REGASIFICADORA
Escrito de UTE señala a la jueza María Helena Mainard que se cometieron "actos arbitrarios" que generaron "gran perjuicio" al erario público.
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Una denuncia presentada por UTE en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado este viernes pide que se investiguen eventuales abusos de funciones de exjerarcas de administraciones anteriores por haber insistido con el proyecto de la regasificadora luego del retiro de Argentina del negocio.
La obra de la regasificadora, dice la denuncia, “generó un daño patrimonial” como consecuencia de “sucesivos actos arbitrarios” que derivaron en “supuestos ilícitos” contra el erario público.
La denuncia, elaborada por el penalista Jorge Barrera, solicita a la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, que indague hechos de “apariencia delictiva” ocurridos en la obra de la regasificadora de Puntas de Sayago. Dicho negocio dejó pérdidas al Estado por más de US$ 213 millones, según señaló el directorio de UTE en el documento.
En el Juzgado Especializado en Crimen Organizado hay otras dos denuncias sobre supuestas irregularidades en los gastos de Gas Sayago.
Una de ellas fue presentada por el abogado penalista Gustavo Salle en 2013. Seis años más tarde se sumó al expediente el aporte de las conclusiones de la primera comisión parlamentaria que se conformó para analizar las pérdidas millonarias en Gas Sayago, una sociedad anónima propiedad de UTE y Ancap.
Es decir, todas las denuncias fueron unificadas en una sola causa en el Juzgado de Crimen Organizado.
El fiscal del caso es Luis Pacheco.
La denuncia de UTE.
Según dijeron a El País fuentes del ente energético, el directorio resolvió presentar la denuncia ante la jueza Mainard por entender que las conclusiones de la auditoría realizada por la consultora Pricewaterhouse-Coopers (PwC) constituyen “hechos nuevos” que deberían ser analizados por la Justicia Penal.
La auditoría de PwC tenía como objetivo conocer la real situación del proyecto en virtud de la liquidación dispuesta y los daños patrimoniales al Estado. El informe de PwC fue presentado al directorio de UTE el 3 de junio de este año.
Según dice la denuncia de UTE, a la que accedió El País, del informe realizado por PwC respecto del proyecto de la regasificadora resultarían hechos que “vulneran diversas normas jurídico penales” tuteladas en el capítulo “Delitos contra la Administración Pública” del Código Penal. Uno de ellos es el abuso de funciones.
El directorio de UTE remitió a Mainard el informe de la consultora dada la obligación legal que tienen los funcionarios públicos de formular denuncia de cualquier delito que tuvieren conocimiento por razón de sus funciones, que se cometiere en su repartición o cuyos efectos la repartición experimentara particularmente.
Según las fuentes, como el estado de la causa aún se encuentra en presumario, UTE incorpora el documento de la consultora como prueba a consideración de la jueza Mainard a los efectos de que investigue, ya que del resultado de la auditoria de Price se constatan “una serie de actos arbitrarios” en perjuicio del Estado uruguayo.
La denuncia advierte a Mainard que el perjuicio económico para la administración pública ya sufrido no resulta definitivo, sino que podría incrementarse a corto plazo. Y agrega que el Estado deberá afrontar el costo de desmantelamiento de los pilotes hincados en el Río de la Plata, que supondría US$ 8 millones; el pago por juicios y demandas arbitrales en trámite de terceros por un valor de US$ 37 millones y los gastos de funcionamiento de Gas Sayago mientras permanezca en estado de liquidación, que se estiman en US$ 3 millones por año.
En otro tramo de la denuncia firmada por Barrera, UTE dice que “no cabe duda” de que existieron “actos arbitrarios y abusos funcionales” en la toma de decisiones de jerarcas de anteriores administraciones. Esas decisiones, agrega el escrito, fueron adoptadas “sin sustento racional ni documental”, “afectaron gravemente los fondos públicos” y generaron “daño patrimonial”.
“No fue solo un mal negocio”
En su denuncia, UTE dice que resulta “poco serio” que se afirme por las autoridades de la época que la regasificadora fue solamente un mal negocio y malas decisiones por razones de conveniencia y oportunidad. “Todo lleva a afirmar, en cambio, que ha primado la arbitrariedad y el abuso funcional en la toma de decisiones con el único objetivo de realizar el proyecto”, advierte el escrito.
La denuncia penal de UTE dice que existieron cuatro oportunidades para no comenzar con el proyecto de la regasificadora o, luego de los sucesivos fracasos, discontinuarlo y ponerle fin.
Primera salida. Una de las oportunidades para interrumpir cualquier avance y gasto fue cuando en 2012 Argentina decidió desvincularse del proyecto.
Segunda salida. Otra ocasión de discontinuar la iniciativa ocurrió en 2015 cuando Gas Sayago ejecutó la garantía de US$ 100 millones de Consorcio Gas Nacional Licuado del Sur (GNLS) por incumplimientos en la obra de la regasificadora.
Tercera salida. En 2016, el consorcio SDC de Brasil y SDC Waterway informaron que no podían continuar los trabajos de dragado. Gas Sayago rescindió también por incumplimiento el contrato con la empresa brasileña OAS por la obra del gasoducto.
Cuarta salida. En 2017, Gas Sayago firmó un memorando con Shell para dar comienzo a un período de negociación de seis meses. Las tratativas no llegaron a buen puerto. UTE y Ancap decidieron la liquidación de Gas Sayago.
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