Violencia: alertan por vínculos de barrabravas con crimen organizado y la “futbolización” del básquetbol

Cuando el pasado 6 de julio una bengala náutica partió desde la Tribuna Colombes e impactó a un policía que miraba el clásico en la América, hiriéndolo de gravedad, el fenómeno de las barras sumó una nueva víctima a una larga lista que se arrastra desde hace décadas, sin que los clubes ni las autoridades encuentren una respuesta.

El episodio del clásico volvió a poner sobre el tapete el tema de la violencia en los espectáculos deportivos y reavivó así el debate en torno a cómo combatir a las barras, aunque los involucrados son escépticos de poder dar con una solución.

Pero no es solo el fútbol. Mientras crecen las alertas por los vínculos entre las hinchadas y los grupos de crimen organizado, también aparecen señales de expansión del fenómeno hacia otros deportes, como el básquetbol.

Un primer indicador que da cuenta de la dimensión del problema está en manos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Desde 2017, la AUF administra una “lista negra” que impide el ingreso a espectáculos deportivos a personas con antecedentes de violencia. Actualmente. según datos a los que accedió El País, hay 2.044 individuos incluidos, muchos de ellos por incidentes vinculados al fútbol, pero también al básquet y al rugby.

La base de datos, que funciona con números de cédula y es gestionada por la AUF —no por la Policía—, fue creada luego de la suspensión del “clásico de la garrafa” en 2016. Desde entonces, más de 4.500 personas han pasado por ella. La inclusión puede surgir por orden judicial, derecho de admisión ejercido por los clubes o informes técnicos basados en grabaciones y reconocimiento facial.

Las sanciones varían entre seis meses y 15 años, dependiendo de la gravedad del hecho. El perfil de los sancionados es muy diverso: hay desde personas sin estudios hasta profesionales universitarios. Aunque los varones son mayoría, también hay mujeres sancionadas, más del 90% por consumo de alcohol detectado en los ingresos a los estadios.

Fuentes de seguridad de la AUF consideran que “muchas de las barras están infiltradas por estructuras del crimen organizado”. Citan como ejemplo el caso del líder de la barra de Nacional detenido en Argentina por un robo con túnel, o el de Nicolás Schiappacasse, futbolista profesional que portaba un arma supuestamente por encargo de un barrabrava de Peñarol antes de un clásico que se disputó en verano de 2022 en el Campus de Maldonado.

Foto: Fernando Ponzetto/El País.

A pesar de estos antecedentes, desde Seguridad de la AUF defienden los avances logrados en los últimos años, como la instalación de cámaras de alta definición en el Estadio Centenario y la trazabilidad total de las entradas. Subrayan que “los estadios son hoy mucho más seguros, aunque sin garantía absoluta”.

Pero como queda claro ante cada incidente de violencia en el deporte, todavía no está saldada la cuestión de quién es responsable por lo que pasa en esos eventos:_si los clubes, si la policía, o todos.

La frase del ministro del Interior, Carlos Negro, que fue categórico en señalar que “la seguridad corresponde a quien organiza el espectáculo”, no cayó bien en el mundo del fútbol, pero refleja una visión que gana fuerza dentro del gobierno: que las instituciones deportivas deben asumir más responsabilidades en la prevención de incidentes. Negro también criticó que muchas veces se pida presencia policial sin colaborar activamente en los operativos: “No se puede dejar todo en manos del Estado”, remató.

Las declaraciones del ministro llegaron horas después de una reunión de urgencia con los presidentes de Nacional y Peñarol semanas atrás, en la que también participaron autoridades del Ministerio del Interior y de la Secretaría Nacional del Deporte. Allí se discutieron nuevas medidas de seguridad, como el refuerzo de cámaras de reconocimiento facial, el aumento de la trazabilidad de entradas y una mayor coordinación con Fiscalía.

Desde el Ministerio del Interior, el director de Seguridad en el Deporte, Juan Silva, plantea una mirada estructural. Rechaza las generalizaciones sobre “la gente del fútbol” y señala que los conflictos suelen concentrarse en zonas específicas de las tribunas, como la Ámsterdam y la Colombes. Según Silva, “el problema es mucho más profundo que un operativo policial y requiere un análisis cultural y social más serio”. Considera que “no existe una única solución”, y que “si la hubiera ya se habría aplicado”.

Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Fuentes de la cartera advierten a El País que una “eventual presencia policial dentro de las tribunas debe ser evaluada con extremo cuidado, ya que una bengala puede derivar en una represión que deje heridos graves”. “La Policía representa al Estado y no puede ingresar a medias: si entra, lo hará con toda su fuerza, y eso implica asumir riesgos mayores”, indican.

Por su parte, Silva aclara que “poner más policías en los escenarios tiene un costo elevado”.

“Un operativo clásico implica movilizar a 300 efectivos dentro del estadio y casi 500 en distintos puntos de la ciudad. Cualquier reforzamiento encarecerá aún más los espectáculos”, añade. En ese sentido, insiste en que “el fenómeno de la violencia en el deporte debe ser abordado con investigaciones serias, desde una perspectiva multidisciplinaria”. “El Ministerio del Interior cumple un rol fundamental, pero no puede ser la única respuesta”, acota.

Foto: Estefanía Leal / El País.

Mientras tanto, el fútbol parece seguir contagiando su violencia a otros deportes. Ignacio López Viana, secretario general de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) habla de un problema que él llama la “futbolización” del básquetbol. Es decir, “la irrupción de barras bravas que no son referentes en el fútbol, pero están ganando peso en otros equipos del básquet”.

Dirigentes consultados para este informe señalan que el regreso de Nacional y Peñarol a la Liga transformó radicalmente la realidad de los clubes chicos. Aunque el básquetbol ya había tenido episodios de violencia, la coexistencia de hinchadas con alto grado de conflictividad llevó a que muchos partidos se jueguen solo con público local, lo que genera pérdidas económicas importantes.

Algunas de las preocupaciones de los dirigentes del básquetbol se expresaron en las últimas semanas en el marco de la discusión de un proyecto de ley que se propone erradicar el odio y la intolerancia en los espectáculos deportivos.

Foto: El País.

El proyecto, una iniciativa del diputado blanco Pedro Jisdonian, plantea como norte “erradicar el odio y la violencia en el deporte, además de prevenir, controlar y sancionar con rigor cualquier manifestación en igual sentido en el ámbito de la actividad deportiva, muy especialmente cuando adquiere connotaciones de signo racista, xenófobo o intolerante”. Y para ello especifica distintas infracciones y sanciones correspondientes.

Pero detrás de ese impulso legislativo, las organizaciones advirtieron que la norma necesita afinar su alcance, la responsabilidad real y el apoyo estatal para evitar que los hechos se conviertan en la regla.

La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) respaldó la iniciativa, pero advirtió sobre varios puntos críticos.

López Viana, su secretario general, comparte la preocupación por los fenómenos violentos, aunque marca que el proyecto presenta imprecisiones importantes. Una de las principales dudas radica en el alcance de la responsabilidad de los organizadores: si debe limitarse al recinto de juego o extenderse a zonas aledañas, fechas anteriores e incluso al transporte público.

López también manifiesta la necesidad de mayor respaldo estatal para ejecutar las medidas propuestas. En diálogo con El País, dice que “en la práctica, la prevención está a cargo de seguridad privada con capacidad limitada, ya que la Policía apenas se mantiene fuera del estadio”. Relata como ejemplo reciente lo ocurrido en las finales de la Liga Uruguaya entre Nacional y Aguada en el Antel Arena, donde “una eventual pelea entre hinchadas fue neutralizada con la sola presencia de la Guardia Republicana dentro del recinto, sin que se produjera un solo golpe”. A su entender, “este tipo de intervención demuestra que la Policía debe volver a estar dentro de las canchas”.

Otro eje central de la discusión es el control y cumplimiento efectivo de las sanciones. Desde la FUBB advierten que las medidas disciplinarias contra personas violentas muchas veces no se cumplen, y cuestionan la lógica de suspender canchas o torneos enteros por incidentes individuales. López plantea el caso de una sanción por un hecho en un partido de mayores que deja sin jugar a las formativas, lo que considera desproporcionado.

Foto: Ignacio Sánchez / El País.

El caso de Unión Atlética ilustra las dificultades que atraviesan los clubes en este contexto. La directiva del club expresó su respaldo a las gestiones de la FUBB en el Parlamento y detalló el esfuerzo económico que representa competir en la Liga Uruguaya. Estiman que la temporada completa puede costar hasta US$ 200.000, considerando no solo el plantel, sino también el pago de jueces, boletería, apertura del escenario y seguridad.

Aunque ocasionalmente puede contratarse vigilancia policial, los costos son altos y la cobertura es parcial.

Desde Unión Atlética también expresan su disconformidad con la forma en que se aplican las sanciones. Las multas, impuestas por la Intendencia de Montevideo o el Ministerio del Interior, llegan incluidas en las facturas mensuales que emite la FUBB junto a los pagos por jueces y afiliaciones. Además, denuncian que “el nuevo reglamento no establece con claridad qué está permitido o prohibido durante los partidos, dificultando la tarea de control”. Desde la institución afirman que hacen un gran esfuerzo para ordenar su parcialidad, pero “los resultados no siempre se ven”.

En paralelo, el presidente de la Liga de Ascenso, Héctor Cameselle, ofrece una mirada diferente sobre la situación. Desde su experiencia de más de 15 años en el básquetbol, y seis específicamente en el Metro, considera que los hechos de violencia han sido mínimos. “De más de 200 partidos disputados en la última temporada, solo uno generó repercusión mediática”, afirma. A su entender, “existe una sobredimensión del problema”. Reconoce que hay que prevenir, pero asegura que “la coordinación con la Policía y con la Dirección de Seguridad en el Deporte ha sido efectiva”.

Cameselle detalla que “para partidos con antecedentes de conflictos, se envía a la Guardia Republicana y se juega sin público visitante, lo que ha reducido significativamente los riesgos”. Aunque admite que hay una “futbolización” del ambiente, con hinchas de Nacional y Peñarol que también concurren al básquet, sostiene que “se está trabajando bien en la prevención”.

Foto: Archivo El País.

En cuanto a las sanciones, el presidente de la Liga de Ascenso explica que se modificó el antiguo régimen que incluía quitas de puntos y cierres de cancha, por uno más flexible y centrado en sanciones económicas. Aunque la quita de puntos se mantiene para los casos más graves, se eliminó como sanción automática. Reconoce que las sanciones económicas “son más justas y permiten que los clubes mantengan sus competencias sin castigos desmedidos por acciones individuales”. Actualmente se trabaja en la redacción de un nuevo código de penas que busca mejorar la proporcionalidad de las sanciones.

En este complejo escenario, todos los actores coinciden en un punto: la violencia en el deporte uruguayo ya no es marginal. La desigualdad de recursos entre clubes, la fragilidad de las infraestructuras y la falta de claridad normativa componen un cóctel peligroso. Sin coordinación entre el Estado, las federaciones, los clubes y la Justicia, sin un régimen de sanciones justo y sin investigación seria sobre las causas profundas del fenómeno, el deporte seguirá atrapado entre la pasión que lo mueve y el peligro que lo amenaza.