"Es inadmisible": Tribunal respondió a defensa de Penadés sobre "extorsión" del Poder Judicial por acuerdo

El Tribunal de Apelaciones de 4^to Turno se refirió a lo acontecido en la audiencia del lunes del caso Penadés y contestaron a las afirmaciones de Laura Robatto, abogada del exsenador, quien aseguró que el Poder Judicial "extorsionaba" a su cliente para hacer un acuerdo abreviado en lugar de ir a juicio. La sentencia que redactó la ministra Gabriela Merialdo —y que fue suscripta por los otros dos miembros del tribunal— sostiene que es un "razonamiento inadmisible".

Robatto había dicho que la decisión de la jueza suplente Gabriela Azpiroz de mantener a Gustavo Penadés en prisión por seis meses más condicionaba a su cliente. Explicó que aunque su deseo es ir a juicio, se enfrentará a una etapa previa (la etapa intermedia) que, cree, podría durar años. Y durante ese tiempo, Penadés estaría preso. "En definitiva, ¿sabe qué? Me conviene más hacer un acuerdo, que es lo que me están llevando. En definitiva, me está extorsionando, pero no me está extorsionando la Fiscalía. Me está extorsionando el Poder Judicial para que yo haga un acuerdo", expresó al hablar de la posibilidad de un acuerdo abreviado y terminar con la prisión preventiva.

Los ministros entendieron que estas expresiones merecían una "consideración especial". "Se trata de una afirmación genérica, carente de toda referencia a elementos concretos, específicos que le den sustento. No se dice en que consiste dicha extorsión, quien la lleva a cabo, por qué medios, lo que debería estar detallado con precisión en la atención a la gravedad que conlleva la afirmación. La Sala y tampoco las Sras. Juezas que han intervenido en primer instancia (titular y subrogante) no tiene el menor interés en lo que hace a la vía procesal escogida", argumentaron.

"Pretender que porque se considere que la medida cautelar de prisión preventiva es la única que asegura la neutralización de los riesgos procesales invocados, se esté extorsionando al imputado y su Defensa para aceptar un acuerdo, es un razonamiento inadmisible", agregaron luego.

Además, recalcaron que —a diferencia de lo que sostienen los abogados del exsenador— durante todo el proceso se han respetado sus derechos y garantías. "Sin embargo, la Defensa parece confundir garantías con aceptar sus planteos, lo que no va de la mano, son cuestiones que transitan por caminos diferentes Garantías todas sin excepción de especie alguna", criticaron y añadieron: "Sus críticas en tal sentido parecen estar más dirigidas al sistema legal que a quienes están llamados a aplicarlo".

A la hora de fundamentar porqué decidían mantener a Penadés tras las rejas, explicaron que la investigación paraestatal para conocer las identidades de las víctimas —llamada "trama"— tiene especial peso. Y el hecho de que se haya logrado detectar y se haya condenado a los responsables, no puede significar que "todo volvió a la génesis, sin sesgos". Eso "no tiene anclaje ni en los hechos ni en el derecho"

El Tribunal revocó la parte del fallo de Azpiroz que indicaba que Mauvezín podía dejar la cárcel para pasar a un régimen de semilibertad (podía estar libre durante el día pero no por la noche, momento en que debía cumplir arresto domiciliario). Los ministros resolvieron que la mejor solución era un arresto domiciliario las 24 horas con tobillera electrónica.

Consideraron que Mauvezín puede significar un riesgo para las víctimas y para el proceso, pero en seis meses —cuando se cumplan los tres años de que está tras las rejas y la mitad de la pena que le pidió la Fiscalía— debía ser excarcelado porque así lo mandata el Código del Proceso Penal. "El tiempo transcurrido sin que todavía se haya llegado a la audiencia de control de acusación" es lo que lleva a tomar esta decisión, junto con la solicitud de pena pedida por Fiscalía, que para él es seis años.