COVID-19 EN URUGUAY

El martes 22, autoridades de la Suprema Corte de Justicia concurrieron a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados para dar su opinión sobre dos anteproyectos de ley elaborados por el Colegio de Abogados. Uno de ellos refiere al corrimiento de los plazos procesales suspendidos por la emergencia sanitaria generada por el arribo al país del COVID-19 y el otro habilita a la Corte a utilizar plataformas de videoconferencias en audiencias judiciales (Zoom, Skype, entre otras). En este momento, el Poder Judicial cuenta con un sistema propio llamado Audire, pero solo funciona en recintos judiciales.

En su intervención, el ministro de la Suprema Corte Eduardo Turell dejó entrever que el organismo se inclinaba por el reinicio de la actividad judicial en forma presencial. Y agregó que este se hará “en forma progresiva” y “monitoreada” a partir del próximo 4 de mayo.

Una explicación de por qué la Corte no avala el uso de plataformas de videoconferencias vía web podría surgir de las afirmaciones del director de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, en la comisión parlamentaria.

Según Pesce, la corporación realizó una revisión de cronogramas y planes de trabajo para ver si podía adelantar algunas innovaciones tecnológicas que ya estaban en su mapa de ruta.

“Hemos quintuplicado nuestra capacidad de videoconferencias; hemos hecho algunos desarrollos rápidamente para tener agendas a través de Internet y de la ventanilla única judicial”, dijo el jerarca del Poder Judicial.

Pesce explicó a los parlamentarios que la corporación pretende que, cuando se reinicie la actividad en los juzgados, la afluencia de público se hará con reserva de cita previa y se procurará controlar el flujo de personas en los juzgados.

La corporación invitó a los gremios de jueces, actuarios y funcionarios judiciales a una reunión para el próximo martes para escuchar sus exigencias y solicitudes de medidas de cara al reinicio de la actividad judicial el próximo 4 de mayo.

La Directiva de la Asociación de Magistrados aún no resolvió qué medidas planteará a la corte. Los actuarios tampoco se expidieron. El sindicato que sí pone reparos al inicio de la actividad es el de los funcionarios judiciales.

Carla Deleón, secretaria de prensa de dicho gremio, señaló a El País que el Consejo tratará el tema el próximo martes. Sin embargo, la dirigente manifestó sus dudas sobre que la Asociación de Funcionarios Judiciales esté de acuerdo con el arranque de plano con la actividad judicial. “Sería una locura. Las condiciones no están dadas. No hay un protocolo a seguir. No se puede guardar las distancias en las audiencias con mucha gente. Hay que trabajar bastante para arrancar el trabajo” en los juzgados, dijo Deleón tras aclarar que la suya era una opinión personal.

Dijo que en la reunión del martes con la Corte el gremio planteará que será fundamental la colocación de mamparas en los juzgados y pedirá a la Corte que exija al público que ingrese con tapaboca.

“Ese deberá ser un requisito. En las audiencias hay acumulaciones de personas. Va a ser un caos”, afirmó.

Nohelia Corbo, también dirigente de los funcionarios judiciales, dijo a El País que la Corte debía desinfectar los locales de audiencias, regular la cantidad de personas que ingresen a los juzgados y que continúen certificados los trabajadores de mayor edad hasta que disminuya el riesgo de contagio.