Uruguay se prepara para ensayar nuevos negocios financieros en un "laboratorio" supervisado por el Banco Central: qué se plantea

El Banco Central (BCU) envió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un anteproyecto de ley que propone la creación de un “sandbox regulatorio” para impulsar actividades innovadoras en el sistema financiero y de pagos.

Los "sandbox" son "espacios seguros" en los que las ideas o actividades innovadoras pueden ser testeadas y estudiadas en un lugar real como el mercado financiero. De acuerdo con la resolución del BCU, estos espacios de prueba "son entornos de experimentación supervisada que permiten a empresas innovadoras operar de forma temporal y acotada" para poder ofrecer nuevos productos y servicios, "bajo condiciones específicas respecto del alcance, duración y número de usuarios".

Según analizó Brum & Costa Asociados, la iniciativa busca “conferir al BCU amplios poderes para regular, dirigir y evaluar todo el procedimiento”, incluyendo la facultad de otorgar exenciones normativas, limitar el alcance de las pruebas y monitorear permanentemente cada proyecto.

Además, explicaron que la propuesta apunta a facilitar la experimentación de tecnologías y modelos de negocio emergentes, aunque sin dejar de lado la protección de los usuarios, así como los objetivos de estabilidad financiera y la integridad del mercado.

De acuerdo con el BCU, los "sandbox regulatorios" han demostrado ser "herramientas eficaces" a nivel mundial para promover y acelerar la innovación en el sector financiero, "en tanto reducen la inseguridad regulatoria, fomentan el desarrollo de nuevas soluciones financieras, acortan los plazos de innovación y facilitan al regulador un mayor conocimiento sobre nuevos modelos de negocio, tecnologías emergentes y riesgos asociados".

La creación de un "sandbox regulatorio" es un reclamo histórico del sector fintech en Uruguay. Ya en 2018, las empresas del rubro nucleadas en la Cámara Uruguaya de Fintech (CUF) planteaban la necesidad de contar con un mayor espacio para la innovación y promovían la implementación de un régimen que les permitiera desarrollar ideas y probarlas en el mercado en un entorno controlado.

Desde Brum & Costa Asociados señalaron que al régimen podrían postular tanto empresas no reguladas, como fintechs, como entidades ya supervisadas por el BCU y que podría abarcar iniciativas vinculadas a pagos, crédito en línea, tokenización de activos, soluciones basadas en blockchain, herramientas de cumplimiento normativo, así como inteligencia artificial aplicada a servicios financieros.

Si el anteproyecto es aprobado, el BCU podrá otorgar autorizaciones temporales de hasta 12 meses, prorrogables por otros 12 meses “por razones fundadas”.

Cada autorización establecerá las condiciones de funcionamiento, las normas cuya aplicación podrá flexibilizarse y los límites operativos del proyecto, como número máximo de usuarios, montos autorizados y alcance territorial.

De acuerdo con la resolución del BCU, también se exigirán medidas de protección al usuario, entre ellas consentimiento informado, garantías y procedimientos adecuados de gestión y mitigación de riesgos.

Durante el período de prueba, el BCU podrá solicitar información adicional, modificar las condiciones originales o poner fin anticipado al proyecto si la evaluación de su impacto resulta negativa. Al término del proceso, la iniciativa podrá cesar, obtener una autorización definitiva bajo el régimen ordinario o convertirse en antecedente para futuras modificaciones regulatorias.

En su análisis, Brum & Costa Asociados consideró que el principal aporte del anteproyecto es la creación de “un mecanismo institucional que permite al regulador observar y evaluar nuevas tecnologías y modelos de negocio en condiciones controladas”.

El estudio agregó que esta herramienta podría reducir barreras de entrada para proyectos innovadores y generar evidencia práctica para diseñar normas futuras más adecuadas al desarrollo tecnológico. No obstante, advirtió también que el modelo exigirá "una supervisión intensiva por parte del BCU, que deberá complementar sus tareas habituales con un seguimiento cercano y continuo de cada proyecto autorizado".