ANEP analiza marcha atrás y plantea elevar requisitos para docentes sin título, con impulso de consejeros

Las autoridades educativas discuten sobre si aumentar algunas condiciones para ingresar al plan de titulación, con respecto a los años de antigüedad de ejercicio y el puntaje de inspección.

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Foto: Estefanía Leal / archivo El País.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) analiza aumentar algunos de los requisitos para el plan de titulación docente de profesores de educación media. Autoridades educativas comparecieron este lunes en una comisión del Senado para informar al respecto y Pablo Caggiani, titular de la ANEP, señaló que éstos no están “tallados en piedra”, al tiempo que algunos consejeros impulsan el endurecimiento de las condiciones.

El Codicen de ANEP aprobó en octubre pasado el “Plan de egreso y titulación de docentes en ejercicio de educación media”, que busca que los profesores en ejercicio logren completar su formación, ya sea rindiendo materias pendientes o acreditando saberes, en un escenario donde solo el 70% de los docentes de Secundaria están titulados, y un 40% de los de UTU.

Si bien a nivel docente y de los sindicatos existe conformidad con el resto del plan de egreso —que permite el cursado semestral, de hasta tres o cinco asignaturas pendientes, para obtener el título—, surgieron resistencias hacia otro aspecto. La hoja de ruta planteó que podrán presentarse al plan de titulación —que todavía se encuentra en elaboración— quienes tengan una antigüedad de al menos ocho años en Secundaria y UTU, reporten un puntaje de inspección o dirección no menor al 71% (aceptable) en los últimos tres años, y acrediten una formación equivalente al 50% o más de la carrera. Estos requisitos son los que ahora la ANEP se apresta a aumentar.

Según dijo Caggiani en la sesión del lunes, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País, el grupo de docentes al que se apunta “es un universo que en el Codicen está muy claro que es un primer ejercicio de identificación del grupo”.

“Por tanto, no quiere decir que esto esté tallado en piedra y capaz que no son solo 8 años, sino 10 y que no son 71 puntos, sino 81, porque va a tener que ver con las propuestas que se formulen por estos grupos que están trabajando. Es decir, que a nadie se le va a asignar un título sin tener un recorrido formativo que sea equivalente a los créditos que tiene un título de grado. En esto hay que ser muy claro porque se ha dicho que se le va a dar títulos a la gente como quien reparte caramelos”, manifestó.

El jerarca indicó que, dentro del grupo de quienes tienen hasta tres materias pendientes, en el primer semestre de este año “se anotaron en el entorno de 600 docentes, de los cuales aprobaron más de 160”, mientras que para quienes tienen hasta cinco, desde las inscripciones a mitad de año la cifra fue de “más de 500 anotados”.

El tercer grupo, al cual se apunta aumentar los requisitos, “tiene formaciones diversas, en alguna profesión universitaria, por ejemplo, y, además, están dando clase en áreas vinculadas a las temáticas o pueden tener parte de la carrera culminada y otra pendiente”.

Caggiani dijo a El País que en ANEP se manejan “con datos administrativos de las direcciones generales, porque el último censo docente es del año 2018, entonces efectivamente está viejo para la toma de decisiones”. Esto resulta de que “era muy difícil en esa heterogeneidad, con la información disponible, tener una cuestión más fina”, afirmó.

Daysi Iglesias, consejera de ANEP, indicó por su lado que ella apoya el aumento y que “los requisitos de ingreso fueron confundidos con la constancia a otorgarse”.

“Es requisito de ingreso, a un plan que seguramente tenga diversificaciones según las categorías de los usuarios. Como ya lo dijo el presidente, eso está en discusión y lo está desde el momento en que se votó. Algunos estimamos que deben ser 10 años y algunos estimamos que no debe ser una calificación de 71 sino de 81. ¿Requisitos para qué? Para ingresar a un plan de formación”, explicó.

Iglesias, consultada por El País, destacó la “precariedad laboral” de muchas de estas situaciones y ahondó en la cuestión de los requisitos. En ese sentido, opinó que “quien tenga menos de 10 años de ejercicio, por las características de su vida, está en condiciones de terminar su carrera”, mientras que defendió la suba del requisito del puntaje de 71 a 81%, pues se pasaría de la categoría “bueno” a “muy bueno”.

Asimismo, enfatizó que, más allá de la discusión sobre estas condiciones, tras el ingreso “no son los mismos cursos para todos”, en alusión a las diferentes formaciones que pueden existir en la variedad de casos.

Quien arremetió contra la gestión del Codicen fue el senador colorado Robert Silva, predecesor de Caggiani y quien impulsó la convocatoria parlamentaria. En diálogo con El País, aseguró que reconoce la “necesidad” del plan de titulación, “pero no se puede menospreciar el título”.

Así, sostuvo que “quedó en evidencia una reculada” de las autoridades, que “se dieron cuenta que se equivocaron”, y criticó su “improvisación” al respecto “de los escasos requisitos”. “El Codicen no lo admitió hasta que el conflicto lo sobrepasó. Es un saludo a la bandera que salió muy mal y el costo lo pagan los estudiantes”, agregó.

A mediados de julio, cuando se intensificaron las protestas y ocupaciones, el secretario general del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) dijo a El País que la titulación por acreditación de saberes “no tiene ni pies, ni cabeza”.

Por su lado, el sindicato de profesores (Fenapes) “rechaza que la antigüedad, por sí sola, se convierta en un mecanismo de titulación” y “presentar los años de servicio como equivalente de un proceso formativo desvaloriza la formación docente”, remarcó.

Días perdidos

El presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE), Walter Fernández Val, anunció que el organismo dispuso “una extensión de los cronogramas de finalización de los cursos” debido a las extensas ocupaciones en varios centros.

Se resolvió extender las clases “del segundo semestre y anuales del año lectivo 2026 (con excepción de las prácticas), hasta el 14 de noviembre de 2026 —es decir, dos semanas más— para aquellos centros e institutos educativos en los que se haya verificado afectación en la continuidad de los cursos igual o superior a quince (15) días hábiles”.

Entre los centros incluidos, se encuentran el Instituto de Profesores Artigas (IPA), Institutos Normales de Montevideo (IINN) y varios Centros Regionales de Profesores (CERP) en todo el país.

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