OTRO EFECTO DEL VIRUS

El martes 14 se realizó la primer audiencia penal por Whatsapp en la provincia del Chaco, Argentina. Como cualquier audiencia, estaban presentes todas las partes: jueza (asistida por secretaria y prosecretaria), fiscal, defensora particular e imputado, cada uno desde el lugar físico en que se encontraba en ese momento.

El mismo día, en Santiago de Chile, se efectuó una audiencia en un juzgado civil por la reorganización de una empresa. Chile es un pionero en la utilización de plataformas virtuales para audiencias.

En Colombia, las audiencias virtuales ya están consolidadas desde hace tres semanas. Por ejemplo, los jueces de control de garantías dirigen las audiencias desde sus casas.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ya habilitó la realización de algunas audiencias virtuales, sobre todo en el interior de Uruguay. Para evitar que algún profesional impugne alguna de ellas al no estar establecidas por ley, el Colegio de Abogados elaboró un proyecto que será analizado por el Parlamento.

El anteproyecto de ley del Colegio de Abogados habilita la utilización de plataformas virtuales en audiencias tanto para el Poder Judicial como para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

De aprobarse la medida, supondrá el fin de voluminosos expedientes de papel que hoy llenan las estanterías y depósitos de juzgados y tribunales de todas las materias.

Las audiencias, que serán grabadas, abarcarán todos los actos procesales (controles de detención, acusaciones, presentaciones de documentos, etc.) y a todas las materias judiciales (civil, penal, laboral y contencioso administrativo, entre otras). La iniciativa del Colegio de Abogados habilita también la presentación por parte de abogados de escritos por correo electrónico para casos en curso o que vendrán.

El proyecto de ley del Colegio de Abogados señala que lo cierto es que las medidas adoptadas y a adoptarse por el Estado tras la llegada del coronavirus suponen la paralización de una parte muy importante del servicio de Justicia, sin un horizonte claro de retorno a la actividad normal. Ello, agrega, afecta a los justiciables y a todos los operadores del sistema judicial. “Este proyecto busca atender a esa situación habilitando la realización de actos procesales por medio de las tecnologías de la información y la comunicación”, explica la iniciativa.

En 2016, la Corte anunció que tenía casi todo listo para implementar el expediente electrónico. La iniciativa quedó en el camino por problemas presupuestales. Ahora la pandemia del COVID-19 obliga a la corporación a invertir en tecnología.