Las cuatro propuestas de empresarios de la construcción y el retruque del gobierno: Fondo de Infraestructura

La industria de la construcción en Uruguay comenzó a mostrar señales de recuperación luego de tres años sin crecimiento, en un contexto en el que el sector empresarial busca impulsar iniciativas para dinamizar la actividad y aprovechar oportunidades de inversión. En el marco del Día de la Construcción, se realizó un evento ayer en el Club de Golf donde el presidente de la Cámara de la Construcción (CCU), Alejandro Ruibal, presentó cuatro propuestas para 2027, mientras que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, adelantó que el gobierno identificó proyectos estratégicos de infraestructura por más de US$ 4.700 millones y habló de la la posibilidad de un Fondo Nacional de Infraestructura.

Varias autoridades y exgobernantes estuvieron en el evento, como el presidente de la República, Yamandú Orsi; el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz; el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti; el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, entre otros.

Durante su intervención, Ruibal destacó que la industria de la construcción representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y emplea directamente a unos 56.000 trabajadores. Al incorporar los empleos indirectos y la actividad económica que genera, estimó que unas 200.000 personas están vinculadas al sector.

También remarcó que, actualmente, Uruguay cuenta con unas 8.000 obras activas, de las cuales el 30% se concentran en Montevideo, el 20% en Maldonado y el 10% en Canelones, mientras que el restante 40% se distribuye entre los demás departamentos. Además, alrededor de 1.000 empresas participan de la actividad.

En ese marco, Ruibal resaltó que, después de tres años de estancamiento, la construcción acumula dos trimestres de crecimiento, impulsada principalmente por la vivienda, pero también por la aparición de proyectos industriales, centros de datos y una mayor actividad de obra pública, aunque pidió que los proyectos públicos cuenten con más dinamismo de cara al futuro.

En ese sentido, uno de los principales anuncios del presidente de la CCU estuvo vinculado a la planificación de infraestructura. Ruibal reclamó poner en funcionamiento una Agencia de Infraestructura, que permita analizar grandes proyectos estratégicos, como un puerto de aguas profundas o planes de desarrollo energético.

“Yo creo que en marzo del año que viene la podríamos tener operativa. ¿Qué vamos a esperar?”, planteó, y señaló que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) podría albergar su funcionamiento. No obstante, aclaró que su implementación depende del gobierno.

Alejandro Ruibal. Foto: Leonardo Mainé.

En paralelo, anunció que el sector privado pretende lanzar también en marzo de 2027 un Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), inspirado en la experiencia de Chile. Se trataría de un organismo integrado por cámaras empresariales, especialistas, académicos y exautoridades, destinado a elaborar propuestas de políticas de largo plazo para presentar al gobierno.

“¿Cómo no vamos a usar la experiencia que tiene una persona que estuvo a cargo de una cartera, sin importar el partido que sea?”, preguntó.

Otra propuesta consiste en desarrollar lo que denominó la “exportación de proyectos de desarrollo inmobiliario”. La iniciativa apunta a reunir distintos emprendimientos del país en una oferta conjunta para promocionarlos en ferias internacionales, con participación de los privados, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Uruguay XXI.

Ruibal sostuvo que Uruguay tiene condiciones para captar compradores, particularmente personas de clase media próximas a jubilarse, interesadas en invertir o radicarse en el país.

“Podemos vender los proyectos de desarrollo inmobiliario”, señaló, y explicó que la estrategia no debería limitarse a los segmentos más exclusivos ni a Punta del Este, sino incorporar desarrollos de Montevideo, Canelones, Colonia y otros departamentos.

La cuarta iniciativa apunta a profundizar la internacionalización de las constructoras uruguayas, aprovechando las oportunidades existentes en mercados regionales. Según Ruibal, mientras las grandes constructoras europeas obtienen una proporción significativa de sus ventas fuera de sus países, en Uruguay las exportaciones de servicios de construcción representan aproximadamente el 5% de las ventas del sector.

“Podemos perfectamente vender más trabajo en el exterior, en la región, manteniendo las centralidades en Uruguay”, sostuvo. Agregó que existe espacio para empresas grandes, medianas y especializadas, y consideró necesario discutir mecanismos de respaldo financiero y garantías con participación del Banco República (BROU).

Ruibal también se refirió al convenio colectivo firmado por cinco años con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), que contempla una reducción gradual de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales y una mayor flexibilidad para distribuir los horarios de trabajo.

Destacó la previsibilidad del acuerdo, pero advirtió que será fundamental avanzar en productividad, innovación tecnológica y capacitación. En ese sentido, mencionó la creación de un observatorio integrado por empresarios, trabajadores y eventualmente universidades, que permitirá medir la productividad en cada centro de trabajo.

El empresario también fue muy autocrítico respecto a la seguridad laboral: “Somos el peor de la clase, somos muy buenos en muchas cosas, pero estamos muy mal en seguridad”, expresó, y sostuvo que Uruguay presenta algunos de los peores indicadores de frecuencia de accidentes de la región.

Alejandro Ruibal. Foto: Leonardo Mainé.

“El responsable de que haya una obra segura es el dueño de la obra. Somos nosotros los que tenemos que crear las condiciones”, agregó.

En representación del Poder Ejecutivo, Sánchez destacó que Uruguay tiene identificados más de US$ 4.700 millones en proyectos estratégicos de infraestructura, entre los cuales mencionó inversiones por US$ 1.200 millones en generación y redes eléctricas durante el período de gobierno.

Alejandro Sánchez. Foto: Leonardo Mainé.

También se refirió al proyecto de movilidad metropolitana por US$ 500 millones y a los US$ 700 millones presupuestados para intervenir en asentamientos irregulares.

En materia logística, consideró necesario aprovechar la capacidad ociosa del Ferrocarril Central, que estimó en 50%, y avanzar en conexiones ferroviarias hacia Salto y Rivera, junto con la posibilidad de instalar un puerto seco y desarrollar nuevas conexiones regionales.

Finalmente, recogió el planteo de Ruibal sobre una Agencia de Infraestructura y fue “más allá” al proponer discutir un sistema nacional y un Fondo Nacional de Infraestructura.

Ruibal y Sánchez en el día de la construcción. Foto: Leonardo Mainé.

Sánchez sostuvo que Uruguay tiene una oportunidad de canalizar parte del ahorro nacional hacia proyectos estratégicos y llamó a acelerar los procesos de inversión. “La velocidad es un componente que el Uruguay tiene que incorporar con mucha más inteligencia”, afirmó.

“Tenemos que tener un gran pacto de producción hacia el futuro”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), Alfredo Kaplan, destacó que la inversión privada alcanza unos US$ 3.500 millones anuales -como ya le había adelantado a El País- y puso el foco en la necesidad de agilizar las autorizaciones para nuevos emprendimientos.

“A veces el silencio de los trámites hace ruido”, afirmó, en referencia a proyectos que pueden permanecer durante meses, e incluso un año, pendientes de aprobación.

Alfredo Kaplan. Foto: Leonardo Mainé.

Como alternativa, propuso establecer un mecanismo de aprobación tácita o “silencio positivo”, por el cual aquellos proyectos que no reciban observaciones en un plazo de cuatro meses puedan considerarse aprobados, bajo responsabilidad de los técnicos correspondientes.

También solicitó extender hasta diciembre de 2030 los beneficios para proyectos de gran dimensión económica de entre US$ 5 millones y US$ 10 millones, cuya posibilidad de presentación finaliza en diciembre de 2027. Para los emprendimientos de entre US$ 1 millón y US$ 5 millones, planteó implementar un régimen de devolución del IVA y beneficios equivalentes a parte de los otorgados a proyectos de mayor dimensión.