Justicia anuló sanción de la SCJ a una jueza que impidió a una funcionaria con mastitis extraerse leche

La Justicia anuló la sanción de 15 días de suspensión sin goce de sueldo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) había impuesto a una jueza de Paz de Durazno por actos de violencia laboral contra una funcionaria que se había reintegrado de su licencia maternal y necesitaba extraerse leche durante su jornada de trabajo.

La sentencia, dictada por la jueza subrogante de lo Contencioso Anulatorio, Lucía Techera, consideró que existieron "conductas reprochables" por parte de la magistrada, entre ellas haber impedido la extracción de leche durante el primer día de trabajo. Sin embargo, concluyó que otras situaciones denunciadas no fueron suficientemente probadas y que la sanción aplicada por la SCJ fue desproporcionada.

El conflicto ocurrió en mayo de 2022, en el Juzgado de Paz de El Carmen, en Durazno. La funcionaria acababa de reintegrarse de su licencia maternal, tenía una jornada reducida por lactancia y padecía mastitis, una inflamación mamaria que puede provocar dolor.

Según consta en la sentencia a la que accedió El País, el 9 de mayo de ese año, durante su primera jornada de trabajo, la funcionaria le planteó a la jueza que necesitaba extraerse leche. La magistrada le respondió que debía consultar con Recursos Humanos del Poder Judicial si podía hacerlo dentro de su horario reducido.

La funcionaria declaró que esa respuesta le impidió realizar la extracción. "Me fui llorando ese día, fue una situación hostil todo el tiempo de trabajo", relató durante el procedimiento administrativo. También señaló que tenía dos horas de viaje y que todavía atravesaba problemas de salud vinculados con la mastitis. "Saber que no podía extraerme me afectaba mucho", agregó.

La magistrada, por su parte, negó haberle prohibido la extracción. Explicó que desconocía si correspondía autorizarla durante una jornada que ya estaba reducida por lactancia y que por ese motivo decidió consultar a Recursos Humanos. Pero la sentencia consideró probado que esa decisión demoró y, en los hechos, imposibilitó que la funcionaria se extrajera leche durante el primer día.

El conflicto continuó durante la segunda jornada. Según relató la denunciante, mientras se encontraba sola en el juzgado cerró temporalmente la oficina para extraerse leche. Cuando la magistrada llegó y encontró la puerta cerrada, se produjo una discusión.

La funcionaria afirmó que la jueza le gritó y la trató de mala manera. La magistrada negó esas acusaciones y sostuvo que únicamente le pidió que, si necesitaba cerrar la oficina, le avisara o colocara un cartel para informar al público.

La sentencia dio por probado que existió ese intercambio, pero no encontró elementos suficientes para acreditar gritos o amenazas. También consideró razonable que la magistrada solicitara un aviso, teniendo en cuenta que el juzgado contaba con una única funcionaria y que ambas habían acordado un horario para la extracción de leche.

Durante esos días también hubo discrepancias por el lugar donde la funcionaria estacionaba su vehículo y por el horario de ingreso. En uno de los episodios, la trabajadora sostuvo que había ingresado a las 12:52, pero la jueza registró las 12:57, tomando como referencia el reloj de la oficina.

Ambas situaciones fueron consideradas probadas por la Justicia, que entendió que la magistrada había actuado con "una rigidez excesiva".

La funcionaria terminó trabajando dos jornadas y media con la jueza y posteriormente comenzó a presentar certificaciones médicas. Durante el procedimiento administrativo aportó certificados que hacían referencia a "estrés postraumático y mobbing".

El caso llegó a la Comisión Asesora en materia de Acoso Laboral del Poder Judicial. En enero de 2024, el organismo concluyó que, debido al breve período de trabajo compartido, no se configuraban los requisitos del acoso laboral.

Igualmente, entendió que las acciones de la magistrada habían "dificultado o postergado la extracción de leche", generando una situación de violencia vinculada con la lactancia. Luego se inició un sumario administrativo. La instructora consideró que existieron actos de violencia laboral y recomendó "una amonestación". Un informe jurídico posterior propuso una suspensión de 10 días.

Finalmente, el 5 de junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia dispuso una sanción de 15 días de suspensión sin goce de sueldo. tras entender que la magistrada había tenido un "comportamiento incompatible con su cargo" y que su falta de experiencia en la función judicial no justificaba la forma en que actuó.

La jueza sancionada recurrió la resolución, pero la SCJ mantuvo su decisión. Ante esa situación, presentó una demanda de nulidad contra el Poder Judicial.

Al estudiar el caso, la jueza Lucía Techera concluyó que algunas de las conductas denunciadas habían sido probadas, pero otras no.

Entre los hechos que no consideró del todo acreditados se encuentran las presuntas agresiones físicas o verbales, los gritos y amenazas, el supuesto hostigamiento mediante mensajes y llamadas durante las licencias médicas y la atribución exclusiva de las certificaciones de la funcionaria a lo ocurrido en el juzgado.

Por otra parte, sí entendió que la magistrada había cometido una falta disciplinaria al "no saber gestionar una situación que involucraba a una trabajadora en condiciones de vulnerabilidad".

A pesar de considerar que existió una "excesiva rigidez" en la actuación de la jueza y que las conductas probadas fueron suficientes para configurar violencia en el ámbito laboral, valoró que los episodios ocurrieron durante un período muy breve, que se trataba del primer destino de la magistrada y que varias de las acusaciones no habían sido acreditadas.

Por eso, concluyó que una suspensión inicial de 15 días sin sueldo resultaba desproporcionada frente a los hechos probados.

La sentencia también cuestionó algunas decisiones tomadas durante el sumario. Entre ellas, el rechazo de pruebas presentadas por la magistrada y la falta de una nueva oportunidad para defenderse antes de que la SCJ resolviera imponer una sanción superior a la recomendada por los informes previos. Aun así entendió que esas irregularidades no habían generado una "situación de indefensión" que determinara la nulidad por sí sola.

El fallo fue contrario a la posición de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, que había recomendado rechazar la demanda y confirmar la sanción. Finalmente, la Justicia hizo lugar a la demanda y anuló la resolución de la SCJ. La sentencia estableció que se debe "restablecer la situación jurídica afectada por el acto anulado, retrotrayendo sus efectos al momento en que fue dictado".