Inversión inmobiliaria desigual: impulsan un régimen especial para llevar obras y empleo a la frontera norte

La vivienda promovida se ha consolidado como uno de los principales instrumentos para impulsar la construcción en Uruguay, aunque su desarrollo presenta importantes diferencias territoriales. Según datos oficiales, cinco departamentos (Montevideo, Canelones, San José, Maldonado y Rocha) concentran el 93,7% de las viviendas comprendidas en proyectos promovidos activos, mientras que otros siete reúnen apenas el 3,1%. Ante este escenario, el diputado Marne Osorio presentó ante la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca establecer beneficios especiales para atraer inversiones inmobiliarias al norte del país y estimular la generación de empleo.

La iniciativa, denominada "Régimen especial de vivienda promovida para territorios rezagados y frontera norte", busca complementar la Ley 18.795 (Ley de Vivienda Promovida), vigente desde 2011, mediante incentivos diferenciados para departamentos con mayores dificultades socioeconómicas.

“Una política puede ser exitosa en términos macro y, al mismo tiempo, insuficiente en su distribución territorial”, sostuvo Osorio durante su exposición en el Parlamento, en la que advirtió que la inversión tiende a concentrarse donde existe mayor demanda, capacidad de pago y velocidad de comercialización.

Según las cifras de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) presentadas por el legislador, al 31 de julio de 2026 había 1.824 proyectos promovidos activos, que comprendían 52.713 viviendas. De ese total, Montevideo, Canelones, San José, Maldonado y Rocha concentraban el 89,7% de los emprendimientos y el 93,7% de las unidades, como se mencionó anteriormente.

La diferencia también se observa en la evolución reciente del sector. Entre julio de 2024 y julio de 2026, esos cinco departamentos absorbieron el 93,6% del incremento neto de viviendas promovidas activas, mientras que los territorios contemplados en el proyecto (Rivera, Artigas, Cerro Largo, Tacuarembó, Treinta y Tres y Paysandú) recibieron apenas el 3,3%.

Osorio explicó que los mercados más pequeños enfrentan mayores dificultades para atraer desarrolladores debido a los costos de construcción, las perspectivas de rentabilidad y las limitaciones de acceso al financiamiento de las familias.

Estefania Leal/Archivo El Pais

“Este proyecto no es solamente una política de vivienda. Yo creo que es, fundamentalmente, una política de trabajo y desarrollo territorial”, agregó.

La iniciativa consta de ocho artículos y plantea crear un régimen complementario para siete departamentos, cuya selección podría revisarse periódicamente según indicadores de pobreza, empleo, informalidad y actividad económica.

Entre sus principales instrumentos contempla beneficios extraordinarios dentro del marco legal vigente, una mayor diferenciación de incentivos fiscales, facilidades de financiamiento para desarrolladores y compradores, y una ventanilla única para agilizar los trámites administrativos.

Ex Intendente de Rivera Marne Osorio. Foto: Archivo El País.

No obstante, Osorio aclaró que el proyecto no establece nuevas exoneraciones ni porcentajes adicionales de beneficios tributarios, sino que deja su graduación concreta en manos del Poder Ejecutivo.

También propone vincular los emprendimientos con la contratación de trabajadores locales, priorizando jóvenes y personas con dificultades de inserción laboral, además de establecer un informe anual al Parlamento para evaluar los resultados.

“El centro del proyecto no es la exoneración, es la capacidad de producir vivienda, inversión y empleo adicionales y verificables en los territorios que más lo necesitan”, expresó.