Cada vez que hay una novedad vinculada al caso de Alejandro Astesiano -el exjefe de la custodia presidencial imputado con prisión- se genera una especial preocupación en la Torre Ejecutiva por el impacto que ello puede tener en la opinión pública y el capital político que pueden sacar los dirigentes del Frente Amplio.

Por eso, preocupó cuando el secretario y prosecretario de Presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés -respectivamente- declararon como testigos ante la fiscal de Flagrancia Gabriela Fossati, la encargada de investigar el caso Astesiano, el excustodio presidencial involucrado a una banda dedicada a la falsificación de partidas de nacimientos para otorgar luego pasaportes a ciudadanos rusos, pero también indagado por presunto tráfico de influencias a raíz de varias conversación de WhatsApp que el hombre mantuvo durante meses con jerarcas policiales, funcionarios y empresarios.

Ahora se sumó la novedad, conocida ayer a la tarde, de la declaración que también hizo el propio presidente Luis Lacalle Pou -también en calidad de testigo -ante la fiscal Fossati, el pasado 26 de diciembre.

Y tanto en el caso de los jerarcas de Presidencia como en el del mandatario -quien a diferencia de los otros no fue hasta la sede fiscal sino que respondió las preguntas de Fossati en la residencia de Suárez y Reyes-, las declaraciones se encuentran bajo reserva por un plazo de 40 días.

Las reservas fueron solicitadas, como es de rigor, por parte de la Fiscalía, en atención a que la difusión de lo declarado puede atentar al desarrollo de la investigación, y fueron todas decretadas por el juez de garantías Alejandro Asteggiante.

Esa condición -que evita que nadie, ni siquiera el resto de los encausados, acceda al contenido de lo declarado- puede ser prorrogada una vez vencido ese plazo “toda vez que (el fiscal) lo considere necesario para asegurar la eficacia de la investigación”, tal como se establece en el artículo 259 del nuevo Código del Proceso Penal. Hay, no obstante, un límite: no puede pasarse de los seis meses.

No es común que un presidente en funciones declare ante un juez o un fiscal, pero hay un antecedente reciente: el presidente del anterior período de gobierno, el fallecido Tabaré Vázquez, declaró también como testigo ante un fiscal -Rodrigo Morosoli- el 4 de junio de 2019, en el marco de una investigación que procuraba conocer si había responsabilidades penales en la demora en denunciar penalmente la confesión que había hecho José Nino Gavazzo en un Tribunal de Honor sobre la muerte de Roberto Gomensoro -cuyo cuerpo, admitió el represor, tiró al Río Negro en 1973.

Ambos ocurrieron también en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, pero hay, sin embargo, dos diferencias: en aquel entonces el fiscal Morosoli -que más tarde iba a solicitar la formalización de Guido Manini Ríos, que luego el Senado, en defensa de sus fueros, negó- no solicitó que la declaración fuera declarada reservada, y el interrogatorio fue bastante más breve -duró media hora.

La declaración de Lacalle Pou, en cambio, duró al menos cuatro horas -se hizo desde las 10.30 hasta las 14.30 del pasado 26 de diciembre, tal como informó ayer el programa Así nos va, de Radio Carve-, un lapso que, según fuentes judiciales consultadas, puede considerarse extenso.

Para llevar a cabo el interrogatorio, la fiscal debió pedirle autorización al fiscal de Corte, Juan Gómez, pues desde 25 de diciembre el Ministerio Público, junto con el Poder Judicial, se encuentra en período de feria.

El permiso fue, en concreto, para trabajar el 26 y 29 de diciembre, algo a lo que el jerarca accedió, según confirmó el propio Gómez en diálogo con El País.

Fossati no dio detalle alguno acerca de lo que haría, aunque sí le comunicó que la actividad tenía relación con este caso. “El argumento que utilizó estaba vinculado a las necesidades de su investigación”, aseguró Gómez.

Lo primero que se supo públicamente fue la declaración que hizo Lorena Ponce de León, esposa del presidente, el mismo 26 de diciembre, luego de que fueran divulgados varios mensajes entre el exjefe de custodia y el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, en los que el primero le solicitaba al jerarca policial averiguar el destino de un viaje que la primera dama estaba a punto de realizar, pedido al que accedió -como consta en esas mismas comunicaciones.

En esa instancia, tal como declaró la fiscal a El Observador días atrás, la investigadora descartó que se hubieran afectado los derechos de Ponce de León, porque ante esa pregunta concreta la mujer respondió con un “‘no’ contundente”.

“Soy una fiscal muy comprometida con la violencia de género -dijo Fossati-. Ella me aseguró que nada más alejado de la realidad. Después de hablar, no tengo dudas de que no hubo ninguna situación de violencia, ni de control, solo de cuidado”.

Ahora, ante la consulta de El País respecto a la declaración de Lacalle Pou, la fiscal declinó hacer comentarios por encontrarse de licencia.

El hecho de que se hiciera público ayer que había declarado el primer mandatario generó incomodidad en Presidencia, porque entienden que la información debería estar bajo la debida reserva de la investigación fiscal.

Lo mismo sorprendió en ámbitos judiciales, en donde reparan que, de hecho, Fossati abrió una nueva línea de indagatoria -de las varias que ya tiene por este caso- dedicada a encontrar responsabilidades en la filtración de material que forma parte de la carpeta investigativa. Incluso, como informó El País a fines de diciembre, la fiscal ya asignó a la Policía de Delitos Complejos para que cite como testigos a todas las personas que tuvieron acceso a la evidencia de esta causa.

Pero hay una segunda molestia de parte de algunas de las defensas del caso, no ya vinculado a las filtraciones sino al criterio que tiene Fossati para decretar en calidad de qué van a declarar los diferentes actores involucrados en la trama. Es decir, hay abogados que no comprenden que la funcionaria invoque el argumento de “la mayor garantía” que obtienen las personas cuando asisten a un interrogatorio con asesoramiento legal -esto es, que declaren como indagados-, y que sin embargo eso mismo no sea ponderado para el caso de los jerarcas de gobierno, que no cargan así con el mote de estar sospechados de implicación por responder ante un fiscal con la compañía de un abogado. Y a esto se le agrega, reclaman los abogados, que haya declaraciones que no tengan el beneficio de la reserva.