El gobierno dejó de pagar este mes 745 asignaciones familiares por ausentismo escolar, tal como establece la Ley 18.227, de acuerdo a datos del Banco de Previsión Social (BPS) a los que accedió El País. Se trata de una cifra superior a la suspensión de 2024, y menor respecto a años anteriores.
El decreto 239/015, que reglamentó la Ley 18.227, establece que cada año se hagan dos cortes para evaluar la continuidad de la prestación (AFAM-PE), que ronda unos $ 2.450 por mes, en promedio. En julio se hace el primero para quienes no se hayan inscripto a un centro educativo. Y en noviembre se realiza el segundo tomando en cuenta la asistencia a las instituciones.
El sistema prevé que una vez se elabora un listado de posibles suspendidos, -que surge de un intercambio de datos entre el BPS, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en el marco del Sistema de Información Integrada del Área Social (Siias)-, el Estado busque durante un mes convencer a cada menor a volver a clases.
De esta forma, quienes no se inscriban a algún centro en el primer corte, se les quita la asignación familiar desde agosto, y por ende, desde setiembre, dejan de percibir el monto. Mientras que en el segundo corte es desde diciembre, por lo que desde enero del año siguiente dejan de cobrar.
Tras corroborar en julio pasado la desvinculación de 5.382 jóvenes, en el primer corte se suspendieron 3.136 asignaciones familiares. Mientras que en noviembre detectaron que habían 858 posibles cortes por no asistir a clases, que a diciembre bajaron a 745.
El primer listado para el segundo corte comprendía 1.418 posibles suspensiones. No obstante, tras una consulta de BPS a ANEP sobre si el listado era correcto, como suele ocurrir previo a suspender una prestación, el organismo educativo ajustó esa cifra a 858, indicaron a El País fuentes del BPS.
Entre esos 858 niños y adolescentes que no concurrieron a un centro educativo, 40 correspondían a alumnos de Primaria, 113 de UTU, 452 de Secundaria, y del grupo restante no se tuvo datos, aunque se estimó que eran alumnos de educación media, dijeron fuentes de ANEP.
Antecedentes
La evolución de las suspensiones de asignaciones familiares que se dan por inasistencias ha sido dispar. El año anterior fueron 745, mientras que en 2024 se ubicó en 483. En 2023, en tanto, fueron 1.190 y en 2022 unos 791. En 2020 y el segundo semestre de 2021 no hubo cortes por la pandemia de covid. Mientras que en los años anteriores, la cifra de suspensiones fue superior altamente superior: 5.816 en 2019 y 12.607 en 2018.
La decisión del gobierno de mantener la exigencia de ir a clases para cobrar la asignación familiar marcó un cambio con lo que planteaba el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en la última campaña, inclinados por quitar esta contraprestación.
“El componente de la retribución ya no se discute más. Se tiene que terminar. No hay forma porque se te descalza una parte de la población, no le pidas algo que no te puede dar”, afirmó Orsi a VTV, durante la última campaña electoral.
Oddone planteó, también a VTV, que era “absolutamente” partidario de que las transferencias directas no sean retributivas. Y que el Frente Amplio busca ir por las “transferencias no condicionadas”, porque ha sido una “solución” en países de altos ingresos.
Pese a la decisión de sostener los cortes, que derivaron en intensos debates en el Frente Amplio una década atrás, el gobierno resaltó que en 2025 fueron “caso a caso”, en un trabajo que involucró varios organismos públicos. La administración actual también valoró que en el primer corte se revinculó a 2.246 jóvenes, mientras que en 2024 habían sido 330.
El director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Juan Martín Fernández Vallo, dijo a El País en junio que no estaba previsto cambiar este año el mecanismo, pese a estar de acuerdo con Orsi y Oddone. “Está bastante estudiado que sacarle la prestación a una persona que está faltando no debería ser la respuesta del Estado frente a una inasistencia”, indicó.
El coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, indicó a El País que se debatirá en febrero el sistema de asignaciones familiares en ese ámbito. “La idea es acordar cambios”, dijo, sin precisar detalles.
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