ASSE le retuvo medio sueldo a una enfermera sin avisarle y la Justicia condenó al organismo a indemnizarla

La Asesoría Legal de ASSE había indicado que correspondía devolverle el dinero; dos meses después, cuando la funcionaria ya había concurrido a una pericia del BPS, volvieron a retenerle la mitad del salario.

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Cartel de ASSE.
Cartel de ASSE.
Foto: Archivo El País.

El recibo de sueldo de una enfermera de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) decía que en agosto de 2023 le correspondía cobrar $ 20.968 líquidos. Pero, al revisar su cuenta, la funcionaria comprobó que faltaba dinero.

Ningún renglón del recibo explicaba la diferencia. Después supo que el prestador público le había retenido la mitad del salario porque entendía que no había dado seguimiento a su trámite de jubilación por incapacidad ante el Banco de Previsión Social (BPS).

La Justicia condenó a ASSE a pagarle a la enfermera US$ 2.000 por daño moral y $ 9.552 por perjuicios económicos, más reajustes e intereses. El juez concluyó que el prestador de salud público había actuado con "ilegalidad y exceso de poder". En la demanda, sus abogados, Juan Raúl Williman e Ignacio Barlocci, señalaron que la funcionaria nunca recibió aviso previo de las retenciones y desconocía cuánto tiempo durarían.

En enero de 2015, una junta médica de ASSE determinó que la funcionaria tenía una “incapacidad permanente” para desempeñar su cargo de enfermera. En agosto de ese año, el organismo le dio cinco días para acreditar que había iniciado el trámite jubilatorio y le advirtió que, si incumplía, podía retenerle hasta la mitad del sueldo.

Ante ese escenario, la enfermera solicitó la jubilación en el BPS el 7 de agosto y, tres días después, ASSE ya tenía la constancia de que había comenzado el trámite. Sin embargo, la gestión de la jubilación en el BPS se extendió durante años, en los que hubo períodos de inactividad, dictámenes médicos desfavorables y recursos de la funcionaria.

En agosto de 2023, el expediente estaba archivado. El día 2 de ese mes, la enfermera pidió al BPS que lo reabriera y, al día siguiente, ASSE le dio cinco días hábiles para acreditar en qué estado estaba el trámite. Pero, para ese momento, el organismo ya le retenía la mitad del sueldo, según consta en la sentencia.

Un punto clave es que esta notificación que recibió la funcionaria advertía de una posible sanción, pero no mencionaba la retención.

Dentro de ASSE, el 7 de setiembre, su área de asesoría legal entendió que la funcionaria había acreditado la continuación del trámite jubilatorio en el BPS y que, por lo tanto, correspondía levantar la medida y devolverle el dinero que se le había retenido.

Sin embargo, la enfermera volvió a escribir a Recursos Humanos el 3 de noviembre para denunciar que era la tercera vez en cuatro meses que le retenían la mitad del sueldo, sin explicarle quién había tomado la decisión ni por qué.

Al contestar la demanda, ASSE atribuyó a la enfermera la demora del trámite jubilatorio. Sostuvo que el expediente se había archivado en el BPS por falta de seguimiento de la funcionaria y que ella conocía desde 2015 la advertencia sobre su salario.

Para el juez, la enfermera había cumplido con lo que ASSE le exigió en 2015 al iniciar el trámite jubilatorio y presentar la constancia. Tampoco había pruebas de que hubiera faltado a una citación de las juntas médicas de ASSE, el otro supuesto que podía habilitar la retención. Si el organismo entendía que la funcionaria había incurrido en una omisión posterior, podía abrir un procedimiento disciplinario, pero nunca lo hizo.

La enfermera vivía sola y el sueldo era su único ingreso. Según declararon en el juicio familiares y allegados, tuvo que pedir ayuda a sus hijos para comprar comida y pagar los servicios.

Los testigos también describieron episodios de angustia e insomnio. El juez entendió que las retenciones agravaron un cuadro de salud preexistente y fijó la indemnización por daño moral en US$ 2.000. La funcionaria había reclamado US$ 30.000.

A los US$ 2.000 por daño moral se agregan $ 1.552 por la pérdida de valor de los salarios que cobró tarde y $ 8.000 por los gastos de las gestiones que debió hacer para recuperarlos.

El juez rechazó que ASSE debiera pagar los intereses e impuestos de un préstamo del Banco República. Gran parte de la operación refinanciaba una deuda de 2020 y no se probó qué costo podía atribuirse a las retenciones. Tampoco responsabilizó a ASSE por la demora del trámite jubilatorio, que se produjo en el BPS.

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