Para aprovechar acuerdo Mercosur-UE “no hay que reinventar la rueda" dijo jerarca del MEF, y con analistas, planteó qué hacer

El acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) entró a regir en forma provisional el pasado 1º de mayo. Si bien hay varios temas ya adelantados, o incluso definidos desde 2019 cuando se concluyó la redacción principal de su texto, hay todavía aspectos clave pendientes en el momento de la implementación. Además, gobernantes y analistas plantean cómo “mover la aguja” de los negocios.

Esto fue abordado ayer en el evento “Diversas miradas del acuerdo UE-Mercosur: impactos esperados”, con la participación de Juan Labraga, director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); Marcel Vaillant, profesor de Comercio Internacional en la Universidad de la República (UdelaR); Ramón Casilda, especialista en internacionalización de las empresas españolas; Alejandro Perotti, máster en Derecho Comunitario europeo; Petros Mavromichalis, embajador de la UE en Uruguay; Vanessa Mock, jefa de Economía y Comercio de la UE en Uruguay; Sonia Polónia Rios; investigadora brasileña; Marcos Soto, decano de la UCU Business School; Ignacio Bartesaghi, director de Negocios Internacionales de la Universidad Católica (UCU), donde tuvo lugar el evento ayer.

Labraga, quien fue uno de los negociadores de Uruguay en este acuerdo reiteró que, según estimaciones del gobierno y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Producto Interno Bruto del país podría aumentar entre 1,5% y 1,9% gracias al pacto, pero advirtió que ello solo se logrará si crece la Productividad Total de los Factores (PTF).

Es decir, el comercio generaría únicamente alrededor del 0,4% del PIB, “que es bastante, pero no termina de mover la aguja”, afirmó. Esto significa que “para alcanzar entre el 1,5% y el 1,9%, tenemos que cambiar la productividad y para eso el acuerdo es una ayuda, pero no es lo único que hay que hacer”, apuntó.

En su opinión, Uruguay no puede caer en el mismo “error” del año 1991 cuando se convenció que, con el tratado del Mercosur, el país “estaba salvado” y que casi no se requería hacer más nada, sino esperar a que el bloque se consolidara. “Si no lo lograba, le echábamos la culpa a los socios grandes, porque nosotros somos los pequeños”, rememoró irónicamente Labraga, instando a que esa “posición cómoda no la podemos volver a repetir” con el acuerdo con la UE.

El jerarca del MEF consideró que hay que construir una red de acuerdos, entre los que están la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Singapur, y que deberían venir más “a nivel Mercosur o bilateral”. El supuesto de base es que el aumento de la productividad que esa red generaría va a dinamizar la agenda del Mercosur y específicamente de Uruguay.

Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Labraga advirtió que el “parate” del acuerdo técnico ya cerrado en 2019 representó un “cuasi experimento” donde se concretaron dos grandes asuntos: el régimen de origen (de los productos) y el acuerdo de facilitación del comercio.

En cuanto al régimen de origen, el jerarca del MEF aclaró que toda la modernización que iba a traer el acuerdo con la UE ya ocurrió, porque no sólo se cerró ese capítulo en 2019 sino que se actualizó en 2023 y está vigente desde 2024. De hecho, Brasil ya adoptó la autocertificación de origen, y Uruguay la adoptará a nivel Mercosur a partir del próximo octubre, según anunció.

“El impulso modernizador del acuerdo para lo intra-Mercosur en materia de origen sucedió, y es esperable que lo mismo pase en otras áreas”, agregó.

Sobre la facilitación del comercio en el Mercosur, también se definió cuando se cerró el acuerdo con la UE en 2019, pero no está vigente en Uruguay. Labraga dijo que sí está vigente entre Argentina y Brasil, mientras que Uruguay aún se maneja con la Tasa Consular, que deberá eliminar con la UE a partir del 1º de mayo de 2029.

Labraga dejó en claro que Uruguay tiene una agenda unilateral de apertura al mundo y, en relación específicamente a este acuerdo con la UE, deberá avanzar mucho a nivel de convergencia y coherencia regulatoria. “No hay que reinventar la rueda, sino ajustarse a buenas prácticas internacionales, lo que va a aumentar el comercio y las inversiones, porque en Europa adoptar eso va a ser bien visto”, concluyó.

Vaillant hizo énfasis en el acuerdo Mercosur-UE en materia de servicios, señalando que la heterogeneidad europea evidencia que no existe una política comercial común a ese nivel.

Como novedades, mencionó que el acuerdo liberaliza de forma permanente los derechos aduaneros sobre transmisiones electrónicas, lo que desde hace tiempo está trancado (por moratoria) en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Y también destacó las mejoras que representa el acuerdo con la UE en transporte internacional.

Vaillant consideró que en materia de propiedad intelectual, el acuerdo con la UE es poco ambicioso, al estar focalizado fundamentalmente en indicaciones geográficas de origen, pero opinó que “es lo mejor que se pudo hacer”. Asimismo, consideró que el capítulo de compras de gobierno también redujo su ambición en relación a la versión de 2019.

Darwin Borrelli, El País.

El economista coincidió con la visión de Labraga en que existen buenos instrumentos abiertos para avanzar en convergencia regulatoria, lo que es clave en la etapa de implementación. No obstante, observó que es clara la convergencia de estándares que se debe dar en bienes, pero que en servicios está más difusa. Y agregó que, en ambos casos, serán procesos costosos.

“La mayoría de las oportunidades que surgirán no serán de lo que habitualmente hablamos, como la carne, porque surgirán nuevos desarrollos que aún no conocemos”, advirtió sobre la incertidumbre del futuro en innovaciones y cambios de dinámicas internacionales.

Hizo énfasis en la asociatividad de empresas, que será posible a partir de nuevas demandas que requieran profundizar las oportunidades del acuerdo.

También advirtió que la velocidad de la implementación del acuerdo será “fundamental” para el éxito o no de éste.

El embajador Mavromichalis afirmó que, para establecer acuerdos, los mercados no solo observan costos y precios, sino los valores, la seguridad jurídica y la transparencia de la otra parte. En tal sentido, Uruguay cumple, a su entender, con todos esos requisitos y también puede ser una referencia al respecto.

Sintetizó la nueva etapa del acuerdo en tres niveles: políticas públicas, diseño técnico y adecuación empresarial.

En esa línea, Mock —quien aclaró que el acuerdo sea “provisional” no significa que sea “provisorio”— compartió que se han presentado tres quejas sobre el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero que no afectan las bases del mismo. Aclaró que algo similar sucedió con el acuerdo UE-Canadá y UE-Singapur, por lo que lo que está pasando no es algo excepcional, sino esperado.

Anunció que se están creando comités y consejos nuevos para facilitar la implementación; y que la UE ha activado 1.800 millones de euros para proyectos vinculados al acuerdo y otros 50 millones de euros para la implementación de éste en el Mercosur propiamente dicho.

Casilda, por su parte, hizo referencia a cómo revitalizar el espacio inversor en ambos bloques, y habló bastante de la situación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), haciendo notar que suelen ser la “coletilla de todo”, “son un comodín”, dijo. Asimismo, opinó que muchos acuerdos —incluyendo el del Mercosur-UE— tienen un capítulo específico para ese tipo de empresas, pero que en los hechos son un eslabón vulnerable al que no se termina ayudando realmente.

“No avanzan las pymes, menos con la actual carrera de la inteligencia artificial, sí lo hacen las grandes empresas”, afirmó como corolario, esperando que no ocurra esto con el presente acuerdo.

Soto apuntó que, en la nueva fase del acuerdo, se profundizará en los perfiles productivos y en leer mejor la letra del documento.

“En Brasil se está estudiando y hablando del tema mucho más que acá”, compraró. “Hay que colocar más en la agenda estos temas; no esperar al sector público; que la academia y el sector privado también despierten la chispa del intercambio”, invitó.

Desde Buenos Aires, Perotti aportó una visión jurídica y reafirmó que el hecho de que el acuerdo sea provisional es una práctica constante de la UE. Compartió que Polonia presentó un recurso de nulidad del acuerdo Mercosur-UE en el pasado febrero y que, si bien lo hizo fuera de plazo, igual podría llegar a proceder. De todas formas, tranquilizó con su opinión de que todo seguirá un buen curso.

En otro orden, el abogado sopesó que, existen dos acuerdos entre el Mercosur y la UE (no solo uno). Y si algunos Parlamentos nacionales de la UE rechazan el acuerdo de asociación con el Mercosur, el acuerdo comercial (provisional) seguirá igual vigente, según los estatus.

Polónia Ríos, desde Brasil, reconoció que su país se resistió a las negociaciones del acuerdo del Mercosur con la UE en un comienzo, pero luego avanzó, al evaluar que los riesgos que éste representa son muy limitados en su caso. Además,hay capítulos que no están expuestos a las reglas generales de resolución de diferencias.

Destacó que Brasil puede aprovechar el mercado europeo para sostener una política ambiental más duradera a nivel doméstico. En tal sentido, el acuerdo prevé la cooperación en cuestiones como el acceso al mercado para productos sostenibles e inversiones en minerales críticos, entre otros aspectos.

Finalmente, para Bartesaghi el acuerdo Mercosur-UE debe ser visto como una estrategia sobre cómo dos bloques pueden seguir creciendo en un entorno internacional incierto y de relaciones complicadas incluso con aliados tradicionales.