Denuncian que un grupo de "okupas" usurpó terrenos con escrituras falsas y señalan a escribana como cómplice

La Dirección de Delitos Financieros y Complejos de Interpol se encuentra investigando a personas señaladas como un grupo organizado de “okupas”. Distintos denunciantes alertaron un mismo modus operandi por parte de los delincuentes: se apropian de viviendas y declaran haberlas adquirido desde hacía más de 20 años. Para esto, se presume que contaban con la complicidad de una escribana que redactaba escritos declarando falsos derechos posesorios.

Las denuncias a las que accedió El País fueron presentadas en octubre del año pasado, pero el momento no ha habido respuestas a nivel penal.

Uno de los casos tiene como víctima a una mujer uruguaya que vive en Suecia, quien se encuentra representada por el abogado Leonardo Guzmán. Tras el fallecimiento de su abuela en 2024 se convirtió en “única y universal heredera” de un padrón de 1.389 metros cuadrados ubicado en El Pinar. Esto consta en un certificado de Resultancia dispuesto en una sentencia del Juzgado de Familia de 17° Turno, de mayo de 2025.

La mujer dejó constancia de que los derechos posesorios del solar y la casa construida sobre ese predio fueron adquiridos por su abuela mediante escritura pública en abril de 2014. Desde entonces, la vivienda fue “continuamente ocupada” por la dueña y su hijo (padre de la denunciante).

Foto: AFP.

Tras el fallecimiento del hombre, la dueña del padrón (la abuela) debió ser internada en una casa de salud. A pesar de que familiares visitaron la vivienda en El Pinar y mantuvieron sus consumos al día, hubo atrasos en la Contribución Inmobiliaria.

Cuando murió su abuela, la ahora denunciante intentó poner ese impuesto al día como legítima heredera, pero se encontró con una situación impensada: una persona desconocida lo había hecho antes.

Según aportaron fuentes de la investigación a El País, los derechos posesorios figuraban como cedidos por medio de una escritura pública firmada por una escribana, la cual se presume que participó intencionalmente en la maniobra.

En ese documento surge que una mujer, que argumentó haber adquirido la posesión del inmueble desde el año 2002, cedió por US$ 30.000 los derechos de la propiedad a una Sociedad Anónima Simplificada, cuyo nombre se repetiría luego en otra denuncia.

Entre otros elementos, los investigadores tienen en cuenta que la mujer que dijo haber cedido los derechos posesorios se había postulado recientemente a un empleo del programa “Barrido Inclusivo” de la Intendencia de Montevideo. “La postulación para ese empleo parece incompatible con la posesión continua durante más de 20 años”, dijeron fuentes del caso a El País, aludiendo al alto valor de la vivienda.

Foto: Archivo El País

El precio por el cual fueron vendidos los derechos posesorios (US$ 30.000) también es un aspecto que se tiene en cuenta, ya que el valor real del inmueble es de más del doble.

Con respecto al rol de la escribana, despertó sospechas una cláusula en la cesión de los derechos que establecía que la cedente declaraba que no existían otros titulares sobre el inmueble y que la profesional se deslindaba de toda responsabilidad.

Actualmente, la Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno, a cargo de Fernando Romano, está investigando tanto este caso como otros de características similares y también protagonizados por la misma S. A. Consultado al respecto, el fiscal declinó hacer comentarios, ya que se encuentra en etapa de tomar declaraciones.

La intención de los denunciantes es que se formalice a quien figuró como cedente de los derechos, así como al representante de la sociedad, la escribana actuante y los testigos que participaron de la maniobra. También están avanzando por la vía civil.

Foto: Estefanía Leal

Otra mujer presentó una denuncia, también en octubre de 2025, con respecto a cinco apartamentos y un local comercial ubicados en un mismo predio en la calle Ejido. “Se trata de una organización que se dedica a estas maniobras fraudulentas”, expresó en la demanda civil. Una semana antes de la ocupación, su hijo pasó por allí para revisar que todo estuviera bien, ya que el lugar se encontraba bajo llave y con cadenas.

Había apartamentos que no estaban arrendados, producto de que la dueña estaba esperando a que finalicen todos los contratos para realizar un proyecto de reformas.

El día de la denuncia, volvió a pasar y se encontró con que la puerta estaba entreabierta y que dentro había un hombre trabajando en reformas. Al ser consultado, este dijo haber sido contratado por otra persona. Lo llamaron y, ya en el lugar, este último hombre habría amenazado al hijo de la denunciante con “llamar a Fiscalía”. La denuncia fue ampliada, ya que un día después los vecinos avisaron a la propietaria que ya no solo eran dos las personas que trabajaban en el lugar, sino muchos más. Dijeron haber escuchado “muchos ruidos y golpes” de noche, que se arrancaron cerraduras y cubrieron las ventanas.

Los abogados de la mujer cruzaron datos con otros denunciantes y llegaron a que la misma S. A. que había participado en el otro caso era la compradora de los derechos posesorios. Entre la diversa documentación aportada por la mujer se encuentran contratos de arrendamiento. Entre ellos, uno con una empresa constructora que arrienda el local comercial desde hace 15 años.

En el proceso de ocupación, sumado a los derechos de posesión fraudulentos, los “okupas” iniciaron convenios con la IMM y DGI, con el objetivo de “simular antigüedad posesoria”, según surge de la demanda.

Mientras en la DGI dieron de baja el convenio de forma inmediata cuando se presentó la propietaria y pagó lo adeudado, en la comuna se abrió un expediente administrativo.

La demandante solicitó la medida cautelar de “no innovar” (no realizar modificaciones al inmueble) y manifestó su voluntad de obtener una reparación por los daños. Ambos casos siguen adelante y se esperan novedades para los próximos días.