¿El fin de la cerveza industrial uruguaya? Las razones detrás de la crisis de FNC y cerca de 400 empleos en juego

La histórica empresa Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) ya hace años que no es estrictamente nacional —sino parte de una gigantesca “multi” con producción local— pero por estas horas amaga con una transformación mucho más radical: se debate entre seguir siendo fábrica o convertirse en una “gran importadora”, lo que desandaría un camino iniciado en 1866, hace exactamente 160 años, por el alemán Conrado Niding, calificado como el padre de la cerveza uruguaya.

La eliminación de toda la producción en el país es en realidad el más extremista —y según los distintos actores de las negociaciones en curso, el menos probable— de dos escenarios que planteó la firma en las últimas semanas, tras su decisión de someter “a revisión” todas sus operaciones en Uruguay debido a crecientes problemas de competitividad.

La opción alternativa, por la cual tanto la empresa como el gobierno y el sindicato dicen estar “trabajando intensamente”, está atada a una reducción de la plantilla (que podría o no suponer el cierre total de la producción en Minas y la concentración de todas las líneas en Montevideo), una posible quita de beneficios a los trabajadores y otras discusiones en las que se cuelan reclamos impositivos, tarifarios y de regulación laboral.

Los próximos días serán clave para definir el rumbo de la compañía centenaria, que emplea a algo más de 500 personas, 400 de ellos en el trabajo productivo.

El gobierno y la empresa intercambian información por estas horas, y se habían trazado el objetivo de avanzar en una propuesta inicial para este martes 18 de agosto. “Todavía seguimos trabajando”, resume una fuente del Ejecutivo.

De continuar con la producción, FNC plantea una reducción de unos 80 puestos de trabajo. La opción de quedar solo como importadora implicaría reducir la plantilla a unos 100 trabajadores.

Cualquiera sea el desenlace, el solo hecho de que la continuidad de la cerveza industrial hecha en Uruguay esté en discusión dice bastante sobre el estado de un sector que fue, durante un largo tiempo, una especie de “sueño americano” para sus trabajadores, símbolo de conquistas sindicales y emblema de una capital del interior.

Detrás de la crisis —aunque habrá quienes pongan en duda si el término aplica a una empresa que da ganancias millonarias— hay cambios de tendencias en el mercado, un aumento del consumo de cerveza importada (en particular latas que llegan desde Brasil a precios más bajos), y una expresión más del eterno debate sobre los costos de producir en Uruguay.

Leonardo Mainé / El País

FNC ha tenido a lo largo de los años varias transformaciones, cambios de nombres, ventas y fusiones que produjeron dos grandes resultados relevantes al día de hoy. Por un lado, la concentración, en manos de una sola firma, de toda la producción de cerveza industrial en Uruguay, antes repartida en tres empresas (FNC con la Pilsen como emblema, Salus con Patricia, Cympay con Norteña). Por otro lado, esa producción pasó de capitales uruguayos a extranjeros, más concretamente al grupo brasileño Ambev, que a su vez es parte del belga Inbev.

Lo primero que hay que decir sobre FNC, o lo primero que muchos ponen arriba de la mesa, es que es una empresa en crisis pero sin números en rojo. El balance económico de 2025, al que accedió El País, marca que la compañía obtuvo unos 20 millones de dólares de utilidades. Más que nada producto de fluctuaciones financieras, la cifra ha oscilado en el último quinquenio entre los 7 y 17 millones.

Pero es sabido que en los negocios no solo importa el número absoluto, sino también la comparación con lo que podría ser en caso de hacer algo diferente. Y en esa comparativa aparecen los reclamos de la empresa.

“Elaborar una cerveza en Uruguay cuesta el doble que elaborarla en Argentina o Brasil”, señalaron desde FNC días atrás a través de un comunicado, en el que apuntan que la diferencia “se explica principalmente por los altos costos logísticos, laborales, de mano de obra e impositivos”.

A principios de julio, la empresa envió a seguro de paro a los 59 trabajadores de la planta de Minas, que envasa latas de Pilsen, Patricia, Norteña y Zillertal, al tiempo que la fábrica de Montevideo, en donde se producen los envases de vidrio, iniciaba su parada por mantenimiento. Aunque la operativa de la capital se retomó el pasado lunes (el parate se había postergado por medidas sindicales al comenzar agosto), FNC mantiene a estudio “todos los escenarios”, desde una reestructura parcial o el cierre de su planta en Minas hasta la suspensión de toda su producción nacional, y mientras tanto negocia con el gobierno de Yamandú Orsi.

A muchos les pareció una especie de déjà vu.

Tan solo dos años atrás, en 2024, la compañía había anunciado intempestivamente el cierre de sus operaciones en Minas, con la intención de concentrar toda la producción en su planta de Montevideo. Tras meses de negociación con el gobierno, de la que participaron cuatro ministerios de la administración de Luis Lacalle Pou, finalmente se acordó retomar la actividad con una reducción de 40% de la plantilla.

Ya por entonces empezaba a imponerse cierta melancolía por los tiempos en los que entrar en la bebida era, al decir del exdiputado de Lavalleja Pablo Fuentes, una especie de “sueño americano”, en el que “los muchachos o muchachas que no podían salir de Minas para estudiar o hacer otra cosa aspiraban a trabajar en FNC, ya que podían tener una continuidad laboral y percibir una remuneración que estaba por encima de la media”.

Javier Umpiérrez, actual diputado del MPP por el departamento, lo vivió en carne propia a fines de los 80, cuando recién había cumplido la mayoría de edad. “Yo tenía otro trabajo pero entré como operario zafral en la Salus. Trabajé en cervecería y en la fuente. Entraba a las 5 de la mañana y salía a la 1 de la tarde para mi otro trabajo”, cuenta a El País. “Éramos chiquilines. El primer año estuvimos un mes, pero al año siguiente trabajamos como un año seguido. Ya los salarios eran muy buenos para la época”.

Cuarenta años después, Umpiérrez observa con preocupación la incertidumbre sobre el futuro del emblema industrial. “Ojalá no pase lo peor. Minas no sería lo mismo sin la fábrica funcionando. Pero estamos en manos de ellos y su decisión”.

Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Hoy la empresa aduce una “pérdida de competitividad” producto de varias causas relacionadas entre sí.

“En primer lugar, hay un ingreso creciente de las latas importadas, que entran en condiciones y reglas de juego que terminan siendo más favorables que las que tiene la industria nacional”, dice una fuente de la empresa consultada por El País. “Primero porque están elaboradas en países que tienen costos de producción menores a los que tenemos en Uruguay. Pero además, una vez que ingresan al país, esas latas tienen una cadena de logística y de comercialización y distribución mucho más accesible”.

Vayamos de a poco.

Los uruguayos, no demasiado afines a la cerveza si se los compara con otros países de la región y el mundo, consumen alrededor de 1 millón de hectolitros por año, o sea unos 30 litros por persona al año.

Hace unos 20 años el mercado estaba dominado en más de un 90% por la producción nacional, pero la cerveza importada fue ganando cada vez más terreno en un proceso que se aceleró en la última década. La cerveza ingresada desde el exterior representaba el 3% del mercado en 2010, en 2015 ya era el 17%, y en 2020 un tercio de la cerveza comercializada en Uruguay. El salto se profundizó en los años siguientes, al punto que 2025 superó por unas décimas a la cerveza uruguaya, tal como consignó El Observador en marzo. Hoy, a trazo grueso, la mitad de la cerveza consumida por los uruguayos es importada. La artesanal, por su parte, tiene un peso de aproximadamente 3%.

En todo ese proceso, FNC fue perdiendo participación en el mercado local. De representar el 90% de las ventas, hoy en día está en el entorno del 70%, según las distintas fuentes consultadas. Ese porcentaje de FNC se compone de toda la producción de cerveza industrial uruguaya (Pilsen, Patricia, Zillertal, Norteña, tanto embotelladas como en lata), pero también cerveza que la propia FNC importa. “Mientras que la lata importada cuesta alrededor de $ 10, producirla en Uruguay sale $ 25”, sostiene Bruno Pastorino, presidente del sindicato de FNC.

La preocupación de la empresa está focalizada en la importación de latas baratas desde Brasil, a costos bastante inferiores y, por lo tanto, más seductores para muchos consumidores: algunas de ellas casi a la mitad de la más barata de las producidas en Uruguay, aunque FNC también tiene dentro de su catálogo de importación.

La diferencia en el costo tiene varias explicaciones. Por un lado está el “costo país”, que incluye impuestos, energía, y salarios. Este último factor, el salarial, ha estado particularmente arriba de la mesa en esta nueva ronda de conflicto, con la empresa planteando no solo una reducción de personal, sino también una revisión de los distintos beneficios que perciben los trabajadores, negociados de forma bilateral.

El sector de la bebida ha sido históricamente un rubro de salarios altos, producto de conquistas sindicales de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), durante años liderada por el dirigente Richard Read, que se jubiló este año de la Pilsen. En FNC en particular, el sindicato logró hace unos veinte años una reducción de la jornada laboral en la línea de la cerveza: allí trabajan seis horas que se computan como ocho, seis días a la semana.

Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

Mientras los trabajadores insisten en que el costo laboral es una parte “minoritaria” de los costos, en la empresa apuntan a los altos sueldos y beneficios como uno de los “lastres” a la competitividad.

“Para empezar, un operario que tiene el laudo más bajo en FNC gana 3,4 salarios mínimos, y el que tiene el laudo más alto gana 5,1 salarios mínimos. Entonces, los salarios que paga FNC son altísimos, y eso es parte de las conversaciones que estamos teniendo con el sindicato”, dicen desde la empresa.

Pastorino, el sindicalista, cuestiona la lectura de que una rebaja del costo laboral ayude a mantener la industria cervecera. “El costo de vida no es el mismo que en Argentina o Brasil. Y además, si vos comparás los salarios de la industria en esos países, están más cerca del salario mínimo”, dice a El País. “Nosotros lo dijimos en el ministerio: ¿la solución es que nos bajemos al salario mínimo? ¿Eso garantiza la industria nacional? El debate es mucho más profundo”.

Read, por su parte, dice que se ríe cuando la empresa juega la carta de los salarios para discutir la viabilidad de su negocio. “A mí me causa gracia que digan que la crisis es por salarios altos. En servicios vos tenés una incidencia alta de los salarios. Pero en industrias como la cerveza el peso es muy menor”, dice el exsindicalista, que le pide a FNC que “presente sus paramétricas” con el costo salarial. “No lo van a hacer”.

El análisis de los balances de la empresa, que no desagrega por líneas de producción, permite solo una aproximación. Al cierre de 2025, año que comenzó con 521 empleados y terminó con 517, FNC reportó un gasto de $ 1.242 millones en sueldos, $ 128 millones en contribuciones a la seguridad social y $ 485 millones en beneficios. En total, un promedio aproximado de unos $ 3,56 millones por empleado, y un cuarto del valor de sus ingresos.

En 2024, luego de semanas de conversaciones con la empresa, la entonces ministra de Industria, Elisa Facio, dijo que el gobierno había hecho una especie de “consultoría” para FNC y que al analizar al detalle sus balances se podía concluir que “los costos laborales eran muy grandes”.

Pastorino dice que los laudos del sector, acordados de forma tripartita en los Consejos de Salarios, son “innegociables”, pero que sí están abiertos a discutir algunos de los beneficios acordados con la empresa. “Los acuerdos bipartitos así como se hacen se pueden volver a discutir. El sindicato no está negado a tener una discusión de ese aspecto, al contrario. Tampoco podemos ser retrógrados en eso y decir ‘como vino así se tiene que quedar toda la vida’. Obviamente que nosotros vamos a dar la discusión para mantener la mayor cantidad de beneficios posible que podamos, pero también con los pies sobre la tierra”.

Pero la historia no acaba ahí. En sus reclamos por el costo salarial, FNC también apunta contra una “disparidad” en la cadena logística con parte de la competencia, ya que su distribución (que desde 2023 está tercerizada) paga salarios según el laudo del grupo 13 de la bebida, mientras que varias de las cervezas importadas lo hacen a través del grupo 10 de comercio mayorista.

Para un chofer, por ejemplo, en la bebida se paga un salario mínimo de 98.000 pesos por 25 jornales, mientras que en comercio un chofer tiene un mínimo de 40.700 pesos. “Lo que plantearon en estos días de negociación es que de alguna forma se equipare para todos los que compiten en el rubro”, dice Pastorino.

Por otro lado, la empresa también insiste con reclamos como el costo de la energía (que tiene un peso de alrededor del doble que en Argentina), así como uno de larga data, en relación a la devolución del Imesi (Impuesto Específico Interno) por utilización de envases de vidrio, que estuvo vigente hasta 2021.

En la anterior ronda conflictiva de 2024, el gobierno no hizo lugar a los pedidos de la empresa en ese sentido, señalando que no había demasiado “margen de maniobra” con UTE y OSE y que la modificación en el Imesi “no movía la aguja”. Ambas variables vuelven a estar arriba de la mesa dos años después, con un gobierno de otro signo político.

Umpiérrez, el diputado del MPP, tampoco ve en esos reclamos la mejor vía de salida. “Sé que hay unos planteos que se están revisando, pero volver a poner subsidios o fijar beneficios fiscales no es lo que corresponde”, resume. El legislador dice que todo es producto “del sistema en el que nos toca vivir”, y en el que “el mercado es el que manda”.