OPINIÓN

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La administración que asumió en marzo pasado se ha encontrado, como habitualmente ocurre en los casos en los que hay alternancia en el poder, con situaciones que, siendo aceptables para las autoridades que son relevadas, no lo son para las que las relevan.

Si para los relevados la economía crecía bien y la inflación no era problema como tampoco lo eran ni la estructura de la economía, con alta influencia de los monopolios estatales, ni las características del comercio exterior altamente dependiente de la región y sujeta a las restricciones que los dos socios mayores imponen, la nueva administración no se conforma con esas características macroeconómicas ni estructurales de nuestro país.

Cambiar la situación no se presentaba fácil ya, cuando desde el primer día de marzo las autoridades económicas se disponían a aplicar las medidas que fueron aceptables para la población, según lo reflejó en el apretado desenlace electoral de octubre del año pasado. Dos semanas después, la irrupción del virus de Wuhan modificó el escenario para los cambios y transformó a la aspiración de hacer crecer más a la economía y aumentar el empleo y de reducir la inflación, en la necesidad de moderar el aumento del desempleo. Esa preocupación frenó de golpe, pero por poco tiempo, la preparación de cambios con objetivos de más largo plazo: los estructurales.

Lo macroeconómico

El alto y creciente desempleo en marzo pasado y la capacidad ociosa de la infraestructura de bienes de capital empresarial, eran el reflejo de una economía en receso. La inflación, un impuesto que provoca un costo social muy alto y que por muchos años superaba el rango objetivo del Banco Central era, también en marzo, otro desequilibrio macroeconómico. Ambos, por definición, se deben solucionar en el corto plazo y para ello normalmente se emplean las políticas fiscal, monetaria y cambiaria.

Si bien la prioridad tras la asunción era estimular al crecimiento con estabilidad, con una combinación de políticas apropiada para ello, se planteaba difícil emplear expansivamente a la política fiscal, ante un déficit sumamente alto que hacía imposible aumentar el gasto público o disminuir la presión impositiva para estimular al consumo y a la inversión y, en definitiva, a la producción y al empleo.

En un contexto de flotación cambiaria en el que la política monetaria depende exclusivamente del Banco Central, se ha apelado a ella, cuyo objetivo hasta entonces había sido antiinflacionario para pasar a ser ahora prioritario, de acuerdo a lo que se observa, sostener el nivel de actividad. Para ello se decidió un cambio de la variable de referencia para la conducción monetaria que se ha fijado en una tasa de interés de intervención bancocentralista, a lo que se ha sumado una progresiva pero notoria reducción de las tasas de interés de las letras de regulación monetaria. Tras estos cambios, el objetivo de la política monetaria —más expansiva— ha pasado a ser predominantemente el de estimular al consumo y a la inversión y, con ellos, la producción y al empleo.

Entiendo que se está priorizando al crecimiento o al menos, moderar los efectos depresivos de la pandemia, sin perder de vista el otro objetivo macroeconómico evitando presiones inflacionarias que la situación hoy no parece ejercer. Más reducciones de las tasas de interés de las letras de regulación monetaria y una menor tasa de interés de referencia del Banco Central podrían ser todavía, oportunas.

Lo estructural

No obstante el inusual momento que se vive desde marzo y la incertidumbre que aún reina sobre cuál va a ser la nueva normalidad y cuando se instalará, se observa también que la actual administración intenta avanzar en temas relacionados con la actividad de algunos mercados y la asignación de recursos productivos. Se han propuesto medidas y se ha avanzado en algunas de ellas que deberían contribuir, no ya en el corto plazo, a algunos cambios de la estructura económica del país.

En algunos casos el avance ha sido visible y en poco tiempo deberían conocerse las consecuencias económicas. Un ejemplo es el de la fijación de precios de los combustibles en función de la paridad de precios con el exterior. Si bien es una solución de “segundo mejor” —la mejor solución habría sido el frustrado intento de desmonopolización de la venta de combustibles—, tendrá efectos favorables para el consumidor, particular y empresarial. Hay sí una solución de “primer mejor” en el caso de la desmonopolización de la venta de combustibles en puertos y aeropuertos. Otras medidas similares se refieren a brindar una mayor competencia en otros mercados hoy con exclusiva oferta de empresas públicas.

Otro ejemplo de propuestas para lograr cambios estructurales es el de la reforma de la seguridad social —que debió haber sido hecha hace muchos años—, para volverla menos dependiente, al menos por un tiempo, del apoyo financiero del gobierno central y de la recaudación impositiva. Y también importante, entre otras acciones con efectos estructurales menos relevantes, es la definición de progresar en acuerdos comerciales externos de modo de reducir aranceles en nuestro país y, como contrapartida, también los gravámenes que afectan a las exportaciones uruguayas en los países de destino.

Tanto desde el punto de vista macroeconómico como desde el punto de vista estructural, las medidas que se han venido tomando, seguramente con buenos resultados en condiciones normales, se desarrollan en un entorno poco amistoso debido a una pandemia de incierto final, que también provoca otros cambios estructurales visibles, entre otros, el teletrabajo y su derrame de consecuencias.