INVESTIGACIÓN POR LA REGASIFICADORA

El directorio de Ancap resolvió acompañar a UTE en la demanda judicial que emprendió por las irregularidades constatadas en una auditoría externa que analizó a Gas Sayago, el proyecto de la administración frenteamplista de José Mujica que no logró prosperar y generó pérdidas por US$ 213 millones.

Ancap trabajó en la creación de la empresa Gas Sayago, que buscó gestionar una planta regasificadora para generar energía. Si bien UTE era el principal accionista, Ancap participó con un 20,65% del paquete accionario.

Debido a esto, el directorio de la petrolera estatal solicitó a sus servicios jurídicos analizar la auditoría recientemente concluida por la empresa PwC, con el objetivo de definir pasos a seguir en cuanto a investigaciones internas.

Tras esto, el departamento técnico informó al directorio que las facultades de investigación tendientes a determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos se limitan -debido a que debe regirse por el derecho público- a la potestad disciplinaria que puede ejercer respecto a sus funcionarios. Gas Sayago, en cambio, se rige por el derecho privado, y entonces la investigación puede llevarse a la Justicia.

La resolución del directorio de Ancap fue adoptada por unanimidad con el voto de los cuatro jerarcas que representan al oficialismo.

El sillón que le corresponde al Frente Amplio aún no ha sido ocupado tras la muerte el 19 de junio de Walter Sosa. La colación de izquierda ya se ha manifestado en contra de una posición similar tomada en el directorio de UTE.

Los jerarcas de Ancap -asesorados por el servicio jurídico- entendieron, entonces, que solo se podría avanzar en una investigación sobre las supuestas irregularidades en Gas Sayago desde la Fiscalía General de la Nación, y por eso designaron al vicepresidente Diego Durand para que en representación del organismo acompañe a UTE “en el proceso de denunciar ante la Fiscalía, los hechos detectados en el informe de PwC”.

La investigación en Fiscalía sigue su curso tras la decisión de UTE de presentar los documentos en ese ámbito. El directorio del ente decidió contratar al abogado Jorge Barrera, para que lleve adelante el proceso. Ahora se suma Ancap también como demandante, lo que implica una señal desde la administración pública de que están alineados en este tema.

“Siento dolor como ciudadano por el mal manejo de los fondos públicos en el proyecto de Gas Sayago. Ahora en este cargo de responsabilidad pública, aún más siento esto. Es escandaloso y un proyecto caprichoso, del que no se entiende por qué se siguió adelante generando pérdidas millonarias y abriendo la puerta para juicios millonarios al Estado, que esperemos no terminen siendo en contra de la administración porque implicaría incrementar la partida económica para todos los uruguayos. Para eso entendemos que es clave que se avance en la investigación judicial con todas las garantías”, dijo el vicepresidente de Ancap, Durand, a El País.

Según la información que surgió de la auditoría externa de PwC -contratada por UTE- en el proyecto Gas Sayago se usaron fondos por US$ 213 millones. La empresa eléctrica era quien tenía la mayoría de las acciones. Esos gastos fueron asociados a activo fijo, gastos de administración, financieros, impuesto a la renta y desmantelamiento de la obra.

De acuerdo a las estimaciones de Gas Sayago, mientras dure la etapa de liquidación la sociedad incurrirá en gastos por US$ 3 millones anuales asociados a arrendamientos y servicios profesionales.