Cómo se destrabaron los cortes de ruta de los autoconvocados, reclamos más allá del "Gran Hermano" del sector y la historia del lío

El sector de transporte de carga se tensó durante las últimas semanas y el debate comenzó a escalar por fuera del reclamo de la Guía Electrónica de Carga –conocida como el “Gran Hermano” del sector–. La intervención del presidente de la República, Yamandú Orsi, en el conflicto hizo que se calmaran las aguas tras una reunión con representantes de un grupo de transportistas autoconvocados –en su mayoría propietarios de uno o dos camiones– a quienes en las últimas horas se sumaron productores agropecuarios y que hicieron cortes de ruta. Orsi recibió un documento con 11 propuestas para mejorar la competitividad en el transporte y el agro, y los manifestantes se comprometieron a levantar las medidas.

La semana pasada y esta se registraron importantes cortes en varias rutas del país por parte de los autoconvocados. La convocatoria surgió bajo la consigna “No a la guía” pero alcanzó reclamos salariales, críticas al precio del gasoil y cuestionamientos de la escena política. De hecho, uno de los voceros del grupo, Tulio Rodríguez, tiene en sus redes sociales una serie de posteos agresivos hacia el actual gobierno.

Por este motivo, el pasado jueves, cinco autoconvocados elevaron una petición ciudadana al Parlamento –a la que accedió El País– donde solicitaron suspender “con carácter cautelar” el incremento del precio del gasoil, postergar la implementación de la Guía de Carga y establecer un ámbito tripartito con el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el Sindicato Único del Transporte y Ramas Afines (Sutcra) y el Pit-Cnt denunciaron agresiones a trabajadores durante las movilizaciones de los autoconvocados. “El Pit-Cnt exhorta a las autoridades a tomar cartas en el asunto en relación con los reclamos de los trabajadores organizados”, señaló la central sindical en un comunicado y agregó que, “no descarta la adopción de ninguna medida de lucha en caso de continuar produciéndose hechos de violencia contra los trabajadores”.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, se reunió con Orsi ayer y dijo en rueda de prensa que la incorporación de la nueva tecnología llevará tiempo. “No hay una obligación, por lo tanto si no la quieren hacer no tiene ningún inconveniente”, sostuvo y agregó: “No es obligatoria, está en diseño, no tiene multa”.

Uno de los voceros de los autoconvocados, Federico Holzmann, señaló a El País que ayer “se tendieron puentes” con un grupo de representantes para lograr un solo canal de comunicación entre el gobierno y el grupo de autoconvocados. “Estas (movilizaciones) van a ser cada vez más comunes por la forma en la que se está moviendo la economía”, dijo.

Los principales puntos del país con mayor presencia de manifestantes desde el lunes pasado fueron el puerto de Montevideo, el puerto de Nueva Palmira y las rutas 1; 3; 5 y 8.

Según señalaron fuentes de los transportistas a El País, Orsi solicitó una puesta al día sobre la situación del sector y sus principales desafíos. También analizó junto a los representantes del colectivo los 11 puntos que integran el documento presentado bajo el título “Propuesta de 11 puntos para la competitividad del transporte de carga y el agro uruguayo”.

La propuesta entregada al Poder Ejecutivo incluye una serie de medidas consideradas “urgentes” por el sector: la libre flotación del tipo de cambio (que ya existe), la creación de un régimen de crédito fiscal para el consumo productivo de gasoil, una ampliación de los mecanismos de deducción del IVA en combustibles y cambios en los subsidios vinculados al transporte.

Foto: Darwin Borrelli.

El documento también plantea una reducción de impuestos sobre combustibles utilizados por productores agropecuarios, una reestructuración del sistema de patentes y del Sucive, la eliminación del “Gran Hermano” del sector y modificaciones en los criterios de fiscalización vial, con un enfoque en la seguridad en lugar que la recaudación.

Los autoconvocados expresaron en el documento que están dispuestos a levantar las “medidas de enlentecimiento” y los cortes en rutas nacionales una vez iniciado el proceso de diálogo y solicitaron reciprocidad por parte del gobierno con una “reducción transitoria en el precio del combustible mientras se estudian las propuestas”.

La búsqueda por parte de los gobiernos para generar un marco legal y mantener cierta trazabilidad dentro del sector no es nueva. La Guía de Carga en Uruguay fue introducida en la ley de Presupuesto de 2001 con el objetivo de formalizar el trabajo en el sector y su control se realizaba de forma manual en formato papel. La misma incluía algunos campos obligatorios: datos del dueño de la carga, el dador de flete, datos del chofer, de los vehículos y las rutas con los puntos de origen y destino.

Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) –liderado por Victor Rossi– impulsó el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac). El mismo preveía conocer el tipo de cargas transportadas, aspectos laborales vinculados al horario de trabajo y a los choferes, mediante GPS pero su implementación quedó sin efecto.

En su lugar, durante la administración de Luis Lacalle Pou (2020-2025) y la cartera a cargo de Luis Alberto Heber y José Luis Falero, fue concebido el Sistema de Gestión de Flotas (Sigeflot) como alternativa al mecanismo anterior y que tenía similares características (aunque menos requisitos informativos).

En 2024 el gobierno de Orsi volvió a volcar sus intentos por establecer un sistema en el transporte de carga y lo hizo a través de la Guía Electrónica de Carga. La misma tiene previsto conocer —mediante la instalación de GPS en los camiones— cómo es la circulación de los vehículos, las cargas que trasladan y qué rutas recorren a partir de la instalación de una app.

Foto: Darwin Borrelli.

Las polémicas no tardaron en resurgir ya que algunos actores del sector lo consideran el “Gran Hermano” del transporte de carga debido a la cantidad de información que solicita para su registro. Entre ellos, los autoconvocados manifestaron una rotunda negativa ante la guía, el sector trabajador mantiene una posición positiva, mientras que las gremiales consideran que el sistema debería tener algunas modificaciones para una implementación correcta.

La Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) –gremial que reúne cámaras empresariales que conforman el sector– realizó una asamblea el pasado 4 de junio en la que dejó a criterio de cada transportista adherirse a las medidas que planteaban los autoconvocados. Su postura es a favor de la implementación de la Guía, con la introducción de algunos cambios, según explicó a El País el presidente de la ITPC, Ignacio Asumendi.

“Estamos preocupados por la inseguridad jurídica que se genera, porque el sindicato quiere que esto sea la piedra angular del control horario”, dijo Asumendi en la comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Senadores el pasado miércoles. “El transporte tiene muchas cosas para solucionar. Si la guía es una apertura a un diálogo importante y a reuniones que van a generar soluciones en ese sentido, quizás lo veamos de manera positiva y no negativa, pero tiene que haber soluciones”, agregó.

“Este tema que genera la guía en todas sus implicancias –costos administrativos o problemas salariales–, no es un problema de empresa grande o empresa chica”, dijo Asumendi.

El presidente de la gremial también se refirió al costo de los combustibles en Uruguay y su importante carga impositiva. “La sociedad ha validado que dentro del combustible haya un subsidio a la movilidad y al supergás. Sí decimos que esos recursos deberían salir de otro lado y no distorsionando el precio del gasoil que es el principal insumo para la producción”, dijo ante el Parlamento.

Foto: Darwin Borrelli.

En ese sentido, Asumendi acompañó la propuesta de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) para bajar el costo del gasoil. “El problema más grande que tienen es que no pueden exportar los costos. Es decir, los mercados a los que venden no le pagan esos costos y, en consecuencia, sufrimos todos los que integramos la cadena”, justificó.

Si bien la discusión comenzó a desatarse a partir de la negativa por parte de los autoconvocados a la Guía de Carga, el grupo vio una oportunidad para introducir otros reclamos.

La petitoria firmada por los autoconvocados –dos transportistas y tres productores rurales– considera que la modificación en el precio de los combustibles durante el primer semestre fue “desproporcionada”. “El análisis comparativo entre la evolución del precio internacional del petróleo crudo Brent y los ajustes aplicados por Ancap en el primer semestre de 2026 evidencia una asimetría estructural que perjudica a la ciudadanía”, indica la petitoria presentada al Parlamento y responsabiliza a Ancap porque los precios de la nafta y el gasoil se modificaron “en dirección contraria a la del mercado internacional” cuando el precio del petróleo Brent había caído en mayo de este año.

Holzmann señaló que los transportistas “desconocen la intención de los productores” aunque reconoció que los reclamos vinculados al precio del gasoil “son transversales” a todos los sectores de actividad.

Las manifestaciones de los autoconvocados fueron cuestionadas por varios actores de la escena política. “Me llamó un poco la atención, tengo que decirlo también. Cuando uno ve las gráficas, nosotros no llegamos a los niveles que aumentó el gasoil en el 2022 con la guerra Rusia-Ucrania. No llegamos todavía y, sin embargo, no había este tipo de planteamiento en aquel momento”, afirmó la ministra de Industria, Energia y Mineria, Fernanda Cardona .

Holzmann salió al cruce y recordó en diálogo con El País que en 2022 las principales movilizaciones fueron en rutas hacia el este y en los departamentos de Durazno y Río Negro. Los reclamos fueron similares a los actuales: la implementación del Sigeflot y el aumento del precio del gasoil que sufrió varios ajustes en Uruguay desde enero de 2022.