De proyecto de ley "más importante" en la economía en años, que "sorprende gratamente" a "es insuficiente" y "no mueve la aguja"

El anuncio de los principales puntos del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida que el Poder Ejecutivo, enviará al Parlamento la próxima semana, genera reacciones en las distintas organizaciones y economistas, quienes en términos generales coinciden en que “va en la dirección correcta”, si bien tienen observaciones.

Mejorar la competitividad por la premisa de que “Uruguay es caro” es algo que ha preocupado a los diferentes gobiernos, y ahora esta ley “marca un rumbo” –al decir del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone- hacia dónde se quiere ir: desburocratización, desempapelamiento del Estado, más competencia, menor costo de vida, incentivo a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y a la innovación.

Los entrevistados por El País elogiaron la iniciativa legislativa advirtiendo que aún falta leer el texto -ya que hasta ahora el gobierno solo dio un resumen-, algunos afirmaron que apunta a mejoras en el comercio exterior pero que no alcanza al mercado interno (aunque hay varias medidas que van en ese sentido, según dijo Oddone), y otros afirmaron que sólo una ley, por más ambiciosa que sea, no puede cambiar la realidad de Uruguay, en parte por disputas políticas o intereses que tranquen. Otros se mostraron realmente optimistas.

Lo cierto es que el Oddone mismo reconoció que la ley generará "desequilibrios" al "sacar de la zona de confort" a varios sectores.

“El proyecto de ley nos sorprende muy gratamente. Reconozco la valentía del MEF de encarar el problema de la competitividad, que frena el crecimiento de Uruguay”, dijo a El País Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias (CIU).

García afirmó que el asunto venía siendo planteado durante años por parte de la gremial y que los anuncios ministeriales fueron “muy bien recibidos por el sector empresarial”, y que algunos de los artículos fueron impulsados por los aportes de la CIU.

Foto: Ignacio Sánchez

Entre los cambios que más valora la CIU están los vinculados a los registros de alimentos, químicos y cosméticos, que se agilizarán y aumentarán los tiempos de validez de los certificados (pasarán de cinco años a 10). “Con esto va a haber más disponibilidad de productos para el consumidor final y más emprendimientos que se formalicen. Hoy muchos empresarios no pueden pagar los registros y sus productos terminaban vendiéndose en el mercado informal”, compartió García.

En esa línea, valoró especialmente el apoyo a las mipymes, además de la “desburocratización del Estado” y la ventanilla única que establece la ley.

Como cuellos de botella para su aprobación o implementación, mencionó las diputas políticas, aunque apuntó que existe unanimidad en los partidos en que el país es caro y en que hay que enfrentar el tema. “En otras instancia, habría que abordar el problema de los altos costos energéticos y mejorar las relaciones laborales”, apuntó.

Por su lado, desde la Unión de Exportadores (UEU) se señaló que los anuncios del MEF están alineados con varias de sus propuestas. En particular, destacó la reducción de costos en el comercio exterior vinculados a trámites, digitalización de procedimientos, estipulación de plazos, declaraciones juradas y “silencios positivos”, así como la centralización de información financiera o evitar duplicar los pedidos en distintas dependencias del sector público.

“No obstante, estas son medidas que por sí mismas no generan un impacto relevante en la competitividad del país; todo contribuye, pero no es suficiente”, advirtió la presidenta de la UEU, Carmen Porteiro, apuntando a que la eficiencia también pasa por las tarifas energéticas y la negociación colectiva, entre otros factores.

Leonardo Maine/ El Pais

Por su parte, la Cámara Uruguay Fintech (CUF) emitió un comunicado en el que valoró positivamente la inclusión de instrumentos vinculados al desarrollo de la industria dentro del proyecto, en especial la creación de entornos de prueba controlados para la innovación (sandboxes), el desarrollo de las finanzas abiertas, la interoperabilidad y la ampliación de alternativas del financiamiento productivo.

La CUF advierte que “el verdadero impacto de las medidas dependerá de su implementación”. En esa línea, Ximena Aleman, su presidenta, insta a que la puesta en práctica cuente con “plazos concretos y una asignación de recursos que refleje compromisos reales”.

En particular, “convocamos al Poder Ejecutivo y al Banco Central (BCU) a avanzar con celeridad en la reglamentación (de finanzas abiertas y sandboxes), garantizando la participación de la industria fintech en el proceso”, afirmó.

Marcelo Sibille, gerente senior de Consultoría de KPMG, dijo a El País que “la orientación del proyecto de ley va en el sentido correcto”.

“En un contexto de baja inflación y déficit fiscal estructural elevado que acotan el margen de maniobra de la política macroeconómica, es clave profundizar las reformas microeconómicas para bajar tanto el costo de las empresas en los procedimientos ante la administración pública, como el costo de vida de los consumidores a través de la eliminación de barreras a la entrada que inhiben la competencia”, fundamentó.

Sin embargo, a entender de Sibille, el ministro Oddone hizo referencia a los productos fitosanitarios y domisanitarios que requieren tramitación en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), sin hacer alusión a los productos alimenticios cuyo registro debe ser habilitado por la intendencia en el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev). Pese a que el proyecto prevé la interoperabilidad del Runaev.

“Nos consta que allí hay cuellos de botella regulatorios no sólo para la importación de productos finales, sino también de materias primas para el desarrollo de productos alimenticios por parte de la industria nacional. Guardamos la esperanza de que este aspecto también esté contemplado en la redacción del proyecto de ley”, observó.

Foto: Ignacio Sánchez

De su lado, Ignacio Munyo, director ejecutivo de Centro de Estudios de la Realidad Económica (Ceres), declaró en Informativo Sarandí que el proyecto de ley es "música para los oídos", pero "parece contradictorio con la agenda de reformas laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que contemplan posturas del Pit-Cnt".

"Por un lado, se quiere facilitar el ambiente de negocios con la nueva ley y, por otro, están estos planteos laborales que complican en las condiciones actuales de los costos de Uruguay", acotó.

Ramiro Correa, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) dijo a El País que “el proyecto de ley no va a mover la aguja de la competitividad, pero sí va en la dirección correcta”.

Como temas novedosos en Uruguay destacó los “silencios positivos”, que significa que si la administración no responde dentro de un plazo establecido, la solicitud se considera aprobada. “Esto no aplicará para todo, sino para algunos trámites de bajo riesgo para la población”, agregó, y explicó que esto ya funciona en otros países.

Correa también consideró positivo que el proyecto ataque el fenómeno de los monopolios privados, la liberalización de las importaciones de determinados productos (no aplicaría a todos) y el “desempapelamiento”, dado que “el Estado está sobredimensionado”, afirmó.

A su entender, la ley apunta a la economía transable del país, pero a la no transable (mercado interno), que tiene que ver con el mercado de trabajo (que se rige por una reglamentación antigua, observó), las tarifas públicas (que en algunos casos están entre las más altas de la región) y el gasto público (que a su juicio también es alto).

El economista Javier de Haedo escribió en X: “El proyecto de ley más importante para la economía en muchos años. Ahora se verá quién es quién”.

El docente e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), Leonardo Veiga explicó en su cuenta de X que "Uruguay es caro en productos importados de consumo masivo. Una pasta de dientes Colgate puede costar el doble que en Argentina o Brasil. El mismo producto, la misma marca, el mismo fabricante".

"Para importar y vender un producto hay que registrarlo ante la autoridad competente. Ese registro exige presentar el 'dossier técnico': la fórmula, el certificado de libre venta en origen, las especificaciones. Información que solo tiene el fabricante", señaló. "El fabricante le da ese dossier a UN distribuidor en Uruguay, generalmente su filial. Ese distribuidor registra el producto. Y a partir de ahí es el ÚNICO que puede importarlo legalmente —no porque la ley lo prohíba, sino porque ningún competidor puede conseguir el dossier" (sic), añadió.

"El resultado es un monopolio de importación por marca. Sin competencia intra-marca, el importador exclusivo puede marginar precios", explicó.

Veiga valoró que "la solución que propondría el proyecto de ley es inteligente: el primer importador sigue presentando el dossier. La autoridad lo guarda bajo custodia. Un segundo importador puede registrar el mismo producto SIN necesitar el dossier. La barrera cae sin exponer la fórmula del fabricante" (sic).

Pero, "Oddone no mencionó los alimentos importados. El café, las galletas y los enlatados —con brechas de precio significativas con la región— no se registran donde se registran los domisanitarios" sino que lo hacen ante las intendencias departamentales, recordó.

Según Veiga, si el proyecto de ley "toca el registro del MSP pero no el régimen bromatológico municipal, entonces los alimentos quedan exactamente igual que hoy. Mismo importador exclusivo, mismo precio".

El académico destacó del proyecto "los cambios propuestos para la Comisión de Defensa de la Competencia —más autonomía, iniciativa y recursos — son las herramientas necesarias para investigar y combatir los acuerdos de distribución exclusiva que están detrás de este problema. La otra pata imprescindible".