Los supermercados y comercios cuestionan la obligación de informar el precio por unidad de medida incluida en el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción de Costos de Vida. Si bien las gremiales reconocen que la medida puede favorecer la comparación de precios para los consumidores, advierten por los costos, la complejidad operativa y la burocracia que implicará su aplicación, especialmente para los comercios más pequeños.
La iniciativa del gobierno establece que determinados comercios deberán exhibir, además del precio de venta, el precio por unidad de medida equivalente de los productos alimenticios, de higiene personal y de uso doméstico. En caso de aprobarse, la obligación alcanzará a grandes superficies, cadenas comerciales y canales de venta online, con el objetivo de facilitar que los consumidores puedan comparar cuánto pagan realmente por cada kilo, litro, metro u otra unidad de medida y elegir la opción más conveniente.
“Fuimos a Comisión (de Hacienda de Diputados) por este tema, tanto cuando lo planteó el entonces diputado Gustavo Olmos (Frente Amplio) como cuando lo hizo Juan Martín Jorge (colorado)”, dijo a El País Daniel Menéndez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados (ASU).
“Cuando las medidas van en beneficio de los consumidores, estamos de acuerdo, pero hay cosas a revisar en esta ley”, agregó, y apuntó que la exigencia aplicará solo algunos comercios, cuando a su entender debería ser “para todos”.
Asimismo, consideró que el gobierno debería facilitar instrumentos electrónicos con lectores, para simplificar la actualización de las etiquetas en los comercios. “Las etiquetas no son prácticas y hay un límite de espacio para que sean visibles según el tamaño de las góndolas. La información al consumidor debería darse por pantallas con lectores; si no, muchos cartelitos resultarán imprácticos y además, nadie los leerá”, opinó.
Por su parte, Daniel Fernández, vicepresidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu), dijo que es un “asunto que está pasando en casi todos los países”.
A su juicio, la medida tendrá éxito o no según cómo se reglamente. “Va a ser engorroso cumplirla, hasta que se instale en el mercado. Mientras tanto, será complicado porque hay una extensa variedad de productos. Algunos comerciantes tal vez compren menos variedades para simplificar”, proyectó Fernández, quien enumeró una larga lista de tipos de galletas y productos lácteos que existen en el mercado, para ejemplificar las dificultades que tendrá el proceso.
“El comercio más chico, de 200 metros cuadrados, es el que tendrá más problemas para etiquetar todo y mantener la actualización”, resumió.
El País también consultó con Alfredo Freitas, presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), quien reconoció que la medida va a favor del consumidor final, “pero es compleja o cara al aplicar, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas” (pymes). “La medida no le cambiará nada a los grandes comercios, pero para los chicos es más burocracia y complicación. Se hacen las leyes pensando en algunas empresas y no en las pequeñas. Y es más probable que las multas, entonces, caigan sobre las pymes”, señaló.
Según Freitas, la ley debería diferenciar por tamaño de empresas y establecer plazos graduales. También considera necesario que haya alguna preparación o capacitación a los comerciantes. Además, apuntó a contradicciones en el texto del proyecto de ley, ya que, por un lado, se excluyen a los comercios que tienen menos de 200 metros de superficie o una sola caja, pero gran parte de estos hace ventas por internet, por lo que terminan siendo incluidos por este segundo concepto.
Freitas, también referente Centro Comercial e Industrial de Salto, anunció que mantendrán un encuentro de negocios con una misión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que irá al departamento en los próximos días.