Trámites lentos, proyectos en pausa y pulseada por la burocracia en el sector de la construcción

La demora en los trámites y los tiempos de aprobación de proyectos es un tema de discusión dentro del sector de la construcción. Los promotores reclaman mayor agilidad para evitar que las inversiones queden en pausa, mientras que el sindicato advierte que cualquier cambio debe preservar los controles y garantías del proceso, y en paralelo, las empresas constructoras entienden que hay una necesidad de modernizar ciertos sistemas para acelerar los procesos.

El tema, además, se cruza con otros factores que hoy inciden en la dinámica del sector, como la negociación de un nuevo convenio colectivo (que venció en marzo) y la falta de incentivos para determinados proyectos, en un contexto donde, pese a eso, persiste el optimismo en torno a la inversión.

Para el asesor de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu), Aníbal Durán, la "mala burocracia" en Uruguay “es un gran drama". De hecho, resaltó que hay aproximadamente 80 obras que están a la espera de ver qué ocurre con la negociación del convenio colectivo, que aún no se ha concretado.

Con el convenio vencido a fines de marzo, varios desarrolladores optaron por esperar antes de avanzar con sus proyectos. “El promotor que no empezó se guarda quietito un poco a ver qué pasa con el convenio”, explicó Durán, y agregó que incluso hay obras en marcha que han reducido su ritmo. “Han ralentizado la construcción, no apuran la obra hasta que se salve el tema del convenio”, señaló.

Si bien relativizó el impacto diciendo que “no es una tragedia”, reconoció que implica una pausa de “tres o cuatro meses” en algunos casos. Pese a estos factores, Durán mantiene una visión positiva para el año. Argumentó que hay señales de dinamismo, como la compra de terrenos y el interés de inversores extranjeros, y proyectó que la inversión del sector podría acercarse a los US$ 2.500 millones.

Más allá de los frenos que supone la “mala burocracia” del país, Durán aclaró que en el último tiempo el sector encontró apertura en distintos ámbitos del Estado. “Hemos tenido muy buena receptividad, tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la Intendencia de Montevideo (IM), como en la Dirección Nacional de Catastro (DNC)” sostuvo en referencia a una serie de reuniones recientes con autoridades.

Foto: Leonardo Mainé

Sobre esa base, el planteo central de los promotores apunta a introducir mecanismos que acorten los plazos de respuesta. En particular, Durán propuso establecer una especie de “aprobación tácita” para los proyectos que "no reciban respuesta de la Administración pública pasado cierto tiempo, unos 120 días”.

Si no hay observaciones, Durán sostiene que el trámite debería considerarse aprobado automáticamente; y si las hay, deberían ser comunicadas para su corrección. “Si no hay observaciones, que se den por aprobados”, resumió.

El planteo ya fue formalizado ante el MEF en un escrito vinculado a un futuro proyecto de ley orientado a la competitividad y la agilización de los tiempos públicos. Según Durán, la idea tuvo buena recepción. “Lo vieron con buenos ojos tanto (el ministro de Economía y Finanzas) Gabriel Oddone, como el presidente de la República, Yamandú Orsi, así como otros organismos a los que fuimos”, afirmó.

Estefania Leal/Archivo El Pais

Desde el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), su presidente Richard Ferreira coincidió en que los procesos pueden y deben ser más ágiles, pero puso el foco en los riesgos de hacerlo sin resguardar las garantías.

“Nosotros hemos sido parte de planteos en los que hemos acompañado al sector empresarial en cuanto a agilizar los trámites”, señaló Ferreira a El País. Sin embargo, advirtió que eso no puede afectar la calidad de los controles. “Eso no puede ir en desmedro de las garantías que se tienen que tener con el cumplimiento de la normativa”, remarcó.

El dirigente hizo hincapié en aspectos como la seguridad social para los trabajadores y el respeto a los convenios colectivos, que a su juicio deben seguir siendo parte central de los procesos de habilitación.

Ferreira explicó que las demoras actuales responden, en buena medida, a la estructura del propio sistema, donde intervienen múltiples organismos. En ese sentido, recordó que el sindicato ha respaldado la idea de una ventanilla única para concentrar trámites. “Eso significaba que los proyectos pudieran ejecutarse en tiempo normal o en tiempo real”, indicó.

También reconoció que existen proyectos demorados, aunque aclaró que no todos los casos se explican por la burocracia. Señaló que en algunos desarrollos inciden los permisos ambientales o los cuestionamientos de la sociedad civil. “Hoy por hoy hay varios proyectos que están teniendo esa demora producto de esa postura”, afirmó.

Para Ferreira, esos reclamos deben ser considerados. “Cuando se habla del medio ambiente o de los reclamos de la sociedad civil, creo que hay que atenderlos”, sostuvo, y los calificó como “reclamos legítimos”, aunque sin que eso implique paralizar indefinidamente los procesos.

Más allá de la burocracia, Durán señaló otro problema estructural: la falta de incentivos para proyectos de menor porte. Explicó que las iniciativas por debajo de 30 millones de unidades indexadas —unos US$ 4 millones— no cuentan con beneficios tributarios, en contraste con los estímulos existentes para la vivienda promovida y los megaproyectos.

También destacó un cambio en la demanda, con mayor presencia de compradores finales. “Compra más el usuario final que el inversor”, afirmó, aunque reconoció que los inversores siguen teniendo un rol relevante en el mercado, sobre todo los argentinos.

En esta línea, Ferreira dijo que no se puede hablar de una crisis en el sector ya que el empleo se ha mantenido relativamente estable, al igual que la actividad. A pesar de ello, planteó interrogantes hacia adelante, vinculados a la ejecución de la inversión pública. “Lo que estamos procurando es en la forma y en dónde se va a ejecutar y el tiempo”, indicó, en referencia a los planes previstos.

Además, advirtió que el impacto de esa inversión será clave no solo para el sector, sino también para el empleo en distintas regiones, especialmente en aquellas donde han aumentado la desocupación o la precariedad laboral.

Desde la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), su presidente Alejandro Ruibal planteó que el problema de los trámites impacta de forma desigual según el rol dentro del sector.

“Los desarrolladores son los que más sufren un poco eso y no tanto los constructores, que venimos un paso después”, explicó, al señalar que las empresas constructoras suelen entrar en escena cuando los permisos ya fueron tramitados.

Foto: Ignacio Sánchez.

Más allá de eso, Ruibal señaló que los tiempos de los proyectos exceden el tema de los permisos. “Las cosas llevan más tiempo de lo que uno siempre prevé”, sostuvo, en referencia a la implementación general de las obras.

En ese marco, puso el foco en la necesidad de modernizar los sistemas de contratación para acelerar los procesos. También valoró que se estén abriendo espacios de discusión para revisar estos mecanismos y adoptar modelos utilizados a nivel internacional.

“Uruguay tiene que modernizarse y adoptar modalidades de contrato que hay en el mundo”, planteó, y mencionó herramientas como el “fast track” (una técnica de gestión de proyectos que se basa en la superposición de actividades o fases que normalmente se ejecutarían en secuencia) como alternativa para reducir los tiempos entre la definición de un proyecto y su ejecución.