Guerra por contratos de TV en el fútbol: la última pulseada entre Casal y la AUF, con Antel y el MEF en el medio

El 2025 se despidió con la confirmación de un cambio tan sustancial como inminente para el fútbol uruguayo. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), liderada por el economista Ignacio Alonso, había cerrado el año con una contundente victoria política: no solo llegar a la licitación por los derechos de televisación de los torneos locales de clubes, sino hacerlo por un monto histórico, tres veces mayor que lo que ingresaba hasta el momento bajo el contrato con la empresa Tenfield, a pesar de todos los augurios de que algo así era imposible de conseguir.

Pero a dos meses y medio de esos anuncios, la celebrada victoria sigue todavía en un tortuoso trabajo de parto. Incluso aunque el fútbol ya comenzó —la pelota sigue rodando y las cámaras, filmando— los nuevos contratos aún no se firmaron, los plazos para hacerlo se han estirado, los clubes siguen sin cobrar del novedoso botín, y las intrigas continúan instaladas en el mundo del fútbol.

Que las cosas no iban a ser sencillas lo sabían todos. Que con el torneo principal ya comenzado, y a pocos días de un clásico entre Nacional y Peñarol, la AUF siga detrás de las firmas definitivas, en medio de una pulseada a múltiples puntas, ha empezado a crispar algunos ánimos.

¿Y si todo se cae como un castillo de naipes? ¿Al final tenían algo de razón los que ponían en duda la victoria de la AUF? ¿O es parte de una última jugada por parte de los “perdedores” de la licitación para boicotearla?

En setiembre de 2025, cuando la AUF y los clubes todavía discutían si ir o no a una licitación de los derechos de televisación, el presidente de Liverpool José Luis Palma, cercano a Tenfield y contrario al procedimiento competitivo, hizo dos advertencias que vienen a cuento de lo que ocurre por estas horas en el fútbol uruguayo.

La primera: que era difícil que se llegara a un resultado satisfactorio teniendo en cuenta las “trampas y coartadas” que desanimaban a posibles oferentes.

La segunda: que si se licitaban los derechos en distintos rubros, se daría pie a una guerra de precios a la baja que terminaría perjudicando a la AUF.

En lo primero, Palma, como muchos otros, erró contundentemente.

Foto: Juan Pablo Romero.

Se presentaron un total de 13 empresas, con 17 propuestas de las que la AUF eligió seis ofertas por un total de ingresos de aproximadamente 67 millones de dólares por año. El consorcio Torneos-Directv ganó el lote de transmisión por televisión para abonados (cable), por un monto de 31,8 millones de dólares al año. Tenfield, por su parte, igualó la mejor oferta para el streaming local y se quedó con ese rubro por 17,5 millones de dólares. El consorcio TeamClick (entre Antel y Sportsmedia) se quedó con el streaming para el exterior, por 3,1 millones. A ellos se suman 8 millones por el lote de publicidad, marketing y patrocinio (adjudicado a Tenfield), otros 3 millones de dólares por el rubro apuestas (adjudicado a Mediapro), y 2,2 millones correspondientes a la televisación de torneos amateur y Copa Uruguay (adjudicada a Telecom GMC).

Respecto a la segunda advertencia de Palma, la historia parece estar escribiéndose en este momento, aunque las visiones son encontradas. El presidente de Liverpool dijo por ese entonces que el fraccionamiento en lotes, impulsado por la AUF para aumentar la competencia “aguas arriba” e incentivar a que los números fueran los más altos posibles, podía terminar siendo “suicida” ante una eventual competencia “aguas abajo” en la comercialización de los distintos canales de salida. “Puede haber una canibalización de los distintos tenedores de derechos. Si Juancito gana la licitación de los cables y Pedrito gana la del streaming, y a Pedrito se le ocurre bajar los precios exageradamente, seguramente se desafilien los afiliados del cable. Eso genera que la empresa quiebre y no pague, y eso no es bueno para el fútbol”, dijo Palma.

Algo de ese escenario es lo que está en debate por estas horas, en las que la AUF discute la redacción de los contratos con los ganadores de cada lote.

Los que siempre fueron contrarios a la hoja de ruta de la AUF —pero también otros actores del mercado— dicen que las dificultades para firmar los contratos evidencian “problemas de diseño” de los pliegos y vienen entonces a “confirmar” algunas de las advertencias que hacían en los meses anteriores. Afirman que para asegurarse el número prometido, la asociación quiere imponer condiciones que violentan las normas de protección de la competencia y perjudican en última instancia a los consumidores.

Para la AUF, en cambio, los únicos obstáculos son los que imponen, con insistencia, los que siempre estuvieron en la vereda contraria de la licitación. Entienden que son las últimas piedras en el camino impuestas por los “perdedores” de la licitación, particularmente Tenfield, a la que acusan de no aceptar las nuevas reglas de juego que le quitaron el control del mercado de televisación del fútbol uruguayo. Si todos actuaran de buena fe y respetando las reglas consensuadas, piensan en la asociación, el dinero ya estaría fluyendo hacia las arcas de los clubes en los números anunciados.

¿Quién es entonces el responsable de la dilatada firma de los contratos?

Las principales tensiones que retrasan la firma de los ocho contratos entre la AUF y los adjudicatarios (cuatro de ellos con la empresa Tenfield, dos como licenciatario de derechos y dos como proveedor de servicios de producción) se centran en la relación que tiene cada subproducto con el resto de los subproductos, y cómo se podrían afectar entre sí. Para entenderlo mejor: a Directv, que ganó los derechos de TV por cable, le preocupan las eventuales formas en las que el streaming pueda avanzar sobre su mercado, y pretende todas las protecciones que sean posibles para defender el valor de su producto, que costó el doble que el de transmisión por internet. Tenfield, ahora sin el cable, quiere lo contrario: la mayor libertad posible para comercializar el fútbol a través de internet, un mercado que hoy capta menos usuarios que la TV tradicional pero que está en rápido crecimiento.

Foto: Natalia Rovira.

En el medio hay dos grandes discusiones: por un lado, las de algunas cláusulas que la AUF o los adjudicatarios pretenden fijar en los contratos sin que surjan inequívocamente de los pliegos; por otro, el de ciertas disposiciones que sí están previstas en los pliegos, pero que son rechazadas por una de las partes. Esto último tuvo su expresión más visible en los últimos días con una pulseada entre la AUF, Tenfield y Antel, que terminó con una denuncia anónima en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec).

Tanto en la Supercopa como en la primera fecha del Torneo Apertura, la empresa estatal de telecomunicaciones ofreció el streaming de fútbol a través de su plataforma Antel TV, para todos sus usuarios con contrato de WiFi de fibra óptica, sin exigirles un costo extra. Antel obtenía la señal a través de un acuerdo con Tenfield, que ganó la licitación del streaming y que también sublicenció la transmisión a Disney, que a su vez tiene también un contrato con Antel, que ofrece esa plataforma como parte de uno de sus planes. La AUF intercedió ante Antel señalando que no podía ofrecer el fútbol gratis, ya que eso implicaba una práctica “predatoria” que desequilibraba el mercado e implicaba una “competencia desleal” ante los otros licenciatarios, especialmente el del cable.

En la segunda fecha del torneo, Antel dejó de pasar el fútbol gratis y atribuyó la responsabilidad a la AUF. Para la tercera fecha, correspondiente a este fin de semana, la señal se retomó en la mitad del partido entre Liverpool y Cerro, tras un acuerdo provisorio entre las partes que llegó tras varias jornadas de tensas negociaciones y acusaciones cruzadas.

Sin que los contratos estén aún firmados, la AUF señala que su intervención y sus exigencias no tienen nada de novedosas. “Nadie puede hacerse el sorprendido, porque está todo en el pliego”, dice Ignacio Alonso a El País.

En esos documentos que marcaban las pautas jurídicas de la licitación, la AUF estableció que la distribución de los derechos debe hacerse en “condiciones económicas razonables, equitativas, acordes a valores de mercado y competitivas con relación al costo de licenciamiento” y fijó otras condiciones como la no exclusividad en la distribución o la prohibición de condicionamientos comerciales desproporcionados.

Asimismo, el pliego estableció que en cada temporada los licenciatarios tendrían la obligación de “enviar a la AUF de forma previa a la firma de acuerdos de sublicenciamiento y/o distribución y/o comercialización de derechos con terceros, la versión final de dichos acuerdos para la evaluación y aprobación de la AUF”, que “mantendrá el control y vigilancia respecto de la distribución de los derechos” y “hará las veces de árbitro en caso de existir divergencias”.

Foto: Estefanía Leal / El País

Bajo esas reglas fue que la asociación conducida por Alonso argumentó que podía exigir que Antel cobrara un precio “acorde al mercado”.

El problema, como suele pasar en estos casos, es qué es un precio acorde y cómo se regula. ¿Es Antel o Tenfield las que incurren en prácticas anticompetitivas fijando un monto a sus usuarios por debajo de sus costos? ¿O es la AUF que en su afán de sostener un “equilibrio de mercado” está estirando su brazo más allá de donde la ley lo habilita? ¿Cuánto se puede competir a la baja y cuánto se puede proteger los precios al alza?

Ahí es cuando entra en escena la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), y las diferentes interpretaciones de la normativa vigente.

La ley 18.159 de Defensa de la Competencia prohíbe “el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones, individuales o concertadas, que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante. Y entre las prácticas “expresamente prohibidas”, incluye la de “concertar o imponer directa o indirectamente precios de compra o venta u otras condiciones de transacción”. Al ser una ley de “orden público”, las disposiciones allí establecidas limitan lo que puedan acordar dos privados entre sí.

El economista Juan Dubra, experto en temas de competencia —y que asesoró a Tenfield el año pasado pero ahora habla “a título personal”— afirma que la discusión es un asunto que “se veía venir” y que las condiciones fijadas por los pliegos podría implicar prácticas de “colusión”, al permitir a la AUF evitar ciertos niveles de precios bajos que en definitiva “beneficien al consumidor”.

Otros profesionales del área de la competencia, que pidieron anonimato para poder hablar, señalan que se suele aceptar que un actor como la AUF controle que no haya precios abusivos al alza, pero que la Comisión suele ser más dura al castigar los casos en los que se fijan mínimos, al menos indirectamente.

“Es muy difícil que una autoridad de competencia acepte que haya un control hacia la baja”, dice uno de los consultados. “Si comparamos a la AUF con un fabricante, es normal que pueda dar un precio sugerido no obligatorio, o incluso que ponga un precio máximo; lo que está penalizado es que diga el precio o que ponga un mínimo”, agrega esta fuente, que plantea como “lógico” que la AUF establezca criterios para que no haya “abusos” entre los licenciatarios —como la imposición de paquetes a precios excesivos o la discriminación entre actores del mercado—, pero que ve “más difícil” el control de precios a la baja.

¿Todo esto implica entonces que se puede pasar el fútbol gratis? Aunque parezca contradictorio, no necesariamente.

“Lo de la AUF puede ser problemático o no según cuál sea efectivamente ese control que establece el pliego, y según el caso particular”, dice otro de los consultados.

Foto: Natalia Rovira.

Para el caso de Antel, por ejemplo, la práctica predatoria se configuraría si al fijar un precio por debajo de los costos puede eliminar a la competencia y luego quedarse con una posición monopólica. Según los distintos consultados, hay tres factores que se suelen estudiar para definir si existe una prácticas de precios predatorios: que la empresa tenga posición dominante en el mercado relevante, que la venta sea por debajo de los costos, y que tenga la capacidad de recuperar las pérdidas una vez desplazada la competencia.

En el ejemplo de Antel, la telefónica tiene al menos 95% del mercado de banda ancha fija, pero desde hace unos años tanto la Coprodec como la Ursec definen que el “mercado relevante” en estos casos no es el tecnológico sino el de los servicios de televisación, incluyendo tanto a cables como streaming. Pero si bien allí Antel no tiene una posición dominante, hay quienes entienden que podría caber una situación de “subsidios cruzados”, con Antel utilizando su posición dominante en un mercado para “bancar” sus precios mínimos en otro mercado competitivo.

Pero tampoco esa es una mirada unánime. Para Dubra, por ejemplo, si Antel quisiera comprarle el fútbol a Tenfield y luego pasarlo gratis —dejando por fuera las discusiones sobre si es su rol o lo más conveniente para la empresa pública— no debería tener impedimento.

El presidente de la AUF, en cambio, considera que el derecho de la asociación a exigir ciertas prácticas es “muy claro”.

—No le estamos fijando los precios a las empresas —dice Alonso a El País—. Simplemente es muy claro que si yo ofrecí 100 pesos por un producto y salgo al mercado a venderlo por 50, lo que estoy haciendo es una política a corto plazo para quedarme con el mercado.

—¿La AUF no está, como interpretan algunos, imponiendo indirectamente un precio, algo prohibido por la ley?

—Tampoco están permitidas las prácticas de dumping. Acá nadie le pone un precio. ¿Entonces se va a permitir la práctica predatoria? ¿Hay que esperar que se produzca el daño que se quiere evitar para después salir a corregirlo? ¿No se puede prever en un contrato, que lo emite el dueño del producto? Sería ridículo que se diga que no se puede evitar ese daño y que se tenga que denunciar solo cuando ya no se puede corregir.

Alonso insiste en que los criterios del pliego buscan “evitar los monopolios” y los “abusos”. Y que, de la misma forma, se pide a los licenciatarios que “abran el juego a la mayor cantidad posible de canales de distribución dentro de su rubro, sin excluir a nadie”. “Los principios son claros: equilibrio y apertura”, agrega el presidente de la AUF, que menciona por ejemplo que Tenfield le daba el streaming en exclusividad a Disney, y ahora ya no puede hacerlo.

Tras la denuncia anónima, la Comisión de Defensa de la Competencia debe expedirse en los próximos días respecto a si cabe suspender o no la firma de los contratos hasta que se sustancie el debate de fondo.

Mientras tanto, la asociación prorrogó los plazos para la firma de los contratos —vencían este domingo 22— y discute su redacción con el resto de los licenciatarios, desde el consorcio Torneos-Directv hasta Antel, que forma parte del consorcio ganador del streaming para el exterior. Ese último contrato es el que está más avanzado.

Respecto al del cable, desde la AUF advierten algunas “exigencias” del consorcio ganador que “no son aceptables”, a la vez que otros actores del mercado —como los cables, tanto de Montevideo como del interior, que acordaron con Torneos-Directv para poder emitir la señal— están a la espera de las firmas definitivas para poder también tener sus contratos de sublicencias. Algunos cables aguardan también por definiciones respecto a la posibilidad de comercializar el streaming algo que una ley del gobierno pasado habilitó, pero cuyas condiciones han ocasionado discusiones en la negociación de los contratos.

Por su parte, los pliegos de la licitación establecen “garantías de mantenimiento de oferta” para la etapa entre la presentación de las ofertas y la firma del contrato, y por otro estipulan una “garantía de cumplimiento de contrato”.

Foto: Estefanía Leal.

La primera, que se ejecutaría en caso de que alguno de los adjudicatarios no firmara el contrato, es del 2% de los montos mínimos exigidos en cada lote, hasta un límite de 3 millones de dólares.

Respecto a la garantía de cumplimiento, el adjudicatario de cada lote debe presentar, a la hora de firmar el contrato, una garantía por el 10% del monto mínimo fijado para la licitación de ese lote. En el caso de los derechos del cable, ese monto mínimo era de 106 millones de dólares por los cuatro años, por lo que la garantía de cumplimiento debe ser de 10,6 millones de dólares. Para el caso de los derechos de streaming local, el monto mínimo eran 34 millones de dólares por cuatro años, por lo que la garantía es de 3,4 millones de dólares. Entre las cláusulas de ejecución está el adeudar tres cuotas mensuales.

La incertidumbre está instalada, aunque en la AUF confían en que pronto se puedan disipar las dudas. “Estamos en una negociación de buena fe”, dice Alonso. “Si es necesario algún día más se tomará un día más, pero confiamos en cerrar”.