Caso Penadés: Fiscalía avanza en investigaciones por denuncias cruzadas de irregularidades

La investigación por el caso Penadés está en la recta final. En dos meses, la Fiscalía deberá presentar la acusación definitiva sobre el exsenador nacionalista y el profesor Sebastián Mauvezín. Pero la preparación para este momento que significará un mojón clave en el caso, está lejos de ser tranquila. La fiscal Alicia Ghione dejó de participar de la causa y, a su vez, avanzan las investigaciones por denuncias cruzadas de irregularidades.

Por un lado, en la causa principal, la Fiscalía analiza si hubo una persona allegada a Gustavo Penadés que quiso obtener la dirección de la casa de una de las víctimas del caso. Algunos días antes de la declaración de Javier Viana, el Ministerio Público supo que había una persona que, presuntamente, quería conocer su ubicación, cuando sus datos personales están reservados por decreto judicial. El dato apuntaba a que había sido una experiodista que ofrece servicios de comunicación para algunos integrantes del Partido Nacional y que trabajó para Penadés.

También se enteró de lo sucedido el propio denunciante, quien está radicado en España hace más de 20 años y comenzó a formar parte de la causa pocos meses atrás. La fiscal Ghione lo convocó luego de que diera detalles de lo que había vivido en el libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder.

En el contexto de su declaración judicial, Viana reportó esta situación ante la jueza del caso, Marcela Vargas, y dijo que quisieron averiguar su dirección, informó VTV.

La Fiscalía, cuando fue originalmente informada de ese dato y previo a la comparecencia al juzgado de Viana, le tomó declaración a dos personas. Una de ellas conoce tanto a la víctima como a la comunicadora, puesto que, en el pasado tuvo un vínculo laboral con ambos (aunque en diferentes momentos). La testigo, que declaró a fines de junio, indicó que la mujer quería saber dónde residía el denunciante.

Sus datos personales están reservados por un decreto judicial que fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones.

Ante la Fiscalía, Viana contó que cuando tenía 16 años caminaba una noche por la avenida 18 de julio cuando lo interceptó el exsenador, que iba en su auto. Para ese entonces él vivía solo en una pensión, estudiaba peluquería y trabajaba en un supermercado. El político lo invitó a tomar algo y le ofreció un pancho y una gaseosa, pero eso se convirtió en el inicio de años de abusos, según le contó en ese momento a Alicia Ghione.

Aseguró que fue abusado sexualmente varias veces, maltratado, denigrado y que era retribuido con distintos objetos materiales que, por su situación precaria, le venían bien. También ratificó lo que contó en el libro respecto de "los chicos Penadés", hombres jóvenes (él sospechaba que algunos eran menores de edad), que participaban de las fiestas sexuales que, dice, realizaba el exlegislador.

Por otra parte, en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos continúa avanzando la indagatoria contra Alicia Ghione, quien hasta hace pocas semanas estaba al frente del caso Penadés. Ella fue denunciada por los abogados del exsenador, Laura Robatto y Homero Guerrero, por, presuntamente, haber omitido denunciar un delito de parte de una de las víctimas.

En 2024, Guerrero y Robatto pidieron acceder al contenido del celular de Jonathan Mastropierro. Este había sido incautado un par de años antes cuando se lo investigó y luego condenó por estafa. Aunque al principio Ghione se negó a entregarlo —argumentando que es “revictimizante” y que en su causa Mastropierro no es indagado—, finalmente accedió.

Allí detectaron, según su denuncia, que había material pornográfico de menores. Indicaron que la fiscal, teniendo esas imágenes, no remitió la información a la Fiscalía para que se investigara.

El fiscal Gilberto Rodríguez está encargado de investigar esa posible omisión y, en ese marco, le tomó declaración a su colega Silvia Pérez. Ella, años atrás, fue quien había investigado las estafas de Mastropierro. Pérez sostuvo, según informó El Observador, que en ese momento había visto las imágenes y había pedido que se notificara a una Fiscalía de Delitos Sexuales para que se investigara. Sin embargo, agregó, cuando tuvo oportunidad de hablar con Ghione le manifestó que esas imágenes estaban allí.

Foto: Francisco Flores/El País.

A su vez, fiscales adscriptos que pasaron por la causa —María José Brisco, Mariana Bentancor, Agustina Santos y Federico Pion— contaron que no estaban de acuerdo con la relación que había formado con las víctimas y rechazaron, por ejemplo, reunirse en un bar con algunas de ellas. En ese momento, Ghione justificaba que con la “trama” imperando, algunas víctimas tenían miedo de ir a Fiscalía y la ley no impide reunirse en otro lado.

Además, Bentancor aseguró que cuando Romina Celeste Papasso le reconoció a Ghione que había inventado un chat para inculpar a Sebastián Mauvezín, la fiscal se resistía a reportarlo porque era “su víctima”. Luego, ante la insistencia de sus compañeras, lo hizo y Papasso terminó condenada por ese hecho.

En base a estas declaraciones, el fiscal Gilberto Rodríguez sigue profundizando en el caso. Según supo El País, en las próximas semanas citará a los testigos que sugirió Ghione a través de su abogado, Gastón Chaves, entre los que están los fiscales adscriptos que la acompañaron en los últimos meses: Federico Fascioli y Lucía Castro.

Además, deberá estudiar la ampliación de la denuncia presentada por Robatto y por Guerrero. Ellos presentaron documentación policial que resume el contenido del celular de Papasso (incautado por la falsa denuncia contra Yamandú Orsi). Según su denuncia —recogida por El Observador—, Papasso escribió en algunos chats que tenía miedo que se “arruine” el caso y habló de cuánto cobraría cada víctima como indemnización si Penadés fuera condenado.

Una vez que se recabe y estudie toda la prueba mencionada, la Fiscalía estará en condiciones de definir si pide imputar penalmente a Ghione por la omisión de denunciar delitos o si archiva el caso. Este delito tiene una pena mínima de tres meses de prisión y máxima de 18 meses, por lo que es excarcelable.

Al momento, la fiscal se encuentra con licencia médica desde hace varias semanas y, según reportó Telenoche, está en el exterior.