Los cambios en jubilaciones con el "suplemento solidario" y otros asuntos que pasarán a definirse en 2026

La discusión de la reforma jubilatoria no terminó con el plebiscito de 2024, sino que se retomó en en el"Diálogo Social" que realizan los distintos actores: políticos, empresarios, trabajadores y la sociedad civil y que el gobierno prevé tenga definiciones el próximo año. Es decir, se abrirán espacios para reformulaciones. Han surgido nuevos insumos, como un estudio del Observatorio de Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) que fue presentado ayer en el evento “Una propuesta de integración de los pilares no contributivo y contributivo”.

La presentación estuvo a cargo de Marcelo Perera, integrante del consejo directivo e investigador senior de Cinve; y contó con la presencia de Hugo Bai, economista y coordinador del Diálogo Social; y por videoconferencia desde Madrid, Juan Francisco Jimeno, especialista en la materia y asesor de la Dirección General de Economía, Estadística e Investigación del Banco de España.

Perera planteó que en el sistema previsional uruguayo, reformulado en 2023 por la ley 20.130, persisten problemas, sobre todo de equidad, por lo que Cinve propone un diseño integrado de la pensión por vejez y la jubilación normal más un “suplemento solidario”.

El País.

El estudio muestra que existen muchas personas en el país que no llegan al requisito de 15 años de trabajo y 70 años de edad para acceder a una contribución del sistema previsional en el BPS y, que si bien parte de ellas tiene derecho a acceder a la pensión por vejez, no lo hace. De ahí la propuesta es crear una “pensión mínima garantizada”.

Actualmente, según la Encuesta Nacional de Hogares, hay unas 24.000 personas que reciben pensión por vejez y, de acuerdo a estimaciones de Cinve, unas 16.000 personas de 70 años o más no reciben ningún tipo de prestación, aun siendo potenciales beneficiarios. Esto significa que si se contabilizaran esas personas, el número subirá un 60%.

¿Por qué tantas personas no reciben pensión por vejez, pudiendo hacerlo? “Se debería fundamentalmente a falta de información de esas personas”, respondió Perera a El País.

La “pensión mínima garantizada” que propone el Cinve significa, entonces, que los uruguayos puedan acceder a un ingreso mínimo de jubilación, independientemente de sus años de trabajo, siempre que no tengan otros ingresos (previsionales o no previsionales).

Según cálculos de Perera, esta inclusión de más gente en la prestación no afectaría la sostenibilidad del sistema.

Cinve también plantea una mejor coordinación entre los pilares contributivo y no contributivo para cerrar lo que considera una “brecha” en el sistema jubilatorio que “golpea a los sectores más necesitados de la sociedad, a los trabajadores informales (la informalidad está en el orden del 20%), y a las mujeres”, que, según estudios, son a quienes más les cuesta llegar a los 15 años de aporte al BPS a sus 70 años de edad, debido generalmente a la discontinuidad en sus trayectorias laborales por ocuparse del hogar.

En suma, la propuesta de Cinve apunta a un único esquema, con tres definiciones clave: elegibilidad unificada (eliminación del requisito mínimo de 15 años de servicio a los 70 años, y a esa edad toda persona adquiere el derecho a iniciar el trámite de vejez); la eliminación de la pensión por vejez (la prestación pasa a ser la fórmula de la jubilación por casual normal, complementada por el suplemento solidario bajo reglas vigentes de verificación de ingresos), y una garantía de base (el valor base del suplemento solidario pasa a operar como nivel mínimo de protección previsional de referencia para la vejez).

El sistema propuesto incluye incentivos que suma años, diseñado de forma tal que, según Cinve, “disminuye errores de exclusión”.

En esa línea, Perea analizó distintos escenarios de reglas de indexación y propuso que el ajuste del suplemento solidario no se haga por el Índice de Precios del Consumo (IPC), sino por Índice Medio de Salarios (IMS), lo que permite que la ganancia de la productividad se distribuya mejor en la población. De querer implementarse, esto requiere un cambio legal.

“Con crecimiento del salario real a largo plazo, la regla IPC —en el caso del suplemento solidario—tiene un impacto fiscal al contener el crecimiento de las pensiones más bajas”, afirmó, apuntando al mecanismo regresivo de contención del gasto.

Por su parte, Hugo Bai consideró que la propuesta de un ingreso mínimo garantizado independientemente de los años de trabajo, “es el camino correcto”.

Esto es así, según sopesó, porque, por ejemplo, la historia laboral como instrumento existe desde 1996, por lo que muchas personas aún tienen cómputos fictos o testigos. Además, de acuerdo a proyecciones que maneja, el 22% de las mujeres y el 17% de los hombres no van a llegar a los 15 años de trabajo en un futuro próximo. “Esta brecha aumentó, porque era 15%”, señaló.

Bai recordó que la opción de “ingreso mínimo garantizado” se discutió en las mesas de trabajo de la reforma jubilatoria, pero no quedó plasmado en el documento final. No obstante, consideró que actualmente hay que ver si esta propuesta es una prioridad o no para el país, considerando otras urgencias. Una alternativa —dijo— es avanzar gradualmente en ese cambio.

“La reforma jubilatoria no es un tema resuelto, o sí, pero ajustando el componente solidario”, afirmó. Consideró también que el ajuste por IPC o por IMS es otro tema a analizar en el Diálogo Social, que entrará en definiciones en los primeros meses del próximo año. “Lo importante que no quede licuado el componente solidario”, destacó.

En otro orden, Bai consideró que la mejora de la tasa de empleo de las mujeres y de la formalidad laboral que aumentará en el país (esa es la tendencia) son “promesas de pagos futuros a esos colectivos” que generarán más presión al sistema, “pero hay que tener en cuenta que aliviarán al pilar no contributivo”.

Francisco Flores/Archivo El Pais

Finalmente, Jimeno afirmó que todo cambio debe tener en cuenta los principios generales de un sistema de pensiones en cualquier país del mundo, que son: suficiencia, sostenibilidad financiera y equidad. En ese marco, consideró que Uruguay tiene espacios de mejora en esos tres aspectos.

Estuvo de acuerdo con las propuestas de Cinve, al valorar que buscan prevenir la pobreza en la vejez. Y sobre el dilema en torno a IPC o IMS en el caso del suplemento solidario, afirmó que “el ajustar por IPC solo beneficia a determinados sectores de la sociedad y no soluciona la sostenibilidad del sistema”. En cambio, el ajuste por IMS es visto como “más justo”, según estudios y su experiencia en el tema.

Perera repasó tendencias demográficas en el país, como el fuerte descenso de los nacimientos en la última década, una fecundidad “ultra baja” (1,3-1,4) —por debajo del nivel de reemplazo (2,1)—, y un claro aumento de la longevidad.

Como nuevos datos del último estudio, Cinve aportó que no solo la población total va descendiendo, sino especialmente la de edades entre los 20 y 65 años, sobre todo a partir del año 2040. Esto agravará el panorama, considerando que se trata de las personas con edad productiva laboral, lo que llevará a que la razón de dependencia intergeneracional crecerá sostenidamente en los próximos 50 años.

Otro dato es que el aumento de la tasa de empleo en Uruguay en los últimos años se ha dado casi exclusivamente por el empleo femenino.

También ha ocurrido caída de las horas trabajadas en forma generalizada, lo que podría deberse a una mayor tecnificación en el ámbito laboral, aunque faltaría que analizar mejor las causas.

“Uruguay tiene menos horas de trabajo que países con igual nivel de ingreso. Se espera que las horas promedio sigan cayendo, como está ocurriendo con los países desarrollados”, comentó Perera.

Cabe agregar que, según estudios, los trabajadores informales laboran, en promedio, seis horas menos que los formales.

“En los próximos 20 años, se irá recortando la brecha de empleo entre los hombres y mujeres en el país. También habrán ocupadas más personas de 65 años o más, que ahora”, concluyó.