En medio de conflicto en centros docentes, proyecto colorado plantea aplicar lógica de la LUC para ocupaciones

En medio del conflicto educativo con medidas gremiales en los centros de formación docente, desde el Partido Colorado se presentó un proyecto de ley que busca regular las ocupaciones en los establecimientos educativos, similar a lo que dispuso la Ley de Urgente Consideración (LUC) del gobierno de Luis Lacalle Pou para los ámbitos laborales.

La iniciativa, elaborada por el diputado Felipe Schipani y a la que accedió El País, establece que “ninguna medida de protesta, reivindicación o conflicto podrá impedir o restringir el derecho de los estudiantes a acceder y estudiar en los respectivos establecimientos educativos ni el derecho de docentes, funcionarios y autoridades a ingresar y desarrollar sus respectivas actividades”.

“En consecuencia, no podrán realizarse ocupaciones totales o parciales de establecimientos educativos públicos o privados que impidan o restrinjan el ejercicio de los derechos educativos o afecten la continuidad de las actividades educativas”, sostiene.

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) convocó a un paro de 48 horas para este lunes y martes tras la resolución de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que se dicten clases virtualmente en los centros de formación docente.

Sin embargo, tras negociaciones, ANEP retiró la resolución; por el momento, el paro sigue vigente. Hace meses que varios centros están ocupados por estudiantes en rechazo a otra disposición de las autoridades educativas, una que habilita la titulación a docentes que ejerzan y no hayan completado la carrera.

En caso de ocupación, el proyecto colorado dispone que los organismos competentes deberán “adoptar las medidas necesarias para obtener su cese y restablecer el normal funcionamiento del establecimiento”. Llegado el caso de que una intimación inicial no logre la “desocupación voluntaria”, tendrán que “requerir al Ministerio del Interior el auxilio necesario para proceder”.

Incluso, el proyecto indica que estas últimas directivas “constituyen un deber” de las autoridades y su “omisión injustificada” dará lugar a “las responsabilidades que correspondan”, que serían especificadas en la reglamentación del Poder Ejecutivo. También se establece que deberán recuperarse clases, evaluaciones y actividades que se hayan perdido producto de la ocupación.

En la exposición de motivos del documento se argumenta que “una medida de protesta no puede conferir a quienes participan de ella la facultad de impedir que quienes no adhieren puedan ejercer sus propios derechos”. En este caso, Schipani dice que “el derecho a protestar debe ser garantizado, pero no puede convertirse en el derecho a impedir que otro estudiante estudie”.

Asimismo, menciona el antecedente de la LUC en 2020, que estableció un “criterio de armonización”, al “garantizar el derecho de huelga” y “simultáneamente” reconocer que “el trabajador que decide no adherir a la medida también es titular de derechos” y no puede impedirsele “ingresar a su lugar de trabajo”.

“El presente proyecto procura trasladar esa misma lógica de equilibrio y convivencia de derechos al ámbito educativo: se garantiza el derecho a manifestarse, reclamar y reunirse, pero simultáneamente debe garantizarse el derecho del estudiante a ingresar a estudiar”, señala.

En diálogo con El País, Schipani dijo que “varios estudiantes” le han transmitido que “están absolutamente indefensos con las ocupaciones”. “En el período anterior, las autoridades solicitaban la desocupación de los centros. Ahora, directamente el gremio dice ‘queremos ocupar’, y le entregan la llave y se van”, sostuvo.

“Son miles de gurises que con enorme esfuerzo vienen a la universidad o van a un instituto de formación docente, les ocupan un mes, dos meses por año, y pierden estudio, período de exámenes, se atrasan en las carreras. La ocupación puede ser por causas muy loables, pero termina siendo una minoría que se impone a todo el estudiantado”, puntualizó el legislador.

Rosana García, secretaria general del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP durante el gobierno pasado, criticó en redes sociales la medida gremial, por considerar que no puede “interrumpir indefinidamente el derecho de los estudiantes a continuar sus cursos”.

“La virtualidad es una herramienta para proteger ese derecho. Pero el Codicen tampoco puede eludir el problema de fondo: debe revisar el mecanismo alternativo de titulación. La experiencia importa, pero un título docente exige formación y garantías académicas”, agregó.

La ANEP resolvió dar marcha atrás con la habilitación de la modalidad virtual de cursos que adoptó el CFE el pasado viernes como respuesta ante las prolongadas ocupaciones de centros e institutos, por diferentes reclamos. Los gremios de docentes se manifestaran en contra de la medida del CFE, que incluyó nuevos paros. El gremio de docentes de formación en educación (Sidfe) catalogó de “esencialidad encubierta” la medida.

La CSEU, liderada por José Olivera, pidió la “anulación de forma inmediata” de la resolución del CFE, y solicitó una instancia de diálogo en la Dirección Nacional del Trabajo, que se concretó este lunes sobre el mediodía.

A la salida de la reunión tripartita, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, declaró en rueda de prensa que allí se resolvió “pausar la aplicación del pasaje a virtualidad, en virtud de que eso estaba generando un conflicto con los docentes”. La suspensión rige hasta el jueves, cuando se retomen las negociaciones, indicó el titular de Sidfe, Líber Romero.

El gremio de estudiantes del IPA activó una ocupación de la sede por 50 días, entre el 23 de julio y el 11 de setiembre, contra el plan de titulación docente de profesores de educación media, impulsado por la ANEP, entre otros reclamos. La desocupación fue resuelta antes de la resolución del CFE.

Mientras que los Institutos Normales (IINN), de Magisterio, también permanecieron ocupados por el gremio de estudiantes por 41 días, entre el 3 de agosto y este domingo, 13 de setiembre, en reclamo de incorporar asignaturas que reclamaban para completar la formación ante un cambio de planes curriculares y mejoras edilicias.