Declaró condenado por el caso Penadés y se reeditó el debate por los chats: ¿se rompió la cadena de custodia?

La investigación por el caso Penadés debe cerrarse en, máximo, 15 días. Pero la recta final de la indagatoria es ajetreada. La semana pasada hubo un allanamiento en un apartamento que supo ser del exsenador Gustavo Penadés y este miércoles se concretó, después de meses, la declaración de Federico Rodríguez, un expolicía condenado por participar en la “trama” para salvar al exlegislador.

Se trata de una declaración que había sido solicitada tiempo atrás y, por diferentes cuestiones procesales, se fue aplazando. A comienzos de este año, la exfiscal del caso, Alicia Ghione, había denunciado que Rodríguez estaba amenazado por Carlos Tarocco, el exdirector del Comcar, condenado por los mismos hechos. Tarocco fue liberado la semana pasada.

Según reconstruyó El País, Rodríguez declaró durante poco menos de una hora y se refirió a los hechos por los que fue condenado. Él era el encargado de seguir e intentar seducir a Jonathan Mastropierro, una de las víctimas del caso, para intentar sacarle información sobre el resto de los denunciantes.

Este miércoles, el expolicía aseguró que nunca llegó a cobrar el dinero que se le había prometido y reiteró que la operativa involucraba a otras cinco personas.

Foto: Estefanía Leal

Después de haberle hecho un cuestionario genérico, la nueva fiscal del caso, Isabel Ithurralde, pretendió preguntarle sobre los chats que mantuvo con diferentes personas sobre el tema. Para hacerlo, quiso “incorporar” los mensajes a la causa judicial. Ellos ya constan en la carpeta de la Fiscalía -y la defensa tiene acceso a ellos-, pero “incorporarlos” significa presentarlos en juicio.

La declaración de Rodríguez, como las que hubo de las víctimas del caso, tienen la particularidad que, por regla, deberían darse durante el juicio (que aún no comenzó), pero por su especial vulnerabilidad el Código del Proceso Penal habilita a tomarlas antes.

La petición de Ithurralde de “incorporar” los chats desató un nuevo debate. Los abogados de Penadés, Homero Guerrero y Laura Robatto, se opusieron. Afirmaron que no se les avisó que la Fiscalía interrogaría al testigo sobre las conversaciones. En ese sentido, plantearon que se rompió la cadena de custodia del dispositivo porque fue utilizado previo a la pericia.

Luego de una extensa discusión, la jueza consideró que la discusión sobre la eventual ruptura de la cadena de custodia debe darse en el juicio. Pero sí entendió que la defensa debía saber específicamente qué chats pretende incorporar la Fiscalía antes del interrogatorio. Por ese motivo, suspendió la instancia y dispuso que se continuara en los próximos días. En la audiencia en que Rodríguez fue condenado, en diciembre de 2023, la fiscal Ghione leyó algunos de ellos. Por ejemplo, refirió a una comunicación que tuvo con Tarocco en la que coordinaban qué diría ante la Fiscalía. En otro, el expolicía decía: “Creo que lo tengo identificado” a un joven que, creían, podría haber sido uno de los denunciantes.

Foto: Archivo El País.

El año pasado, cuando la Justicia imputó a Penadés por un delito vinculado a “la trama”, Guerrero esbozó parte de su teoría del caso. En ese momento, afirmó que esta “trama” surgió por parte de los condenados que buscaron solidarizarse con el exsenador y ayudarlo en lo que pudieran. Insistió en que Penadés se enteró de lo sucedido cuando ya todo estaba pasando y que dio dinero solo cuando se lo pidieron. Lo “indujeron” a entregar “algunas cifras de dinero” en un momento de “gran perturbación de ánimo”, advirtió.

Ghione, por su parte, insistía en que quien lideraba la trama era Penadés, puesto que la financió y cotejaba información con los otros participantes.

La investigación del caso Penadés ocupó el plazo máximo que prevé la ley: dos años. Estos se vencen el próximo 10 de octubre y son improrrogables. Para esa fecha, la fiscal Ithurralde deberá presentar la demanda acusatoria.

En ella debe explicitar cuáles son los hechos por los que entiende que es responsable, cuáles son los delitos que cree que cometió, y a qué pena debe ser condenado. Además, debe enumerar la prueba que pretende presentar en juicio para probarlo.

A partir de allí, se abre una ventana de 30 días para que la defensa de Penadés y la de Sebastián Mauvezín contesten la demanda de la Fiscalía, pidan la absolución de sus clientes y propongan prueba a presentar en juicio para sustentar su teoría del caso.

Finalmente, Vargas citará a una audiencia para debatir cuáles de las pruebas propuestas ingresan a juicio. Una vez que eso esté saldado, todo estará listo para que otro juez comience el juicio.

Foto: Leonardo Mainé

La semana pasada la Policía allanó un departamento en el barrio Cordón en el que, hace dos décadas, vivió Gustavo Penadés. Una de las víctimas del caso, Javier Viana, afirmó que fue abusado en ese lugar cuando tenía 17 años. Según supo El País, Policía Científica tenía orden de realizar registros fotográficos de varios espacios comunes. El procedimiento se hizo a pedido de la fiscal Ithurralde y estuvo autorizado por la jueza Vargas. La abogada de Penadés, Laura Robatto, se enteró del allanamiento un día después de ocurrido.