El nuevo plan estratégico de DGI: prevención del riesgo de evasión y el "embudo" que enfrenta el organismo

La Dirección General Impositiva (DGI) presentó el Plan Estratégico de Gestión para el período 2025-2029, que establece las prioridades institucionales para el quinquenio y orienta acciones para fortalecer la institución y mejorar el cumplimiento tributario, con más medidas de prevención de la evasión en el pago, además del control. El plan ya fue aprobado.

La DGI trabaja en hacer una transición desde un enfoque centrado en el control del incumplimiento a un modelo de gestión del cumplimiento tributario “basado en riesgos”.

En diálogo con El País, Gustavo González, director general de DGI, señaló que la evasión fiscal del IVA es alrededor del 20% del potencial recaudatorio, y en el IRAE esa cifra oscila entre el 40% y 50%, al año. Según el jerarca, el IRAE es donde la DGI tiene mayores oscilaciones cuando actualiza la información. “Además estamos midiendo un fenómeno oculto”, agregó González.

“El nuevo plan estratégico pone foco en la prevención, lo que es un cambio de paradigma. No es que dejemos de hacer controles, sino que el modelo de fiscalización será diferente porque hay un embudo: en la parte alta está la mayor cantidad de contribuyentes, y aspiramos a que allí haya mayor autorregulación y autogestión”, afirmó. Eso significa que la DGI buscará que el contribuyente autorregule su conducta de pagos inducido por las acciones u orientaciones del organismo.

Foto: DGI.

De acuerdo con González, trabajarán con el foco en frenar las irregularidades antes de que se produzcan. En la práctica, dijo que están diseñando propuestas de declaraciones para facilitar al contribuyente cómo presentarlas y darles opinión sobre cómo lo hace. La DGI estima que esa estrategia minimizará la cantidad de sanciones que, al acumularse, terminan siendo más gravosas para el contribuyente.

Lo cierto es que la DGI está diseñando sistemas digitales de información que van mucho más allá de los reportes de ingresos que declaran las personas físicas y jurídicas, en marcos de análisis de riesgos que le permiten determinar qué contribuyentes están, por ejemplo, sobrefacturando.

González aclaró que están construyendo un sistema de valoración para todos los riesgos y que el foco estará puesto en actividades o segmentos de contribuyentes en los que hay más oportunidades de evasión, aunque no detalló en cuáles.

“Esto ocurre cuando en negocios grandes, por ejemplo, hay falta de oposición de intereses para declarar el impuesto o facturar; o tiene que ver con la existencia de oportunidades de abuso de beneficios fiscales (vinculado a los tratamientos preferenciales de exoneraciones o descuentos), porque a veces los contribuyentes presentan una situación (para estar abarcados) y en realidad no la tienen”, explicó.

El pasado 30 de junio, la DGI aprobó una resolución a través de la cual exigirá a los operadores de plataformas que intermedien en el alquiler de inmuebles -como Airbnb o Booking, entre otros-, que le informen los datos de las operaciones realizadas en Uruguay, en forma trimestral, a partir de febrero de 2027.

Dicha resolución va en la línea con el nuevo Plan Estratégico, que apunta a detectar mejor a quienes evaden el IRPF por ese concepto de rentas de alquiler e incentivar el pago correspondiente.

Consultado al respecto, el titular de la DGI afirmó que dado que el uso de esas plataformas ha ido creciendo, quieren "apuntar al sector para evitar asimetrías, considerando que los hoteles y otros establecimientos sí cumplen con la exigencia tributaria” debida.

Estefania Leal/Archivo El Pais

De acuerdo con González, la DGI sigue las recomendaciones de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) que recomienda que los entes del Estado intercambien más información sobre los contribuyentes, dentro y fuera del país.

Al respecto, González destacó que esa es una tendencia mundial y que “hay determinados marcos institucionales para hacerlo”, ya que el Foro ProGlobal de Transparencia (iniciativa de OCDE que involucra a unos 200 países, del cual Uruguay forma parte), entre otras, ha dado lugar a que se activen más mecanismos de intercambio de información entre autoridades competentes, para que se cumplan los objetivos tributarios.

Ante el debate que generan los temas sobre el levantamiento o no del secreto bancario, el jerarca destacó la importancia de medir los estándares de intercambio. “Las facultades de la función tributaria se ven fortalecidas por ello; actualmente recibimos datos sobre saldos y promedios anuales de cuentas bancarias, producto de una norma que tiene muchos años, pero ahora los datos tendrán que ser más accesibles para la administración tributaria”, declaró González y recalcó que los estándares de seguridad para el tratamiento de esa información "son altos y auditados por la OCDE”.

“Este aspecto del plan es un proceso de mejora continua para dar seguridad, porque además los ataques a nivel de ciberseguridad se presentan todos los días. Por eso, la forma en que utilizamos la información está cada vez más documentada y sistematizada, no sujeta a decisiones discrecionales”, afirmó.

En cuanto al intercambio de información con instituciones públicas dentro del país aclaró que si bien rige el secreto tributario, “hay formas de cooperar respetando las restricciones”.

Al ser consultado sobre la propuesta de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) de ser reconocida como ente recaudador, el jerarca observó que “son conversaciones que forman parte de la política nacional, atravesadas por situaciones concretas del sistema de seguridad social y los subsistemas. No me gustaría ‘meter ruido’ en esa conversación. En todo caso, si eso se definiera, debemos activar requisitos de seguridad para compartir información con la Cjppu”. Sobre ese punto, dijo que ya tienen requisitos "muy aceitados con el BPS y la Aduana, donde el flujo es muy frecuente”, fundamentó.

Sobre el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD) y el impuesto por rentas y ganancias de capital en el exterior para residentes uruguayos (12%) -dos nuevos tributos aprobados por el Poder Ejecutivo-, González adelantó que la DGI está trabajando en la implementación de ambos.

“Se está avanzando en el diseño de los procedimientos para la gestión de esos impuestos; el universo de actores que abarca el IMCD es poco y están bien individualizados. La gestión del IMCD involucra a grandes contribuyentes; son empresas sobre las cuales ya hay un seguimiento muy intensivo. Para el impuesto por rentas y ganancias en el exterior operan otros mecanismos porque está el sistema financiero de por medio, pero tampoco es un número grande de actores. De todas formas, el Poder Ejecutivo, en coordinación con la DGI, ha visto potencial recaudatorio ahí”, comentó.