Entrevista: el negocio millonario de las licitaciones públicas, la gran apuesta de España en el acuerdo Mercosur-UE

El objetivo del viaje de la secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, a Uruguay fue reafirmar el compromiso del gobierno español con el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) y la alianza estratégica con Uruguay. En entrevista exclusiva con El País, expuso sus puntos de vista sobre temas pendientes en el acuerdo en materia de propiedad intelectual, el interés de España en las compras de las empresas públicas, las relaciones comerciales con el presidente estadounidense, Donald Trump, los nuevos desafíos y próximos pasos, entre otros temas.

López Senovilla es licenciada en Derecho, máster en Derecho Comunitario, y se desempeña en el sector público desde hace casi 20 años en áreas de asesoramiento, asuntos públicos, sostenibilidad, transformación digital e inversiones. Ha sido asesora jurídica del Ministerio de Justicia. Es secretaria de Estado de Comercio desde 2024, tras ser subsecretaria en el Ministerio de Economía Comercio y Empresa desde 2018, entre otros cargos en el gobierno español.

—En su visita a Uruguay se reunió con el canciller Mario Lubetkin y también con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. ¿De qué conversaron?

— Han sido reuniones muy gratas. Con el canciller, hemos hecho un repaso de los distintos pasos que se han dado para la implementación del acuerdo UE-Mercosur. Lo que hemos previsto es una agenda de trabajo común que tenemos que desarrollar y también la agenda de inversiones UE-Celac. Estamos en la primera fase de entrada en vigor del acuerdo provisional UE-Mercosur, y hay una parte de cooperación en asociación política, que vendrá posteriormente. Hemos estado viendo los procedimientos que todavía quedan en el ámbito de la UE. También tenemos un dictamen de compatibilidad del acuerdo por parte del Tribunal de Justicia de la UE que se producirá en los siguientes meses. Y desde ahí se dará paso a la ratificación definitiva del acuerdo por parte del parlamento europeo. Con el ministro Oddone hablamos sobre que hay que hacer una tarea de difusión y de narrativa de lo que suponen los beneficios del acuerdo para que también el sector privado en su conjunto los conozcan. Tenemos instituciones en España, como el ICEX Exportación e Inversiones, consejerías económicas y comerciales, que realizan actividades de difusión y pueden participar. Con el ministro hemos repasado la agenda bilateral, hay una relación de cooperación muy buena entre España y Uruguay y, por supuesto, el congratularnos por el acuerdo y su entrada en vigor provisional.

—Si bien la UE ha dicho que es muy probable que el Tribunal de Justicia falle a favor del acuerdo con el Mercosur, podría ocurrir lo contrario. ¿Qué reflexión le merece?

—Somos optimistas por dos motivos. Uno, porque la espera del fallo no ha paralizado la entrada en vigor provisional del acuerdo, puesto que se había acordado previamente que no sería necesario un dictamen de compatibilidad o un dictamen de aprobación por parte del parlamento. Y dos, porque el parlamento europeo ya se ha pronunciado en otras ocasiones sobre acuerdos comerciales con una base similar o prácticamente idéntica a favor de su compatibilidad, como ocurrió con el acuerdo entre la UE y Chile. Desde el momento en que está planteado ese dictamen sobre la compatibilidad, puede suceder otra cosa, pero honestamente esperamos que no ocurra.

Ignacio Sánchez, El País.

—El acuerdo exige ciertos ajustes regulatorios, ¿cuáles son los artículos que los ocupa más en este momento?

—El acuerdo UE-Mercosur incorpora una serie de capítulos relativos a estándares sanitarios, fitosanitarios, un capítulo relativo a la norma del acuerdo de París, también sobre deforestación, estándares laborales, todo eso de alguna manera tiene que ser respetado; de lo contrario, el acuerdo quedaría en suspenso. Ese camino de ambas partes está sobre todo en estándares regulatorios y sostenibilidad.

—En Uruguay hay cierta preocupación en los capítulos de propiedad intelectual, por ejemplo, en indicaciones geográficas y denominaciones de origen sobre el “queso Colonia”.

—Creo que las indicaciones geográficas son una buena manera de proteger determinados productos elaborados de acuerdo con unos estándares de calidad y que son propios de zonas específicas. En el caso del acuerdo la UE-Mercosur, son más de 300 indicaciones geográficas protegidas; en el caso de España son 59 las que se protegen como ser el aceite de Baena, el vino de Ribera del Duero, el queso Manchego. No conozco ningún queso español que tenga la denominación “Colonia”, sí en Alemania, pero no estoy al tanto de esa particularidad.

— Pero sí es seguro que varios productos que llevan determinados nombres, los van a tener que cambiar, ¿es así?

—Exactamente, no pueden comercializarse bajo una indicación geográfica si no proceden de ese lugar y no reúnen las características que así lo ameritan.

—Otro tema que levanta polémica en Uruguay son los contratos de licitaciones de compras para empresas públicas en los que se prohibirá la discriminación por nacionalidad en los llamados a proveedores, y muchos actores locales interpretan que se les quitará oportunidades a la industria nacional. ¿Qué tan importante es esa disposición para España?

—Ese es un aspecto muy importante para nosotros. En los países del Mercosur, en algunos más que en otros, hay un mercado incipiente de licitaciones públicas porque son países demandantes sobre todo de infraestructuras, y las empresas españolas y europeas están bien posicionadas en ese sector. El capítulo es recíproco, es decir, los países de Mercosur también van a poder participar en las licitaciones de la UE. Evidentemente, cada país es soberano para imponer sus propias condiciones, pero ahora también hay que compaginar con la nueva disposición para que esa apertura sea estratégica, inteligente y pragmática. También los acuerdos incorporan cláusulas de diálogo y, llegado el caso, hay comisiones para resolver controversias.

—¿Qué tan grande es el mercado de ese tipo de licitaciones?

— El acuerdo en el ámbito de la licitación pública supone la apertura de un mercado de licitaciones que, en el caso de los países del Mercosur, son más de 300.000 millones de euros. Es una gran oportunidad para las empresas europeas y, en particular, para las españolas.

—¿Es realista pensar que la UE necesita de proveedores de Uruguay o de otros países del Mercosur para sus licitaciones de empresas públicas?

—Creo que hay que mirar el acuerdo en unos términos amplios y lo beneficioso en este momento es que, cuando otros países optan por cerrarse y ser proteccionistas, en la UE apostamos por fraguar las alianzas con socios comerciales que lleguen a convertirse en verdaderos aliados estratégicos.

Ignacio Sánchez, El País.

—También hay normas que tienen que ver con el acceso a las materias primas, donde el interés está fundamentalmente en el litio de países vecinos de Uruguay, ¿cómo lo valora?

—Sin duda es un aspecto muy importante. La región del Mercosur es muy rica en materias primas críticas para la transición ecológica y, de alguna manera, queremos rodearnos de socios que proporcionen aquello de lo que no podemos autoabastecernos en la UE, pero se va a hacer en un marco reglado y de ganador a ganador, tratándose los bloques como iguales. De Uruguay son importantes los productos de agroindustria y que ha experimentado una evolución hacia las energías renovables y la sostenibilidad, que lo colocan en una situación más avanzada que otros países de la zona y con la que convergemos bastante.

—¿España y Europa en general están en condiciones de invertir viviendo una guerra en el continente?

—Las circunstancias que están aconteciendo en los últimos años han hecho que los flujos de inversión extranjera se hayan deteriorado un poco y hayan disminuido. Concretamente, en España acabamos de evaluar los flujos de inversión extranjera del primer trimestre del año y han crecido más de 22% respecto al año pasado. Por otro lado, a España le interesa la diversificación en la inversión, y no en vano es el primer inversor extranjero en Uruguay, con más de 7.600 millones de euros.

—¿Por qué subió la inversión extranjera directa en España?

—Ha habido un comportamiento mejor y en España, en general, tenemos gran capacidad de atraer proyectos de “nueva inversión”, los proyectos greenfield. Según la base de datos del FDI Markets del Financial Times, España es el primer país en el ámbito de la UE de atracción de los proyectos greenfield y el tercero a nivel mundial, particularmente en materia de energía renovable. Al igual que Uruguay, España tiene estabilidad regulatoria, seguridad jurídica, talento, buena logística, infraestructuras y calidad de vida.

—¿Qué proyecciones realiza sobre el acuerdo Mercosur-UE para este o el próximo año?

—En España, los datos de inversión que publicamos mensualmente en la Secretaría de Estado de Comercio nos muestran tendencias que nos hacen ver que, con la mera entrada provisional del acuerdo, las exportaciones de España al Mercosur están creciendo. Es una tendencia que esperamos que se consolide el tiempo. Los datos de importación todavía no los manejamos porque es muy pronto, pero probablemente se produzca también un incremento de las importaciones.