado con dicha firma”, dice el escrito.

Y agrega: “La precalificación de OAS no acreditó completamente los requisitos mínimos requeridos en oportunidad del llamado a interesados. Se deja constancia que el mismo trato se dispensó a otros interesados” en participar de la obra.