¿Cuánto poder tiene Gustavo Penadés? Esa pregunta suele ser el centro de los extensos debates que ocurren en las audiencias judiciales en las que se debe dirimir si el exsenador y su compañero de causa, Sebastián Mauvezín, continúan tras las rejas o pueden esperar su juicio con una medida más leve. Este lunes, no fue la excepción. Pero tras más de tres horas de discusión, hubo un resultado diferente. Por primera vez, la Justicia definió en forma diferente en el caso de Mauvezín que en el de Penadés. En diálogo con El País, el profesor manifestó estar alegre por el resultado pero se mostró "cauto" frente a lo que puede llegar a resolver un tribunal de apelaciones. La defensa del exsenador expresó que en la situación en la que se encuentra lo están "llevando" a que le convenga más hacer un acuerdo abreviado.
Quien tomó la decisión fue la jueza suplente Gabriela Azpiroz, quien tomó la audiencia ante la ausencia de la titular, Marcela Vargas. Azpiroz resolvió extender el tiempo del exsenador en prisión por seis meses más, pero dejar a Mauvezín en libertad durante el horario diurno y someterlo a un arresto domiciliario nocturno (entre las 22 y las 6). La jueza comenzó argumentando: "Considero que la situación de Mauvezín es diferente a la de Penadés. ¿Por qué? Porque no es la misma imputación, por un lado, objetiva, en cuanto a los hechos", refiriéndose a que al primero la Fiscalía le pide una pena de seis años de prisión y al segundo 16.
"Segundo", continuó, "porque no es la misma situación la de Penadés que la de Mauvezín". "Si bien todos hablan del poder y que ha cambiado la situación, no debemos olvidar que Penadés era un senador, que tenía un cargo político, público. Mauvezín me parece una situación diferente, que si bien podía estar vinculado, las situaciones son distintas", complementó.
Si bien no desconoció que existe un riesgo de que Mauvezín entorpezca el normal desarrollo de la causa o quiera dañar a las víctimas, entendió que ese riesgo queda mitigado con la medida que le impuso. Esto fue apelado por la fiscal del caso, Isabel Ithurralde, quien consideró que debería seguir en prisión. La defensora Soledad Suárez, que representa al Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, adhirió a la postura de Ithurralde y aseguró que el arresto nocturno es la medida que "menos provecho da para la protección de las víctimas", porque sería poco creíble que si Mauvezín pretendiera ubicarlas, buscaría hacerlo de noche.
La abogada de Mauvezín, Rosana Gavazzo había reclamado que se tratara a su cliente como un "sujeto procesal autónomo" e insistió en que él no tuvo "nada que ver" en la "trama". Además, recalcó que la Fiscalía pidió para él una pena de seis años y ya lleva dos años y medio tras las rejas, es decir, un 40% de la eventual pena. Eso, teniendo en cuenta que la Justicia podría no imponerle esa pena y determinar una menor o, incluso, la absolución.
Respecto de Penadés, la jueza dijo que su participación en la investigación paralela para llegar a conocer las identidades de las víctimas indica que hubo un riesgo que "ya ocurrió" y por ende existe un "peligro grave y fundado" —como establece el Código del Proceso Penal— de que podría volver a ocurrir. Los abogados de Penadés, Robatto y Homero Guerrero también apelaron el fallo.
Los argumentos de la Fiscalía contra Mauvezín
La fiscal Ithurralde basó su pedido de que Mauvezín se mantuviera tras las rejas en que podría entorpecer la investigación, dado que él contactó directamente a cinco víctimas con Penadés. A su vez, citó evidencias que dijo tener en su contra. Entre ellas, "varios giros" por "sumas de dinero altas" de Penadés a Mauvezín, que a su vez también él giraba a "hombres muy jóvenes". Además, nombró a un testigo que actualmente tiene 24 años de edad y que, siendo mayor, le fue ofrecido "enviar fotos íntimas a cambio de dinero" (por lo que cobró sumas similares a las de los giros) y tener encuentros sexuales con personas de mucha más edad. Por último, mencionó que una testigo dijo que Mauvezín admitió frente a ella que le presentaba menores al exsenador y hablaron de la posibilidad de presentarle a un vecino adolescente.
El debate
La fiscal Ithurralde se basó mayormente en tres puntos que se vinculan entre sí. En primer lugar, que parientes cercanos de las víctimas —que a su vez son especialmente vulnerables— van a declarar en el juicio y los imputados podrían, si estuvieran fuera de la cárcel, amedrentarlos para que no declaren o lo hagan falsamente. En segundo lugar, habló de la existencia de la "trama" y la forma en la que, alega, Penadés se sirvió del Estado para buscar conocer sus identidades. En tercer lugar recogió el argumento utilizado por Vargas en su última resolución. En ese momento, la jueza dispuso la prisión por entender que —frente a sus propios ojos— Penadés había buscado amedrentar a un testigo, el policía condenado por la trama Federico Rodríguez.
Suárez expresó que a su juicio Penadés podría acceder a un arresto domiciliario si cambiaran algunas circunstancias o tuviera, por ejemplo, algún problema de salud. Porque después del riesgo que generó "la trama", "de eso no se vuelve más".
Cuando se le dio la palabra, el abogado Guerrero dijo a la jueza suplente que "en una forma novedosa" hubo víctimas que declararon ante la Justicia más de una vez porque "después de que declararon se dieron cuenta que los hechos no era como decían". A su vez, se refirió al episodio con Rodríguez.
Según lo descripto en audiencia, tras la declaración de Rodríguez, Penadés se paró y le tomó la mano diciéndole: "Un gusto, nos vemos". Vargas sostuvo en ese entonces que le tomó fuerte la mano, que Rodríguez se asustó y que ningún otro imputado lograba desplazarse de esa manera en la sala de audiencias sin que un custodio lo detenga.
A lo que Guerrero expresó: "Tenemos la suerte de que jurídicamente, no como persona, magistrada Vargas no está al frente de esta audiencia, porque si ella dice que el hombre es peligroso (...) Si le hace una denuncia, o por lo menos participa en esa denuncia, no podría decidir acá", refiriéndose a una denuncia —que según Ithurralde hizo el propio Rodríguez— por amenazas que se está investigando.
Su colega, Robatto, criticó la decisión de la jueza y analizó todos los caminos, a su juicio sin salida, que enfrenta para demostrar su posición en el caso. A su vez, enfatizó en que tanto la etapa intermedia como el juicio podrían durar años: "En definitiva, ¿sabe qué? Me conviene más hacer un acuerdo, que es lo que me están llevando. En definitiva, me está extorsionando, pero no me está extorsionando la Fiscalía. Me está extorsionando el Poder Judicial para que yo haga un acuerdo", expresó al hablar de la posibilidad de un acuerdo abreviado y terminar con la prisión preventiva.