Fiscalía cerró investigación contra Gustavo Penadés: pidió una condena de 16 años de cárcel

Redacción El País.
La Fiscalía de Delitos Sexuales presentó la demanda acusatoria contra el exsenador Gustavo Penadés. Solicitó que sea condenado por 20 delitos y que cumpla una pena de 16 años. El exlegislador es acusado de 10 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual, un delito de violación, un delito de desacato, y un delito de atentado violento al pudor.

Esto significa que la investigación en su contra concluyó y, por ende, ya no se pueden sumar más víctimas a la causa. Luego de una serie de etapas intermedias, lo que seguirá ahora es el inicio del juicio.

Para el profesor Sebastián Mauvezín se pidió una condena de seis años de prisión y se lo acusa de siete delitos de contribución.

En el caso de Penadés, lo acusa de haber cometido estos ilícitos entre la mitad de la década del 90 y el año 2021. En la demanda, se identifican 14 víctimas y al menos un testigo de contexto (un hombre que dijo que, cuando tenía 9 años y Penadés 12, abusó de él).

Los hechos descritos apuntan a que el exlegislador tenía sexo con menores de edad a cambio de dinero. Eso fue lo que, según Fiscalía, ocurrió en la mayoría de los casos. En otros, como el de Javier Viana, lo que se denuncia es abuso sexual.

Además, el Ministerio Público lo acusa de montar una "trama" para lograr acceder a la identidad de las víctimas, que está reservada por decreto judicial.

Penadés, en entrevista con el Semanario Búsqueda, negó días atrás que las acusaciones en su contra sean ciertas.

Antes del viernes, deberá debatirse si Penadés y Mauvezín continúan tras las rejas para esta próxima etapa o si pueden acceder a un arresto domiciliario.

La acusación fue firmada por la fiscal Isabel Ithurralde, quien asumió el caso hace pocos meses, luego de que la titular, Alicia Ghione, pidiera licencia médica. Junto a ella trabajan los adscriptos Federico Fascioli y Lucía Castro, ninguno de los cuales se encontraban al comienzo de la causa. A la mayoría de las víctimas las defendió el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, liderado por Juan Raúl Williman y Soledad Suárez.

Ahora, los abogados de Penadés, Laura Robatto y Homero Guerrero, cuentan con 30 días —desde su notificación— para contestar esta demanda. Allí, pueden plantear su propia teoría del caso y pedir la declaración de testigos que la acrediten. Es decir, solicitar su absolución.

Esos 30 días podrían extenderse si los defensores interpusieran un recurso de inconstitucionalidad contra algunos de los artículos aplicados. Esto ocurrió en la Operación Océano y resultó en la suspensión del plazo para contestar la acusación. Esto quiere decir que mientras la Suprema Corte de Justicia resuelve si corresponde o no aceptar el recurso, los defensores no deben contestar la demanda. Lo hacen una vez que la Corte resuelve, cuestión que puede llevar meses. Esto sucede en casos excepcionales, pero podría solicitarse si la defensa lo considera.

Luego, la jueza del caso, Marcela Vargas citará a una serie de audiencias intermedias llamadas de "control de acusación". En ellas, las partes analizan una a una las evidencias propuestas en la demanda acusatoria y la contestación. Estos son: testigos, peritos, documentos, etc. Lo que se debate en esas audiencias es si cada una de las evidencias es "apta" para ser utilizada en juicio oral.

Por ejemplo, uno de los intervinientes puede creer que la prueba propuesta por la otra parte es ilegal y por eso oponerse a su presentación en juicio. Esas discrepancias son, precisamente, resueltas en la audiencia de control de acusación con la intervención del juez de garantías.

Una vez que las evidencias pasan ese filtro, se convierten en "prueba" (se llama de esta manera a las evidencias admisibles para usar en juicio). A partir de ahí, lo que corresponde es que Vargas pase el caso a un juez electo por sorteo (y que nunca haya tenido contacto directo con el expediente), para que ese nuevo juez cite al juicio.