Munyo: la "dura realidad" de la economía uruguaya, el gasto que no para de crecer y por qué es bueno bajar exoneraciones a eléctricos

En pleno debate por el gasto público —un punto central de la interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone—, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) organizó el desayuno “La Dura Realidad: datos, análisis y perspectiva”. El director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo, realizó críticas al proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida y planteó algunas alternativas para reducir el gasto.

Una de las principales observaciones que realizó Munyo fue sobre la rentabilidad de la inversión productiva en Uruguay, donde puntualizó que si bien los ingresos por unidades productivas aumentaron para sectores exportadores, los costos medidos en dólares se duplicaron entre 2007 y 2025.

Estos elementos comprometen la atracción de inversiones, que se mantuvo estable en 2025. Sin embargo, Munyo consideró que el clima de negocios cayó de 89% a 37% entre el primer trimestre del año pasado y el mismo período de este, el Índice de Confianza del Consumidor se redujo a su nivel más bajo en los últimos cuatro años y las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) pasaron de 2,4% en enero del 2025 a 1,4% en junio de este año.

Compuesto por 240 artículos, cuatro grandes capítulos y 160 páginas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) remitió al Parlamento el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida el pasado jueves. El mismo está enfocado en la agilización de trámites, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia e innovación y aceleración de inversiones. Si bien fue celebrado por varios actores del sector privado, Munyo realizó algunas puntualizaciones pese a que lo consideró un proyecto “moderno”.

Según el director ejecutivo de Ceres, para apuntalar la competitividad, es necesario abordarla desde tres grandes ángulos: regulación laboral, carga fiscal y competencia, aunque reconoció que esta última es la única que se aborda de forma adecuada en el proyecto. Munyo realizó 303 propuestas y otros aportes de informes especiales al MEF para incluir en el proyecto. En su mayoría, las propuestas fueron contempladas por la cartera.

Foto: Leonardo Mainé, El País.

Sin embargo, Munyo defendió una idea de Ceres que no fue incluida: la creación de un Consejo Asesor de Competitividad. Sería un órgano técnico, consultivo que se encargue de evaluar las nuevas regulaciones y que actúe como complemento a los artículos 5 y 9, en los que se crea un Programa de Calidad Regulatoria y Agilización de Trámites.

En cuanto a la regulación laboral, Munyo mencionó tres temas que complejizan el debate. El primero es la propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre el preaviso de despidos por parte de las empresas. “Esto está sobre la mesa, obviamente no es una práctica que vaya de la mano de mayor competitividad para las empresas”, dijo.

El segundo es la advertencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al gobierno uruguayo sobre la necesidad de una negociación salarial bipartita y la propuesta del Pit-Cnt sobre la reducción de la jornada laboral. Para analizar este punto, Ceres sostuvo que la productividad se mantuvo estancada durante los últimos 10 años y agregó que la reducción de la jornada implicaría un aumento del costo laboral de 20%.

Otro de los grandes temas mencionados por Munyo para apuntalar la competitividad y que incluso fue uno de los reclamos a Oddone por parte de la oposición durante la interpelación fue el gasto público. El análisis de Ceres señaló que el costo del Estado es cada vez más significativo y que pasó de $ 159.000 a $ 316.000 anuales por persona durante los últimos 25 años.

Según Ceres, algunos de los principales factores que afectan la eficiencia del gasto público es la falta de evaluación y control del mismo, la fragmentación institucional y deficiencias en la gestión e implementación de los organismos ejecutores. A su vez, el Estado complejizó aún más su composición durante los últimos 25 años a través de la incorporación de nuevas funciones e instituciones. En la actualidad existen 139 entidades estatales: 79 más que hace 25 años. “(Los organismos) no dialogan entre sí”, criticó Munyo.

El director ejecutivo de Ceres también criticó la distribución del gasto público que se divide en esencial –que incluye rubros como seguridad, justicia, hacienda, Parlamento y Relaciones Exteriores– que aumentó sólo un 44% durante los últimos 24 años y representa un 14% del gasto en la actualidad. Por su parte, los rubros básicos –que incluyen educación, salud, niñez y vivienda– representan un 35% del gasto en la actualidad y aumentaron un 166% durante los últimos 24 años.

Ceres propuso una revisión periódica y profunda de programas, organismos y gasto con un presupuesto por resultados. “Presupuesto base cero es lo único que nos puede sacar de una situación de inercia que es insostenible”, justificó Munyo.

Foto: Leonardo Mainé.

Algunos sectores que Ceres propone revisar incluyen el dragado del puerto de Montevideo, que implicaría una inversión de US$ 11 millones anuales entre 2025 y 2029 con la tercerización de actividades. El centro acompaña la propuesta del MEF de eliminar de forma gradual los incentivos a la venta de vehículos eléctricos. Su estudio supuso que si se reduce en una tercera parte de los comercializados hasta ahora y se mantienen las ventas de vehículos a combustión, la recaudación potencial adicional del Estado sería de unos US$ 90 millones anuales.

Munyo también cuestionó la producción de pórtland de Ancap, para la cual defendió “hacer una transición laboral financiada” con un subsidio temporal a cada trabajador por $ 80.000 mensuales por un año mientras se realizan capacitaciones a través del Instituto Nacional de Formación Profesional (Inefop), lo que supondría un costo estimado de US$ 8,8 millones.

Por otra parte, Munyo planteó rever el destinamiento de recursos al Instituto Nacional de Colonización, para el cual se planea frenar las nuevas compras de campos y eliminar el presupuesto previsto para el período 2026-2029 (US$ 120 millones). También cuestionó la reforma de movilidad metropolitana que supone una inversión total de US$ 1.000 millones y defendió que en los últimos 15 años, el país perdió US$ 450 millones en proyectos de infraestructura que no funcionaron. Para frenar este impacto, propuso recurrir a la participación público-privada.

El sistema jubilatorio estuvo en el centro de la polémica luego del documento surgido de la discusión del Diálogo Social que proponen trasladar al Estado el proceso de afiliación a las AFAP y la relación comercial de estas con el trabajador, lo que Munyo calificó como “corralito jubilatorio” y de bajo impacto en las jubilaciones.

Sin embargo, sostuvo que algunos aspectos que no incluye la reforma y son de alto impacto son la falta de ampliación de activos elegibles para las AFAP para invertir los sub-fondos de crecimiento y acumulación y la falta de revisión de la tasa de comisión que cobra el Banco de Seguros del Estado (BSE), que tiene un monopolio de hecho (y no por ley) en el mercado de rentas vitalicias previsionales. “Genera un impacto enorme e inmediato en las jubilaciones pero no está en el Diálogo Social, va a tener que ir al Parlamento en algún momento”, sostuvo Munyo aunque reconoció que una revisión sobre el BSE implica un riesgo político. En ese sentido, puntualizó que el 32% del Parlamento cree que se debe reducir el lucro del sistema jubilatorio y reconoció que a su juicio, “el lucro está en el BSE”.

Por otra parte, se refirió al retiro anticipado a los 60 años cuya posibilidad también sugirió el Diálogo Social y el Poder Ejecutivo prevé llevar adelante, pese a que, a juicio de Munyo, no considera los cambios demográficos y el impacto fiscal de la baja de edad jubilatoria.