Construcción: los desarrolladores advierten por demoras en trámites y debaten la reducción de la jornada laboral en Uruguay

Mientras el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, trasladó al presidente Yamandú Orsi su preocupación por una desaceleración de la actividad el pasado miércoles en Torre Ejecutiva, referentes del sector coinciden en marcar señales de alerta vinculadas a la caída de la obra pública, los tiempos de aprobación de proyectos, las discusiones sobre cambios en las condiciones laborales del sector y la negociación colectiva actualmente en curso, aún sin fecha concreta de aprobación. Sin embargo, también destacan que la vivienda promovida continúa sosteniendo buena parte de la actividad y que no observan un escenario de crisis.

Para el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu) y director de Kaplan Desarrollos Inmobiliarios, Alfredo Kaplan, hablar de un “frenazo” generalizado no refleja adecuadamente la situación actual del mercado.

Según explicó, las obras en ejecución continúan desarrollándose con normalidad y la vivienda promovida sigue mostrando niveles de absorción que considera saludables. “Se construye a buen ritmo, sobre todo en vivienda promovida”, afirmó.

Kaplan señaló que buena parte de los proyectos que hoy están en marcha fueron concebidos años atrás y continúan avanzando dentro de los cronogramas previstos. A medida que las obras progresan, las unidades se comercializan y, una vez finalizadas, suelen ocuparse en plazos relativamente cortos.

“Pocos meses después de terminado un edificio, normalmente las unidades están ocupadas, sea por los propietarios o por los inquilinos”, explicó.

No obstante, reconoció que existe una mayor cautela a la hora de lanzar nuevos desarrollos. A su juicio, esa prudencia responde tanto a las condiciones de mercado como a una serie de dificultades administrativas que vienen siendo planteadas por los empresarios.

Entre ellas mencionó los tiempos de aprobación de proyectos de vivienda promovida por parte de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), los procedimientos vinculados a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), los permisos de construcción de la Intendencia de Montevideo y diversos trámites en Catastro.

“Todo eso, de alguna forma, desalienta empezar nuevos proyectos”, indicó.

CARLOS LOPEZ

Desde Appcu se han impulsado propuestas para agilizar algunos procedimientos, incluyendo mecanismos de aprobación tácita en determinados casos. Según Kaplan, son cuestiones que podrían contribuir a mejorar el dinamismo de la actividad.

La otra preocupación está vinculada a la negociación colectiva que atraviesa el sector. En este caso, señaló que existe expectativa por las definiciones salariales y por la discusión sobre modernización de las relaciones laborales.

Más allá de esos desafíos, Kaplan destacó que la construcción privada continúa sosteniendo buena parte del empleo del sector en un contexto de menor actividad pública.

“Hoy el empleo en la construcción ha bajado un poco, son 55.000 puestos de trabajo, fundamentalmente porque ha habido menos obra pública en este último año”, afirmó.

En ese escenario, sostuvo que el sector privado sigue siendo el principal motor de la actividad y ratificó la intención de continuar impulsando nuevas inversiones.

En tanto, el director de la desarrolladora Kopel Sánchez, Sebastián Sánchez, también puso el foco en la demora en la aprobación de proyectos.

En esta ocasión, el empresario considera que el principal cuello de botella actual está en los procesos administrativos que deben atravesar los desarrollos antes de comenzar a construirse.

“Lo que está pasando en algunos casos es que los trámites de permiso de construcción, ya sea municipales o gubernamentales, también se enlentecieron un poco”, señaló.

Para Sánchez, el problema involucra a distintos organismos públicos. Si bien reconoce esfuerzos por agilizar los procedimientos, entiende que los resultados todavía no se perciben.

Leonardo Maine/Archivo El Pais

“Las intendencias están trabajando, Catastro también está trabajando, la ANV está trabajando, pero no se logran agilizar los trámites”, señaló.

A esa situación se suma la falta de inicio de nuevas obras de infraestructura pública, un elemento que considera determinante para el comportamiento futuro de la industria. “Si la obra pública no empieza en el corto plazo, se prevé un desacelere”, advirtió.

En relación con la negociación salarial, Sánchez planteó que el debate debería enfocarse menos en las proyecciones inflacionarias y más en aspectos estructurales.

A su entender, discutir ajustes salariales en función de estimaciones futuras de inflación genera tensiones innecesarias porque se trata de una variable imposible de anticipar con precisión.

“Ni los trabajadores, ni los empresarios de construcción, ni los economistas del país, ni el gobierno tienen exacto el número de cuánto va a ser la inflación futura”, afirmó.

Otro de los temas que observa con interés es la eventual reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales. Aunque no rechazó la iniciativa, planteó que la discusión debería apoyarse en mediciones objetivas de productividad y en nuevas herramientas tecnológicas.

“Capaz que el resultado final es decir 'puede haber una reducción de la jornada laboral a 40 horas sin pérdida salarial porque entendemos y medimos que la productividad sigue siendo la misma'”, sostuvo.

Para ello, señaló que la industria debería incorporar tecnologías de monitoreo y análisis que permitan evaluar con precisión los rendimientos reales de las obras.

El empresario también se refirió al planteo de reducir la edad de retiro de los trabajadores de la construcción de 60 a 55 años. Si bien reconoció el carácter exigente de la actividad, consideró que el análisis debe trascender el ámbito sectorial. “Es una discusión más bien a nivel país”, sostuvo.

Estefania Leal/Archivo El Pais

Según explicó, cualquier modificación de ese tipo tiene implicancias sobre el sistema previsional en su conjunto y requiere evaluar cuidadosamente la sostenibilidad financiera.

En términos generales, describió la situación actual como un momento de cautela. “No es una luz roja, pero la luz verde no sigue prendida; está tintineando”, resumió.

Desde la desarrolladora Tanco, su director, Marcelo Guillermo, también reconoció que los conflictos laborales y las señales de incertidumbre pueden afectar la percepción de quienes evalúan invertir en Uruguay. “Todo lo que haga ruido y que la negociación (colectiva) se prolongue, hace daño a todos”, sostuvo.

A su juicio, los inversores extranjeros suelen prestar especial atención a la estabilidad y previsibilidad del sector, por lo que cualquier conflicto prolongado puede generar dudas. A su vez, señaló que “no está tan fluido el sistema de construcción en Uruguay como estaba hace cierto tiempo”.

Respecto a la discusión sobre la reducción de la jornada laboral, entiende que una disminución de horas trabajadas necesariamente tendría consecuencias sobre los costos de construcción. “Si se trabajan menos horas, las obras se van a terminar encareciendo”, afirmó.

Foto: Estefanía Leal

El empresario explicó que gran parte de los costos asociados a una obra son fijos y continúan corriendo aunque el ritmo de ejecución se reduzca.

“Una obra que podés hacer en un par de años, si se trabaja un porcentaje menos, ese porcentaje va a redundar en más costos fijos para el edificio”, sostuvo.

De cara a la segunda mitad del año, dijo ser “optimista” y que las condiciones siguen siendo favorables para el desarrollo inmobiliario, especialmente si se mantienen los instrumentos de promoción existentes.

También valoró positivamente la continuidad de las políticas de vivienda y las modificaciones impulsadas por el Ministerio de Vivienda en el programa Entre Todos.

En este caso, destacó la importancia de generar herramientas que permitan ampliar el acceso al crédito para hogares con dificultades de financiamiento. “Me parece súper positivo”, afirmó.