Redacción El País
El Plan Mejoramiento de Barrios (PMB) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) se consolidó como una de las principalesherramientas de integración social urbana en Uruguay. Con casi tres décadas de trayectoria —desde su creación en 1998 como Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI)— el PMB es, según su coordinador, Martín Delgado, una de las políticas públicas más sostenidas del Estado uruguayo, con continuidad a través de distintos gobiernos.
El programa, que depende de la Dirección de Integración Social y Urbana del MVOT, combina intervenciones físico-urbanas con un trabajo social permanente en el territorio. Su objetivo central, explicó Delgado, es integrar barrios a la ciudad mediante infraestructura, espacios públicos, equipamiento comunitario y mejoras habitacionales. “Pero sobre todo, hacemos ciudad, ese es el centro de la actividad del PMB”, resumió.
Presupuesto estable y respaldo del BID
El MVOT destina al PMB entre un 4% y 6% del presupuesto de inversiones, lo que equivale a unos US$ 13 millones anuales. A esa cifra se suman aportes extrapresupuestales que, según indicó Delgado, aún no están definidos. De todos modos, destacó la estabilidad del financiamiento en términos reales.
“Es un presupuesto sorprendentemente estable, ya que es prácticamente la misma inversión real del período anterior”, afirmó.
Parte de los recursos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha financiado cuatro préstamos desde 1998. Para Delgado, ese vínculo no solo representa financiamiento, sino también apoyo técnico y acumulación de capacidades institucionales. “Ha permitido acumular una experiencia institucional que es un capital muy importante del Estado uruguayo”, sostuvo.
Siete barrios en obra y una meta de expansión
Actualmente, el PMB interviene en siete barrios, que en conjunto abarcan aproximadamente 3.600 hogares. Las zonas de trabajo son Nueva Esperanza, Cotravi, San Antonio IV, Cauceglia, La Paloma, Maracaná Sur y Puesta al Sol.
La meta del quinquenio es incorporar otros siete barrios, lo que implicará llegar a 1.850 hogares adicionales. Según Delgado, se trata de intervenciones integrales que requieren plazos de ejecución de entre dos y cinco años, dependiendo del tamaño del barrio, que suele oscilar entre 250 y 1.000 familias.
Las obras que impulsa el PMB abarcan saneamiento, drenaje y vialidad, además de alumbrado, veredas, parques, plazas y equipamientos comunitarios. El foco, explicó Delgado, es que el barrio alcance estándares urbanos similares a los del resto de la ciudad.
“Intervenimos para que un barrio pase a tener los estándares urbanos del resto de la ciudad. Eso incluye saneamiento, calles, alumbrado, espacios públicos y también mejoras en las viviendas”, señaló.
Entre los trabajos más relevantes, el coordinador destacó las intervenciones en cursos de agua, donde el objetivo inicial suele ser garantizar el escurrimiento. “Lo primero es asegurar el correcto escurrimiento del curso de agua y del agua del barrio, porque suelen estar tapados de basura o desbordarse. Son obras muy sensibles y fundamentales”, explicó.
Otra infraestructura clave son los pozos de bombeo, que tienen un costo elevado y pasan desapercibidos por ser subterráneos, pero cumplen un rol central en la mejora de las condiciones de vida. “Son intervenciones que se lucen poco, pero tienen un valor fundamental para las personas que viven allí”, indicó.
Delgado subrayó además el impacto sanitario del saneamiento y su vínculo con la reducción de vulnerabilidades. “Donde existe saneamiento la mortalidad infantil baja automáticamente. Son parte importante de la transformación, y además contribuyen a la mitigación del cambio climático e interseccionalidades en la vulnerabilidad socioeconómica, territorial y ambiental”, afirmó.
Como ejemplos recientes mencionó obras en Maracaná, Cotravi y La Paloma, así como intervenciones en espacio público y centros comunitarios en varios barrios.
Presencia social permanente
Más allá de la infraestructura, el PMB mantiene un trabajo social sostenido, con presencia permanente del equipo en el territorio. Delgado explicó que las obras son “muy disruptivas” para la vida cotidiana del barrio y que, por eso, la comunicación es clave desde el inicio.
“Desde las etapas iniciales explicamos qué vamos a hacer, quién se va a mover, qué calles se van a abrir. Es fundamental que el impacto sea entendido y previsible”, sostuvo.
Durante el proceso se realizan reuniones tripartitas entre vecinos y vecinas, el programa y las empresas constructoras, con el objetivo de coordinar avances, responder consultas y canalizar inquietudes. Además, se acompaña a las familias en mudanzas y realojos, con talleres vinculados a convivencia, funcionamiento de la vivienda y uso seguro de los servicios.
Mejoras habitacionales
El componente habitacional incluye acciones como cambio de aberturas, ampliación de habitaciones o conexión al saneamiento. “El programa provee materiales, proyecto y acompaña la obra de la familia”, explicó Delgado.
Respecto a los realojos, el coordinador indicó que se producen por tres causas principales: riesgo por inundación o contaminación, apertura de calles, o viviendas ubicadas en el interior de manzanas sin condiciones adecuadas de acceso, iluminación y ventilación.
“Intentamos que la regularización no implique que un niño o niña cambie de escuela o que un adulto se aleje de su trabajo. Por eso se tiende a realojar en las cercanías o dentro del propio barrio cuando es posible”, afirmó.
En algunos casos se utiliza la compra de vivienda usada como herramienta para evitar concentraciones de familias realojadas. “Permite que las familias se inserten en otros barrios como un residente más y evita procesos de guetización”, agregó.
De comodatarios a propietarios
Una vez finalizadas las obras, comienza la etapa de escrituración. En ese proceso, las personas que habitan las viviendas pasan de ser comodatarios a propietarios. Delgado explicó que existe una restricción para la venta: deben transcurrir 25 años desde la escritura de compraventa.
Si se busca vender antes de ese plazo, es posible hacerlo, pero bajo condiciones establecidas en el propio título.
El PMB está conformado por unas 100 personas, en su mayoría del área social, además de equipos de arquitectura, obra, asesoría legal, finanzas, planificación y administración.
Delgado remarcó también la coordinación interinstitucional con intendencias, UTE, OSE, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, INAU y el sistema de transporte.
“Es una operación interinstitucional muy ambiciosa y fuertemente transformadora. Es una tradición positiva del Estado uruguayo que ha trascendido la alternancia de gobiernos y que se sostiene desde hace casi treinta años”, concluyó.