El fin de los celulares sellados: la medida obligatoria de Europa que cambiará la forma de usar el teléfono en 2027

Desde la última resolución de la Unión Europea (UE) —que exige que todos los celulares que se vendan en 2027 deben tener baterías extraíbles—, los fabricantes se ven obligados a rediseñar sus modelos para que los usuarios puedan acudir a sus compradores y talleres y acceder a reparaciones accesibles y simples.

En la actualidad, los arreglos de pantalla, batería o cualquier problema con el celular resulta un costo muy elevado, que en ciertos casos suele ser más rentable adquirir uno nuevo que reparar el actual. Sin embargo, el próximo julio de 2027 en la UE entra en vigor el “Derecho a reparar”; una directiva española que forma parte de la Ley de consumo sostenible, para cambiar la relación de la ciudadanía con la tecnología portátil.

El derecho a reparar ataca directamente al emparejamiento de piezas, para que este mecanismo quede prohibido definitivamente y la reparación vuelva a ser la norma. Hasta el momento, los grandes fabricantes programan sus productos para que sólo funcionen los celulares reparados con repuestos oficiales, llevando a la compra de un nuevo dispositivo en la mayoría de los casos.

En julio esta práctica ya será ilegal en los estados parte de la UE, donde los fabricantes tendrán que habilitar recambios compatibles de cualquier taller o centro de reparación (oficial y no oficial), además de proporcionar sus propias piezas a precios razonables. Esta norma ya se está discutiendo en otros países del mundo, como medida de protección al consumidor y al medio ambiente.

Fomentando el reciclaje y la economía circular, la UE “premiará” la reparación al obligar a las compañías a otorgar un período de garantía legal de 12 meses adicionales (desde la fecha de reparación del dispositivo).

Foto: Canva

En febrero de 2027 será el comienzo de la revolución de los celulares. A partir de ese mes, todos los teléfonos que se vendan deberán contar con baterías reemplazables, para que los usuarios puedan aprovechar los dispositivos al máximo, desplazando definitivamente la dependencia de las grandes compañías.

Esta iniciativa, además de partir de demandas de los derechos del consumidor, busca atender a la urgencia climática, en un contexto donde el planeta genera 62 millones de toneladas de basura electrónica al año, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En este sentido, el Derecho a reparar, que reúne a más de 180 entidades europeas, promueve alargar la vida útil de los celulares con un fuerte impacto ambiental, con potencial de evitar la emisión de 28 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) hacia 2040.