Caso Penadés: jueza explicó por qué extendió la prisión para los imputados aunque no está de acuerdo

En poco más de 20 días se cumplirán dos años de que Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín están presos. Este viernes, en una audiencia que el profesor pidió para que revise su situación, la jueza Marcela Vargas explicó por qué sigue extendiendo la prisión preventiva pese a que cree que deberían estar en arresto domiciliario. En junio, cuando hubo una audiencia para analizar el mismo tema, había referido a que pretendía evitar la “conmoción social” que significaba enviar a Penadés a su domicilio y que luego el Tribunal de Apelaciones, como ya lo había hecho en febrero, revocara la medida y la Policía fuera nuevamente a arrestarlo a su casa, junto a las cámaras de televisión.

En la audiencia de este viernes, la jueza explicó su fallo del mes de junio, que en su momento le valió críticas del Tribunal de Apelaciones. Los ministros del tribunal de cuarto turno habían dicho que Vargas “debía limitarse a hablar por ella y no por lo que el tribunal podría llegar a resolver”, refiriéndose a que la jueza había dicho que ya sabía que su eventual decisión de enviarlos a domiciliaria sería revocada, porque así había ocurrido antes.

Ayer, la jueza les dijo a los defensores de Mauvezín, Rosana Gavazzo y Fernando Gomes Santoro: “Ustedes me ponen en un brete, me ponen contra la pared, porque obviamente yo entiendo que esos riesgos en este momento pueden ser morigerados de otra forma. Esa es mi posición. Y si mantuve la resolución (en junio), no fue por un argumento ad hominem de que lo que piense un tribunal superior me tenga que determinar a mí”.

Además, se refirió a las críticas recibidas por haber hablado de “conmoción social”. Cuando originalmente utilizó el término, había dicho que era un “fundamento pragmático”, que buscaba evitar que, por segunda vez, la Policía tuviera que ir a detener a Penadés a su domicilio y eso fuera televisado. Sin embargo, eso también generó una respuesta de los ministros del tribunal. Aseguraron que una “supuesta conmoción social” no debe ser una pauta para imponer o no una medida cautelar.

Sobre este punto, este viernes Vargas dijo: “Tampoco (resolví lo que resolví) por el temido concepto de ‘conmoción social’ que no se puede manifestar, sino que fue por otros motivos empíricos y de mantenimiento de la coherencia, de la institucionalidad”.

Ignacio Sánchez

De todas maneras, frente al petitorio del profesor de rever su situación particular, hizo un matiz. Al momento está vigente un fallo del tribunal que establece que tanto él como Penadés deben estar presos, al menos, hasta el 10 de octubre. Si bien los imputados tienen derecho a pedir que eso se revise en cualquier momento, la jueza coincidió con la Fiscalía en que se aplica un artículo del Código del Proceso Penal que establece que se debe conceder la sustitución de la medida siempre que “hayan desaparecido los presupuestos en que se haya fundado su imposición”.

Es decir, significa que era carga de la defensa del profesor demostrar que los motivos por los que se había extendido la prisión hasta el 10 de octubre, habían desaparecido. Una vez llegue esa fecha, la situación será distinta, porque será la Fiscalía la que tenga el rol activo de tener que probar que esos riesgos siguen vigentes.

Los abogados de Mauvezín apelaron la decisión. Argumentaron que la carga de la prueba no la tiene la defensa y que el profesor mantiene el estado de inocencia, puesto que no tiene una condena firme en contra. Además, Gavazzo aseguró que sí hubo cambios en la causa desde que el Tribunal de Apelaciones extendió la prisión preventiva, que fue el acceso al informe de la policía sobre un celular de Romina Celeste Papasso donde surge que podría tener un “eventual manejo” de “la situación”. Los chats, dijo la abogada, demuestran que Mauvezín “no tomó contacto con las víctimas” ni pretendió amedrentarlas.

Fragmentos del contenido de esos chats fueron divulgados por El Observador. En uno de esos chats, Papasso le dijo a otra persona: “Me tenés que cuidar a mí, vas a tener que decir que es verdad lo del viejo porque yo estoy en política”.

Al referirse a los chats, la nueva fiscal del caso Isabel Ithurralde, dijo que la defensa tiene una “interpretación” de los chats. A su vez, informó que hubo víctimas que declararon nuevamente en Fiscalía y aclararon puntos que podían generar confusión.

Ignacio Sánchez

El concepto con el que comenzó su alocución la abogada Gavazzo refería a que Mauvezín y Penadés son personas diferentes, puesto que tienen distinta edad, formación, vínculos y poder. Pese a eso, argumentó, se los ha tratado de igual manera y a su cliente prácticamente ni se lo menciona, dijo. Se lo utiliza como “soporte” de la causa, pero a su vez, se lo “invisibiliza”. “Es como un elemento de presión que realiza la Fiscalía para buscar un acuerdo”, aseguró.

Insistió en que no hay “una sola prueba del vínculo de Mauvezín con D”, esta es la víctima que dijo haber mantenido contacto telefónico con él, según la teoría del caso de la Fiscalía. Afirmó que su cliente no participó de la “trama”.

En ese sentido, Ithurralde reconoció que no hay evidencia de que haya participado (en algún momento Alicia Ghione sugirió que sí podría haberlo hecho), pero afirmó que indudablemente “conoce” a los menores porque era quien trataba con ellos. Eso genera un riesgo para las víctimas, explicó, puesto que podría ir tras ellos.

El abogado de la mayoría de las víctimas, Juan Raúl Williman, expresó por su parte que “de alguna manera Mauvezín trabajaba para Penadés” y por eso “no se puede desmembrar”. Recordó que, recogiendo ese concepto, el Tribunal de Apelaciones lo llamó “el hombre de atrás”.