¿Qué pasará con LIV Golf? Sin los millones saudíes, el éxodo de sus figuras y una temporada 2027 en duda

El LIV Golf atraviesa una crisis que amenaza con cambiar definitivamente el mapa del golf profesional. Lo que comenzó en 2022 como una competencia revolucionaria, respaldada por miles de millones de dólares provenientes de Arabia Saudita, hoy lucha por sobrevivir entre deudas, conflictos judiciales y una creciente fuga de jugadores.

El punto de quiebre llegó cuando el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), principal sostén económico del circuito, decidió interrumpir su financiamiento. Tras invertir aproximadamente 5.500 millones de dólares, el organismo dejó de garantizar la continuidad del proyecto. La consecuencia fue inmediata: el 8 de septiembre LIV Golf solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 de la legislación estadounidense, iniciando una compleja reestructuración financiera.

La incertidumbre provocó un verdadero éxodo. El golpe más importante fue la decisión del español Jon Rahm de no participar en el proyecto conocido como LIV 2.0. A él se sumaron otros nombres de peso como Sergio García, Tyrrell Hatton, Ian Poulter, Louis Oosthuizen y Graeme McDowell, además de Lucas Herbert y Tom McKibbin.

La situación de Bryson DeChambeau y Dustin Johnson también genera interrogantes. DeChambeau todavía no confirmó su participación en la nueva etapa, mientras que Johnson encabeza un grupo de jugadores que reclama compensaciones por contratos pendientes, con demandas que superarían los 100 millones de dólares.

La salida de tantas figuras representa un problema fundamental: sin sus principales estrellas, LIV pierde buena parte del atractivo que justificaba su existencia frente al PGA Tour y el DP World Tour.

El problema financiero es todavía más profundo. Según la documentación presentada ante la Justicia estadounidense, LIV declaró pasivos de entre 500 y 1.000 millones de dólares, frente a activos estimados entre 100 y 500 millones. Entre los principales acreedores aparecen los propios golfistas, con reclamos iniciales de aproximadamente 7,5 millones de dólares de Rahm, 5,8 millones de DeChambeau, 5,5 millones de Johnson y 4,8 millones de Cameron Smith. Rahm alcanzó posteriormente un acuerdo para renunciar a los pagos reclamados, sujeto a aprobación judicial.

También surgieron reclamaciones de empresas proveedoras y productoras vinculadas a la organización de torneos, como Mobbi Systems Group, que reclama más de un millón de dólares, y Fresh Tape Media, con una demanda de 1,2 millones.
A esto se sumó la revelación de que LIV destinó 15,6 millones de dólares a incentivos para retener ejecutivos antes de la bancarrota, incluyendo 6,3 millones para su director ejecutivo, Scott O'Neil, lo que generó nuevas controversias sobre la administración de los recursos.

En medio de este escenario apareció una posible solución. El fondo BC Partners Credit se comprometió a aportar hasta 300 millones de dólares para financiar una nueva etapa, aunque la operación depende de distintas condiciones y de la aprobación judicial.

El proyecto contempla una transformación importante: los jugadores pasarían a tener participación accionaria en la liga y sus equipos, mientras que los premios se reducirían considerablemente, de bolsas individuales de 20 millones de dólares a aproximadamente nueve millones.

Sin embargo, el gran obstáculo sigue siendo reunir suficientes jugadores. Según informaciones del Financial Times, alrededor de 15 golfistas habían manifestado un compromiso preliminar con LIV 2.0, mientras que los promotores necesitarían entre 30 y 40 para poner en marcha la competencia.

El calendario de la próxima temporada constituye otra gran incógnita. Aunque inicialmente se anunció la intención de disputar diez torneos, cinco en Estados Unidos y cinco internacionales, las negociaciones más recientes contemplan hasta 17 competencias.

Sin embargo, todavía no existe un calendario definitivo y confirmado. La incertidumbre también afecta a las sedes, como Kooyonga Golf Club, en Australia, que acudió al proceso judicial para obtener garantías sobre la realización del torneo previsto en Adelaida para marzo de 2027.

Este de 30 de octubre aparece como una fecha clave para alcanzar un acuerdo que permita avanzar con la nueva estructura, mientras que el 5 de noviembre está prevista otra audiencia judicial decisiva. De fracasar las negociaciones, la alternativa podría ser la liquidación definitiva del circuito.

La crisis de LIV Golf representa un giro inesperado para un proyecto que hace apenas unos años parecía dispuesto a transformar el deporte. Sus contratos multimillonarios modificaron el mercado, obligaron a los circuitos tradicionales a revisar sus estructuras y provocaron una división sin precedentes.

Hoy el panorama es radicalmente diferente. Los jugadores buscan estabilidad, los acreedores reclaman sus pagos y los nuevos inversores intentan construir un modelo económicamente sostenible.

Lo que parece claro es que, si LIV consigue sobrevivir, difícilmente volverá a parecerse al proyecto multimillonario que irrumpió en el golf mundial en 2022. La gran incógnita ya no es si podrá competir con el PGA Tour, sino si logrará reunir las condiciones necesarias para disputar una temporada más.