"Un escándalo sobre pasaportes falsos en Uruguay se ha convertido en acusaciones de espionaje político y corrupción que podrían amenazar la reputación de la nación como faro de estabilidad en América Latina". Así inicia el artículo del medio especializado en economía Financial Times, publicado este martes, que habla sobre cómo la situación del exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano y el caso del narcotraficante Sebastián Marset impactan al país.
La nota, cuyo título se traduce a "el escándalo de los pasaportes en Uruguay obliga a ajustar cuentas con la corrupción", sostiene que "la reputación de un país latinoamericano de sólida gobernabilidad (está) en riesgo mientras sus líderes se enfrentan a múltiples acusaciones".
El artículo hace un repaso por algunos hitos del caso vinculado a Astesiano, como el denunciado espionaje a los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera. "Estas controversias han alzado preguntas alrededor de si la corrupción en el sistema político uruguayo ha pasado inadvertida. El foco ahora ha pasado a qué va a hacer (el presidente de la República, Luis) Lacalle Pou para salvaguardar el Estado de derecho y exigir responsabilidades a los implicados".
También afirma que "los chats filtrados del celular de Astesiano han complicado aún más el caso para el gobierno, amenazando con implicar a miembros del gabinete de Lacalle. La presión ha ido en aumento para que más funcionarios entreguen sus teléfonos a fin de que los investigadores puedan indagar más a fondo".
Luego, el artículo menciona a Marset. "Al mismo tiempo que se desarrollaban estas controversias, se filtraron otros mensajes de una investigación separada de la Fiscalía de Delitos Económicos del país que parecen implicar a altos funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior en la entrega de documentos de viaje a Marset". Con estas líneas, el Financial Times se refiere a la conversación que trascendió entre la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, y a su par en ese momento en el Ministerio del Interior, Guillermo Maciel.
Ante todo esto, Gil Iribarne, expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), expresó que Uruguay podría 'caer a los niveles' de otros países donde crece la desconfianza en las instituciones del Estado, como Brasil y Colombia, si no se investigan adecuadamente estos casos y se tranquiliza a la ciudadanía, indica el artículo.
"'Los uruguayos quieren ver que hay consecuencias para las acciones', dijo Gil Iribarne. 'Al público le sigue importando y se está enfadando'", culmina el texto.