Caja de Profesionales desafió al gobierno: "Si quieren que cierre, tienen que tener honestidad intelectual y decirlo"

En un encuentro con jubilados y pensionistas afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), sus autoridades y representantes cuestionaron al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al proceso de trabajo de la Comisión de Expertos, cuya utilidad también pusieron en duda.

“Si quieren (el gobierno) que la Caja de Profesionales cierre, tienen que tener la honestidad intelectual y el carácter suficiente para encarar la situación y decirlo”, afirmó Andrés Pérez, presidente de la institución, al cuestionar los planes del Ejecutivo. "Ninguna de las propuestas que se hicieron permite generar ingresos a la institución”, criticó.

La charla se realizó ayer y estuvo a cargo de Pérez, acompañado por el economista asesor Juan Manuel Rodríguez y el abogado César Pérez Novaro. El encuentro se extendió durante varias horas y estuvo marcado por la cantidad e intensidad de las preguntas de los presentes.

Pérez sostuvo que los problemas financieros de la Caja no se resolverán si los recursos provenientes del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) continúan siendo destinados al Banco de Previsión Social (BPS), si no se habilita el ingreso de nuevas profesiones a la institución, si se rechaza el uso de timbres y si no se exige que los profesionales que trabajan en relación de dependencia aporten a la Caja.

El presidente de la Caja también cuestionó a representantes del Poder Ejecutivo y del BPS por considerar que no defienden la autonomía de la institución.

Los expositores advirtieron que, si no se habilitan nuevas fuentes de ingresos para la Caja, la institución quedará "condenada" a enfrentar una situación similar a la de los últimos años. “En 2029 vamos a estar como en el 2023 y el 2025, porque seguimos haciendo lo mismo”, remarcó Pérez.

Según sus cálculos, la situación podrá sobrellevarse durante 2026 y 2027, pero en 2028 comenzará a verse "el fruto de la sangría de la transición”. Para 2029, advirtió, la falta de medidas tendrá como consecuencia una nueva pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones "en detrimento de los aportantes".

El presidente de la Caja anunció además que la institución presentará un recurso para reclamar que el IASS que pagan sus jubilados y pensionistas permanezca en la Caja y no sea destinado al BPS, como ocurre actualmente. La institución viene reclamando este cambio, pero ante la falta de respuesta considera que corresponde recurrir por lo que entiende que constituye una “irregularidad jurídica”.

Como antecedente, Pérez mencionó un informe elaborado en 2024 a pedido de la propia Caja, por el catedrático Martín Risso, que cuestionó que los ingresos provenientes del IASS que pagan los jubilados y pensionistas de la institución sean destinados al BPS, en lugar de permanecer en la Caja.

El documento será uno de los elementos que la institución utilizará para fundamentar el recurso, cuya presentación deberá ser analizada por el directorio en su próxima reunión.

“El Poder Ejecutivo maneja los mismos números que la Caja, pero parece que llega a otra situación. Tengo mis sospechas que es porque posiblemente el volumen de dinero de la Caja es tentador como para moverlo al BPS y disponerlo”, sostuvo Pérez. El presidente de la institución también cuestionó la interpretación que el MEF hace de las cuentas de la Caja y sostuvo que el subsecretario, Martín Vallcorba deberá rectificar su afirmación de que el organismo tendrá superávit este año. Según los cálculos de Pérez, los egresos serán superiores a los ingresos.

Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

La Caja ya recurrió el decreto que dejó sin efecto el cobro de un nuevo timbre en la salud privada, al considerar que se trata de una exoneración encubierta por vía reglamentaria que viola el principio de legalidad. Los ponentes coincidieron en que, en ese caso, “la política estuvo por encima de lo jurídico”. Ahora, el Ejecutivo tiene 150 días como plazo para responder, más 90 días de prórroga. Si no hay respuesta, la Cjppu adelantó que recurrirá a la Justicia.

La discusión se produjo luego de las presentaciones sobre el “Presente y futuro de la Caja Profesional”, en las que Pérez resumió las propuestas que la institución presentó al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, para enfrentar su crisis financiera. Según indicó, esas propuestas aún no obtuvieron respuesta.

Pérez también cuestionó la falta de propuestas concretas por parte del Ejecutivo. Durante la exposición mostró una lámina sin texto, en la que solo aparecían puntos suspensivos, y señaló: "Estas son las propuestas del Poder Ejecutivo".

Asimismo, sostuvo que las “orientaciones compartidas” alcanzadas en la Comisión de Expertos "son insuficientes" y afirmó que tampoco se están cumpliendo. A partir de ese diagnóstico, planteó que las autoridades podrían tener como objetivo el cierre de la Caja y el traslado de sus funciones al BPS.

Por su parte, el economista Rodríguez repasó las cuentas de la institución y señaló que la crisis financiera comenzó en 2004, aunque recordó que la Caja acumuló alrededor de 70 años de superávit. En ese sentido, planteó la necesidad de analizar también ese período y no concentrarse únicamente en las etapas de crisis.

Rodríguez cuestionó además la reforma de la Cjppu, aprobada en 2025 conocida como la “ley exprés”, y sostuvo que la mayoría de los profesionales no estaba de acuerdo con ella. A su juicio, actualmente se transita por un camino parecido.

Entre los factores que, según Rodríguez, contribuyeron a la crisis, mencionó que el IASS no permanezca en la Caja y el mecanismo de actualización de los timbres profesionales, que anteriormente se realizaba según el Índice Medio de Salarios (IMS) y no de acuerdo con el Índice de Precios del Consumo (IPC). De acuerdo a los datos que maneja, Rodríguez calculó que si se hubiera aplicado los nuevos timbres, el déficit de la Cjppu desaparecería en un par de años.

Otra propuesta de la Caja es que los aportes se calculen sobre los ingresos reales de los profesionales y no sobre montos fijos (fictos). Rodríguez señaló que esta alternativa nunca pudo calcularse ni implementarse adecuadamente por falta de información sobre los ingresos efectivos de los afiliados. Según afirmó, ni el BPS ni la Dirección General Impositiva (DGI) proporcionan esos datos que, a su entender, debería obtener el Poder Ejecutivo.

Rodríguez también cuestionó la eventual renovación de la Comisión de Expertos. "Sería alargar más de lo mismo”, opinó.

A su turno, el abogado César Pérez Novaro se centró en los aspectos jurídicos de la situación de la Caja, con énfasis en los cuestionamientos a la constitucionalidad del tratamiento del IASS, entre otros asuntos.

Pérez señaló que los afiliados todavía pueden congelar o bajar de categoría de aportación, pero cuestionó el efecto que, a su entender, tienen los mensajes del Poder Ejecutivo sobre quienes están en condición de jubilarse. "El terrorismo verbal que hace el Ejecutivo estimula a que quien tiene los años para jubilarse, que lo haga”, dijo el presidente.

Rodríguez señaló además que los directivos de la Caja pueden tener responsabilidad patrimonial personal por determinadas decisiones adoptadas durante su gestión y sostuvo que la institución tiene facultades para iniciar acciones contra ellos y eventualmente solicitar el embargo de sus bienes.

Por su parte, Pérez afirmó que actualmente la institución está recibiendo 2,5 veces la tasa de contribución pecuniaria, pero que todavía no recibió la partida de hasta $ 665 millones prevista desde Rentas Generales. Consultado sobre el alcance de ese monto, cuestionó que la expresión de "hasta $ 665 millones" no establezca con claridad cuánto debe recibir efectivamente la Caja. "El monto que pueden aportar podría ser de $1 y el 31 de diciembre estar cumpliendo la ley. Posiblemente eso viola el espíritu de la ley, pero como el espíritu es intangible, no se siente violado”, ironizó Pérez.

Según el MEF, la Caja tendrá este año un resultado operativo con un “leve superávit”, mientras que en 2027 volvería a registrar un déficit que sería compensado por las ganancias financieras y otros resultados de la institución.