El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) prepara un cambio de estrategia en dos frentes que considera prioritarios para este período: la intervención en barrios vulnerables mediante el programa Más Barrio, con una lógica de permanencia territorial y coordinación interinstitucional, y una reformulación de las respuestas habitacionales para personas en situación de calle, con una meta de 720 plazas residenciales nuevas entre 2026 y 2028.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Vivienda de Diputados, la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, defendió este nuevo enfoque, aclaró dudas sobre el funcionamiento de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), respondió cuestionamientos sobre financiamiento y sostuvo que el objetivo es abandonar modelos rígidos para avanzar hacia políticas más permanentes y adaptables.
Uno de los primeros puntos que abordó fue el funcionamiento de la Dinisu y la relación entre los distintos programas que ejecuta: el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Plan Juntos y el Plan Avanzar.
En este caso, la ministra reconoció que “del año 2022 al 2024 no se pudo generar esa sinergia entre los tres programas”.
Explicó que actualmente el Programa Mejoramiento de Barrios, Plan Juntos y Plan Avanzar mantienen carteras propias, aunque el objetivo del gobierno es que Dinisu “trabaje en conjunto con los tres programas que la conforman”.
La jerarca aclaró además que el programa Más Barrio no sustituye ninguno de estos programas existentes, sino que “suma recursos nuevos”. Esta es una estrategia de intervención territorial a nivel nacional en Uruguay que busca recuperar zonas vulnerables con el fin de mejorar viviendas, espacios públicos y ganar seguridad ciudadana.
Respecto al financiamiento del programa Más Barrio, la ministra explicó que el esquema contempla US$ 50 millones iniciales provenientes de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- ,además de una línea abierta de crédito por hasta US$ 250 millones.
Indicó, además, que los primeros recursos estarán destinados a cinco zonas priorizadas (Cerro Norte en Montevideo; Las Piedras y Corfrisa en Canelones; Rivera, Durazno y San Antonio en Maldonado) y que el mecanismo opera “sobre una arquitectura de fideicomisos diseñada para garantizar agilidad, transparencia y rendición de cuentas”.
La ministra defendió además el uso del Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU), señalando que tiene antecedentes de ejecución similares durante gobiernos anteriores.
“Para la ejecución, está en proceso la creación del Fideicomiso Más Barrio (Fidmasba) bajo la fiduciaria de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior como fideicomitentes. El FISU contratará al Fidmasba para la ejecución total del proyecto, transfiriéndole fondos conforme al cumplimiento de hitos del Plan Operativo Anual”, agregó la ministra.
La ministra insistió varias veces en que el gobierno no pretende aplicar intervenciones acotadas temporalmente, sino sostenerlas en el territorio. Por ello, sostuvo que “no podemos dar una fecha para el término del programa”.
“El objetivo principal no es hacer realojos; es justamente que la gente permanezca en el lugar”, enfatizó.
La segunda parte de la comparecencia estuvo dedicada a las personas en situación de calle y vulnerabilidad extrema.
La ministra sostuvo que la problemática dejó de ser un tema exclusivamente asociado a refugios de emergencia y que “aparece como una prioridad explícita de la política habitacional de esta gestión”.
Aclaró que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) seguirá siendo el rector de la política y quien “conduce el sistema”, mientras que el MVOT aportará infraestructura, subsidios, inmuebles y soluciones permanentes.
Menos compra de viviendas, más alquileres
En su comparecencia en el Parlamento, Paseyro destacó el cambio de enfoque para ampliar la cobertura en el Plan Avanzar. Hasta ahora, una parte importante de la estrategia implicó comprar viviendas mediante convenios entre organismos. Sin embargo, según la evaluación del ministerio, ese modelo tuvo limitaciones.
En tanto, la ministra dio como ejemplo que en el período anterior se invirtieron cerca de US$ 4 millones para adquirir 48 inmuebles que totalizaron 53 viviendas, con una cobertura para 101 personas, lo cual “no permitió generar demasiadas plazas”.
“La adquisición de inmuebles supone elevados costos iniciales de inversión, procesos administrativos y operativos más extensos, lo que restringe la posibilidad de expansión rápida de las respuestas habitacionales frente a una demanda creciente y cada vez más compleja”, agregó Paseyro.
Por ello, el nuevo enfoque que tomará el MVOT se centrará en priorizar mecanismos de alquiler para el desarrollo de casas colectivas con acompañamiento, la implementación de dispositivos especializados de medio camino y la recuperación de inmuebles mediante un proyecto piloto para personas “en situación de extrema vulnerabilidad, relevadas del asentamiento Costanera, al Ribera del (arroyo) Miguelete”.
El nuevo esquema prevé generar unas 720 plazas residenciales adicionales entre 2026 y 2028, mediante aproximadamente 180 viviendas complementadas por dispositivos habitacionales, con una inversión estimada de US$ 6 millones, utilizando US$ 2 millones cada año.
Consultada por legisladores sobre la diferencia entre esas 720 plazas y las 3.000 soluciones habitacionales incluidas en la Estrategia Nacional sobre situación de calle, respondió que las metas son complementarias.
“En 2028 se va a llegar a las 3.000 plazas, y su generación comprende acciones puntuales del Ministerio de Desarrollo Social”, sostuvo.
La ministra también enfatizó en que “la profundización y complejidad creciente de la problemática de calle requiere avanzar hacia estrategias de mayor escala, flexibilidad y diversidad de respuestas”.
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